Tras dos meses desde el comienzo de la investigación que inició el Ministerio Público por las presuntas adopciones irregulares ocurridas en la década de los 70 y 80 que involucrarían al sacerdote Gerardo Joannon, la Fiscalía Centro Norte se declaró ayer incompetente para continuar con las indagatorias.

Lo anterior se debe a que los hechos habrían sucedido antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal y por tanto, corresponde que la investigación sea llevada a cabo por la justicia antigua.

De esta manera, la competencia para conocer los antecedentes por la entrega de recién nacidos dados por muertos será asumida por el ministro en visita Mario Carroza, quien encargó las primeras diligencias por la desaparición de menores desde el Hospital Barros Luco, en Santiago, en 1984 y 1987.

Ayer, en tanto, Carroza y el fiscal regional Andrés Montes se reunieron para discutir la entrega de los antecedentes recopilados por la fiscal Erika Vargas durante el periodo de investigación que llevó adelante en conjunto con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Según detalló Montes, entre la información entregada a Carroza figuran los datos de 12 presuntas víctimas de hechos ocurridos antes del año 2000.

Asimismo, destacó el trabajó realizado por Vargas que finalmente logró establecer que los hechos podrían ser constitutivos de delito, cuyo principio de ejecución es anterior a la entrada en vigencia de la llamada reforma procesal penal, esto es, previo al 16 de octubre de 2000, fecha de competencia temporal del Ministerio Público.

Montes planteó que 'existe vinculación entre todos los casos y en todos ellos hay situaciones en las cuales se ha determinado que podría haber delitos vinculados a la usurpación de estado civil, suposición de parto, falsificación'.

El Gobierno se manifestó ayer a favor de la despenalización del aborto ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, pese a la insistencia de la Alianza para que la Presidenta Michelle Bachelet modificara su postura.

El Ejecutivo reafirmó su posición frente a este tema durante su intervención en el CDH, donde debió responder a las 185 recomendaciones recibidas de 84 país como parte del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), un mecanismo de Naciones Unidas con el que vigila regularmente el cumplimiento de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de DD.HH. De esas 185 recomendaciones, Chile acogió 180.

Sobre el aborto, el documento, leído por la embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, Marta Maurás, apoyó la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo por tres causas: peligro de la vida de la mujer, inviabilidad del feto y el embarazo por violación, tal como lo ha planteado el Gobierno desde el inicio de la discusión tras el mensaje presidencial del 21 de mayo.

Con esto, el Gobierno rechazó una recomendación del Vaticano de respetar los derechos de la persona 'desde el momento de la concepción hasta la muerte natural'. 'El ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona humana se inicia al nacer, esto es al separarse completamente de la madre', recalcó el Gobierno.

La embajadora de Chile matizó ante el CDH que el actual programa de Gobierno no considera dentro de la despenalización 'la interrupción voluntaria por todo evento'.

También rechazó otro observación de la Santa Sede que apuntaba a preservar la 'identidad de la familia', reconociendo que su fundamento es la unión de un hombre y una mujer.

Respecto de ese punto, Chile explicó que el Ejecutivo contempla la elaboración de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos 'acorde a las realidades y opciones de las personas'. Maurás también apuntó la 'voluntad' del Gobierno 'de defender y avanzar en la derechos sexuales y reproductivos de todas las personas'.

Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma reaccionó cuestionando las recomendaciones de la ONU sobre el aborto. 'Soy un convencido de que hay que defender la vida siempre en toda circunstancia y en todo lugar; y no porque la ONU pretenda abrir la posibilidad para el aborto, Chile tendría que hacer lo mismo', afirmó.

ley antiterrorista

El Ejecutivo confirmó, además, su compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista a los indígenas por 'actos de demanda social'. Maurás aseveró que se trata de 'un tema central dentro de las políticas del Estado' y adelantó que las autoridades creen que 'una nueva relación' con esa minoría debe estar basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los colectivos. 'Estamos por ello trabajando en una propuesta real de participación y superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación', precisó la diplomática.

Otro tema que presentó como fundamental para el segundo mandato de la Presidenta Bachelet fue el de la reforma educativa -desde la etapa preescolar hasta la superior- para garantizar 'la igualdad, la inclusión social y el desarrollo'.

'Estamos empeñados en cambiar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo y caminar hacia una sociedad más justa, democrática y participativa', explicó Maurás.

En la sesión del CDH también expuso el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, en representación de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA). En la instancia, el dirigente denunció las 'graves deudas del Estado de Chile con lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales'. Y si bien valoró que Chile asumiera los desafíos planteados por otras naciones, puntualizó que también 'es necesario que se implementen medidas que efectivamente enfrenten la discriminación'.