A raíz de una investigación que desarrolló el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y la Clínica para Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, se ubicaron físicamente a 161 de los 3.500 niños hijos de extranjeros que viven en condición de apátridas en nuestro país. Esto gracias a un operativo que desarrollaron estas instituciones en valles de Tarapacá y Arica.

Los casos fueron llevados a la Corte Suprema, la cual resolvió que deben ser prontamente inscritos como chilenos.

Además la Corte citó a una conciliación entre las partes, a la que asistieron el SJM, los centros de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el Registro Civil y el Departamento de Extranjería. En ésta se determinó que el Registro Civil deberá corregir las actas de nacimiento tanto de los 161 niños encontrados en el norte, como de los más de 3.300 restantes.

Por lo anterior, los menores que aún permanecen anónimos, deben ser ubicados por el mismo Registro Civil. Además, el Estado deberá realizar un acto de reparación para estos niños nacidos en Chile entre 1996 y 2014, el cual aún está por definirse.

Esta resolución tendrá impacto a nivel regional, ya que desde el año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando que hijos de migrantes nacidos en Antofagasta han sido inscritos como "hijos de extranjeros transeúntes", quedando en la práctica como apátridas, a lo que se suma que esta semana se detectó un nuevo caso en Calama, en el cual se hizo parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Inscripción

El último caso es de un menor nacido en el hospital de Calama a quien se le habría negado la inscripción. Su madre -de origen boliviano- se encuentra de manera irregular en el país, lo que habría sido tomado erróneamente como argumento por el funcionario de turno para negarle la nacionalidad.

Fernanda Torres, jefa regional del INDH, explicó que se presentó un recurso de protección a favor del menor en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La corte declaró admisible el recurso y puso en antecedentes al Tribunal de Familia de Calama.

Torres explicó que es muy probable que hagan gestiones para detectar otros casos ocultos en la región con esta problemática. "Estamos evaluando la posibilidad de seguir detectando casos de niños apátridas porque sabemos que en Antofagasta esta situación existe, pero aún falta para eso, porque recién estamos instalados como INDH en la región", comentó.

Hace un año las ONGs Servicio Jesuita al Migrante y Migr-Acción denunciaron en un reportaje de este mismo medio, los casos de tres familias a cuyos hijos les negaron la inscripción como chilenos, a pesar de haber nacido en Antofagasta. En dos de ellos la negación de nacionalidad se había originado por la irregularidad de los padres. Pero según convenios internacionales a los que ha suscrito Chile, la situación de los padres no puede afectar los derechos de los niños.

Aunque esos casos llegaron hasta tribunales y los menores pudieron ser inscritos como chilenos, las organizaciones de apoyo a migrantes estiman que en la mayoría de los casos las familias no denuncian la situación, por miedo a ser expulsados o simple desconocimiento de sus derechos.

Reparación

Miguel Yaksic SJ, director nacional del SJM explicó que "nosotros queríamos que además de entregarles la nacionalidad a estos niños, el Estado repare la deuda histórica generada. El presidente de la Corte Suprema (Sergio Muñoz) llamó a una conciliación y el Registro Civil se comprometió a rectificar los casos entre 1996 y 2014, que suman más de 3 mil. Desde 1996 hay una circular que impide que estos niños sean inscritos como hijos de extranjeros transeúntes, ya que se vulnera la constitución y los derechos del niño".

Cambio de criterio

Aunque siguen ocurriendo episodios en que por la situación de irregularidad de los padres, se deja como apátridas a los hijos, como el último en Calama, Yaksic reconoce que el 2014 hubo un cambio de criterio. "Es responsabilidad del funcionario", agregó.

Yaksic agrega que ahora será misión del Registro Civil encontrar a los niños que aún continúan como apátridas, porque es muy difícil que los padres se acerquen a denunciar. "En muchos casos son personas que viven en el campo, que no son conscientes de todos sus derechos, por eso es deber del Estado salir a buscarlos... nosotros estaremos atentos a que eso se cumpla", manifestó.