Como ha sido la tónica desde que se planteó la reforma del sector, la discusión durante los últimos días en el Congreso de los proyectos de ley sobre Educación Superior y de Universidades Estatales, reafirma el sesgo con que el Ejecutivo sigue concibiendo el futuro de las instituciones de Educación Superior, incluso hoy, ya muy cerca del cambio de administración.
En acelerado trámite, ambos cuerpos legales abordan temas necesarios, como el fortalecimiento de las instituciones pertenecientes al Estado. Sin embargo, el foco no es el correcto, ya que se mantiene el sesgo en el aspecto económico, anunciándose 300 mil millones de pesos para ese grupo; así como no se establece claramente el rol del CRUCh en la política pública en educación.
La inyección de recursos antes citada no es mala en sí misma, muy por el contrario, es absolutamente necesaria. Lo negativo es que esta medida deja de lado a las Universidades Públicas No Estatales G9 del CRUCh -de un total de nueve, ocho de ellas son de regiones-, las que enfrentan las mismas dificultades que las estatales.
No se consideran instituciones de gran prestigio y calidad, con una rica historia e identificación con sus comunidades. Es el caso de la UCN, la primera universidad del norte propiamente tal y que cuenta con 62 años al servicio de la zona, entregando a la sociedad más de 42 mil titulados y que en la actualidad está acreditada por 6 años en todas las áreas, formando parte del grupo de avanzada de instituciones de Educación Superior del país con 6 o 7 años de acreditación.
Pedimos un trato equivalente en la discusión parlamentaria, que no sea discriminatorio por tener una identidad diferente. Sin un trato similar, la UCN se ve limitada para acompañar con la infraestructura necesaria sus destacados avances en postgrado e investigación, sobre todo en ciencia y tecnología.
Asimismo, tal como está planteada la gratuidad, si bien favorece en primer término a los estudiantes, a lo más permite financiar parte de la operación de las universidades, dejando en la incertidumbre el acompañamiento de las instituciones para que ese joven no pierda el beneficio y reciba una docencia de calidad.
El discurso es que los proyectos son para apoyar a los estudiantes, pero se da el contrasentido que podrían perjudicar a aquellos que optaron por universidades públicas no estatales como la UCN, a pesar de su reconocida calidad y prestigio. Y se trata de jóvenes que rindieron la misma PSU, con las mismas reglas que los que decidieron ingresar a una institución del Estado. ¿Es justo esto?
Si a ello sumamos el olvido de los planteles de regiones, tenemos una reforma que no solo es discriminatoria, sino también peligrosa para el desarrollo equilibrado que requiere Chile, un país donde el centralismo es el origen de muchos de los males que aquejan a buena parte de la población.
Pese al actual panorama, aún hay tiempo para corregir algunos de los aspectos planteados mediante indicaciones en la discusión parlamentaria.
Liderar el nuevo ciclo
En lo económico social, los últimos años han sido especialmente duros para la Región de Antofagasta. En efecto, los necesarios ajustes derivados de la baja del precio del cobre afectaron a las empresas mineras y toda la cadena productiva. Se contrajo la minería y ello impactó negativamente el comercio, la construcción, la hotelería y los servicios. Cayó la inversión, el crecimiento, el empleo, el producto regional, en suma, la calidad de vida en todas nuestras comunas se vio afectada.
Afortunadamente, la parte baja del ciclo ha dado paso a un período de recuperación del precio del cobre y a todos los impactos positivos que se generan en la familia de encadenamientos en torno a esta estratégica industria nacional y regional. El programa del Presidente electo; priorizando a la inversión como columna vertebral para el crecimiento, el empleo y la calidad de vida; adiciona un clima de mayor optimismo para recuperar el dinamismo económico.
En este escenario, nuestra región de Antofagasta, la región que sufrió más duramente la crisis, está llamada y tiene la responsabilidad de asumir un rol de liderazgo en la recuperación económica. Para lograr este objetivo, todos los actores regionales debemos coordinarnos para atraer y concretar inversiones de manera fluida y así, capitalizar mayor empleo, mejores ingresos y calidad de vida. Todos debemos apoyar a las nuevas autoridades y parlamentarios regionales para trabajar en equipo y de manera eficiente.
Nuestra región, a pesar del bajón, lidera la cartera de proyectos de inversión en energía y minería. La energía solar y el litio, con base en nuestra región emergen como nuevos sectores traccionantes de nuestro desarrollo. Por ello, se valoran los acuerdos de Corfo con las empresas Albemarle y SQM que, junto con permitir el aumento de la producción, generan compromisos con la región desde donde se extraerán los recursos.
En lo específico, destacan el proyecto del Centro Tecnológico Industrial Solar y Minero para el Norte de Chile - con localización y gobernanza regional - y, aportes a comunidades atacameñas, FNDR, producción para agregación de valor, innovación y desarrollo tecnológico.
También, tenemos que aprovechar a Exponor 2019, con la República Popular China como país invitado, como una potente plataforma para atraer inversiones e identificar negocios y alianzas empresariales. Asimismo, debemos consensuar y hacer realidad el parque empresarial, logístico tecnológico como el espacio para recibir, instalar y desarrollar a empresas y nuevas inversiones.
Con un trabajo proactivo, debemos acelerar la concreción de estos proyectos para transformarlos en realidad. Nuestras nuevas autoridades deben dirigir y aprovechar la disposición y capacidad de nuestros principales líderes e instituciones para un trabajo regional transversal y exitoso.
Jorge Tabilo
Rector Universidad Católica del Norte
Fernando Cortez
Gerente general Asociación Industriales de Antofagasta
