La defensora regional, Loreto Flores, confirmó que su entidad recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto de la condena dictada en contra de Moisés Ledezma.

Este sujeto enfrenta una condena de cadena perpetua calificada, luego que el Tribunal Oral en lo Penal lo encontró culpable de la violación y posterior asesinato de Valentina Arriaza Contreras de sólo 8 años.

Según la defensora Flores, la intención es que el tribunal revise las agravantes esgrimidas en el juicio y que llevaron al tribunal a imponer la pena máxima al imputado.

De esta forma, lo que se pretende con esta acción judicial, es buscar disminuir la cuantía de la pena dictada contra Ledezma, que recién en 40 años más podría pedir algún tipo de beneficio carcelario, lo que corresponde a la pena máxima de nuestro ordenamiento jurídico.

Entre las agravantes consideradas en la condena están el actuar sobre seguro, considerando la diferencia de edad contra su víctima, además de no contar con irreprochable conducta anterior. Esto porque Ledezma había cumplido antes una condena de cinco años y un día de cárcel, por otro delito de violación la que cumplió solo 8 meses antes del crimen.

El abogado Cristián Plaza es quien representa la defensa del condenado y quien elevó esta revisión del caso, para que fuera anulado el sábado recién pasado, cumpliendo así con los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que otorga 10 días corridos para el trámite, desde la condena.

Los datos acreditados por la parte querellante ante el tribunal incluyen que el hombre ingresó a la víctima a su casa en Tocopilla, para luego ultrajarla y posteriormente quitarle la vida usando un cordón para ahorcarla, mientras le había puesto un calzoncillo en su boca para acallar sus gritos.

Luego Ledezma escondió el cadáver debajo de su cama y escapó de su casa para ocultarse en el cementerio del vecino puerto, donde posteriormente fue detenido por Carabineros, que lo encontró junto a la tumba de su abuela.

Se espera que ahora sea el tribunal el que informe si mantendrá la condena ya dictada o bien se abre un nuevo juicio para revisar la sentencia.

El propio Ledezma logró antes retrasar el proceso en su contra, luego que en el tribunal alegó que no estaba recibiendo una defensa adecuada, lo que terminó con la expulsión de su defensor.

La comunidad educativa de la Escuela D-85 "Rómulo Peña" está conmocionada luego de conocerse los antecedentes de un caso de abuso sexual que tiene como víctimas a dos de sus estudiantes de sexto básico.

Más aún cuando se sabe que el agresor sería un alumno del mismo curso.

Los hechos habrían comenzado a registrarse el martes 15 de abril, en horario de almuerzo. Una apoderada se acercó a la dirección del establecimiento para dar a conocer que había sido testigo de actos de connotación sexual dentro del colegio.

De igual forma, otra persona habría visto a los mismos niños en una situación similar en una cancha ubicada en las cercanías del colegio.

Ambas denuncias, recibidas casi de manera simultánea, llevaron a las autoridades de la escuela a adoptar los procedimientos respectivos y a interponer una denuncia ante los tribunales, luego de autorizarlo la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

El agresor sería un adolescente de 15 años, que cursa sexto básico y que llegó a la escuela el año pasado, por una orden judicial, y que está sometido a tratamiento siquiátrico.

Antes el mismo menor había enfrentado cargos similares y pertenece a una familia altamente vulnerable, cuestión que no había sido informada oficialmente a las autoridades del establecimiento.

El director de la escuela, Carlos Guerra, contó que una vez recibidas las denuncias en su oficina, de inmediato se reunió con los niños involucrados y tanto el agresor como sus víctimas rechazaron de plano los hechos.

Posteriormente conversó con los apoderados y una de las madres de los niños agredidos, llevó a su hijo a constatar lesiones, donde se comprobó que tenía un desgarro anal, atribuible a un abuso sexual.

Los dos niños, supuestas víctimas de este abusador tienen 11 años y habrían sido engañados por el niño mayor, quien habría usado un juego electrónico para atraer su atención. Dicho juego también sería de connotación sexual.

Una vez que la madre de una de las víctimas tuvo en sus manos la constatación médica del abuso, concurrió el viernes a la PDI, para estampar la denuncia y fue ante efectivos de la Brisexme que los niños confesaron lo ocurrido.

"Esta situación nos tiene muy preocupados, porque además parte de los otros apoderados han tomado una actitud violenta en contra del colegio", dijo Guerra.

La asistente Social del establecimiento, Ana María Mancilla, comentó que se han iniciado una serie de medidas para poder explicar a los apoderados lo ocurrido.

Ayer se efectuó una reunión con los apoderados del curso de los niños afectados, que duró dos horas y media, para intentar explicar cuáles han sido los pasos en este impactante caso.

Actualmente, la escuela ubicada en el sector centro alto de la ciudad, tiene una matrícula de 630 estudiantes y de ellos el 72% están en situación vulnerable.

El comisario Rodrigo Villarroel, de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI, dijo que el caso es investigado actualmente por orden del Ministerio Público y manifestó que el supuesto agresor podría llegar a ser juzgado por la Ley de Responsabilidad Adolescente.

Villarroel manifestó que originalmente la investigación se está llevando a cabo por el delito de abuso sexual, sin perjuicio de que la causa pueda llegar cambiar por el delito de violación.

El supuesto agresor y los niños que figuran como víctimas podrán seguir asistiendo al colegio con normalidad.