Jonathan Mondaca Escobar

Más de 30 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región serán beneficiadas con el proyecto de modernización tributaria, según las estimaciones del gobierno.

Se trata de la iniciativa presentada el pasado martes y que entre otras cosas propone la integración del sistema, la aplicación de los llamados impuestos digitales y la implementación de boleta electrónica. Hacia el año 2023 y con el total de las modificaciones, el Ministerio de Hacienda espera recaudar US$428 millones, descontando el costo que tendrá el proceso.

Geraldo Jusakos, seremi de Economía, comentó que la "bajada" regional de la modernización del sistema tributario, ocurriría con las pymes que trabajan en el rubro minero, ya que "tendrán facilidades en la simplificación del sistema".

El gobierno estima que 30.793 pymes de la región se beneficiarán con el sistema, cifra que corresponde al total de empresas reportadas por este concepto en el Servicio de Impuestos Internos en 2017.

Menores tasas

El proyecto del gobierno busca menores tasas de impuestos para las pymes, las que se beneficiarían con un nuevo sistema integrado y con incentivos.

Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, destacó los aspectos positivos y negativos de la propuesta.

"La rebaja del impuesto corporativo para pymes de un 27% a un 25% representa de todos modos un beneficio para estas empresas, lo que se suma al sistema de integración", sostuvo el abogado.

El ejecutivo también destacó el paso al sistema integrado y la creación de la Defensoría del Contribuyente para quienes normalmente tienen una relación "demasiado asimétrica con el SII".

Sin embargo, Espinosa al mismo tiempo advirtió que la rebaja del impuesto corporativo a un 25% beneficiará sólo al 17% de las pymes, que "son las que están bajo el sistema semi-integrado, y que corresponden a las pymes de mayor tamaño".

El abogado manifestó que en los puntos negativos, la reintegración en gran medida favorecerá a las pymes de mayor tamaño. Agregó que el rango de las pymes es altísimo, va desde ventas por 2.400 UF a 100.000 anuales, y la realidad de aquellas que se encuentran en el rango inferior es muy distinta a aquellas que están en el rango superior.

"Creo que se deben incorporar al proyecto algunos beneficios adicionales a las pymes del rango inferior, pues ellas no se verán directamente beneficias por el cambio a un sistema integrado", dijo Espinosa.

Antonio Sánchez, director de la Cámara de Comercio de Antofagasta, valora que el gobierno acogiera una propuesta que llevaban tiempo realizando a las autoridades.

"Existe una competencia desleal con aquellos servicios que se prestan a través de medios electrónicos y que no pagan impuestos", precisó.

Sánchez se refiere al impuesto digital dirigido a empresas como Spotify (música) o Netflix (producciones audiovisuales). Pero aclaró que en el caso del comercio este es un tema más amplio que aquellas marcas, como los sitios web para importación de productos desde el extranjero y que actualmente no pagan impuestos en el país.

Evasión

Para el director de la cámara, las propuestas van en un sentido positivo, "con criterio proinversión para generar más empleos".

Uno de los temas que tocará al comercio es la boleta electrónica, algo que Sánchez espera a ver cómo se aplicará pero que "de momento, pareciera ser beneficioso y evitaría la evasión tributaria, algo que como gremio hemos denunciado".

"También hay desigualdad en las reglas del juego cuando tienes sectores que evaden el pago de impuestos, pero todo eso tendremos que analizarlo cuando conozcamos el proyecto en su totalidad", detalló.

Eduardo Elgueta, director ejecutivo de Astur, compañía de consultoría para pymes, explicó que la boleta electrónica es uno de los elementos que más destaca del proyecto de ley. Esto, porque permitirá aumentar la recaudación en materia de IVA.

"En la práctica significa que resultará obligatorio emitir este nuevo tipo de documentos, y por consiguiente se fiscalizará de mejor forma el IVA aplicable a a operaciones que se realizan habitualmente", señaló Elgueta.

Sin embargo, las ideas que plantea el Ministerio de Hacienda encontraron críticas en la oposición, que cuestionó que la reintegración del sistema tendrá costos que significarán menos ingresos para el fisco (serían unos US$300 millones).

Respecto a esto, el seremi de Economía aseguró que ocurrirá todo lo contrario. "Todo lo que implique rebaja de impuestos será compensado con el aumento de impuestos verdes, el impuesto digital y por supuesto, el crecimiento económico".

Por último, el senador Alejandro Guillier, quien encabeza la bancada regionalista, fustigó que la modernización tributaria que presentó el gobierno no incluye el concepto de rentas regionales.

"Le planteamos (al ministro de Hacienda) que se requiere legislar sobre impuestos específicos, como la tala de arboles, las ciudades puerto, la minería, que son impuestos con alto impacto en los territorios", aseguró Guillier.

Uno de los pilares de la propuesta de modernización tributaria es la integración del sistema. "La propuesta de integración total llevará claramente a una simplificación del sistema tributario. Era sabido que la actual coexistencia de dos sistemas, complicaba bastante las normas tributarias y generaba una serie de distorsiones e inequidades a nivel de inversionistas", dijo Eduardo Elgueta, director de la consultora Astur. Esta modificación se explica cuando una empresa paga el impuesto de primera categoría por el total anual de utilidades y quien tiene participación en el negocio recibe ingresos ya gravados. La propuesta considera que dicho impuesto sea considerado como un descuento a los impuestos que se pagan como de segunda categoría.

Una de las mayores novedades de la propuesta de gobierno. Se trata de un impuesto del 10% a servicios de carácter digital. En esta categoría se consideran compañías como Amazon, Netflix o Spotify. Esto se aplicaría al documento bancario (tarjeta) con el que se cancela el servicio o la suscripción. La idea que será replicada desde la experiencia de otros países, es uno de los mecanismos del gobierno para buscar un equilibrio con los costos que involucra la aplicación de la modernización. El ingreso extra permitirá hacer caja para aumentar el saldo total. Antes de ser anunciada de manera oficial, esta medida había sido cuestionada por la ciudadanía, siendo el aspecto más impopular de la propuesta.

"Se establece la obligatoriedad de la boleta electrónica, que es algo muy bueno para aquellas pymes de cierta envergadura y que son formales en su funcionamiento, pero hay algunas, las de menor tamaño y las microempresas que pudieran tener problemas para poder acceder a la tecnología necesaria para poder emitir boletas electrónicas". La explicación corresponde al abogado Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme. Este mecanismo, apoyado por la Cámara de Comercio, pretende que los niveles de evasión tributaria se vean reducidos y por consecuencia, aumentar los ingresos fiscales.

1.000 millones de dólares se reducirán los recursos que percibe el fisco con estos cambios. Sin embargo, el gobierno explicó que esto se compensará y en resumen, habrá ingresos netos por US$428 millones.

113.000 trabajadores serían beneficiados en la región, según las estimaciones del gobierno, con la modernización del sistema tributario. Esta cifra corresponde a quienes trabajan en pymes.

300 páginas tiene el documento que registra la propuesta que realizó esta semana el Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley ahora entrará a discusión.

Las 18 comunidades indígenas representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), han seguido con atención lo que está ocurriendo con las tramitaciones de solicitudes de extensión de extracción de agua desde cuencas andinas, efectuadas por las mineras Escondida y Zaldívar.

Al ser consultados por este Medio, el equipo técnico del Consejo sostuvo que "hemos dimensionado por mucho tiempo la fragilidad que existe en el ecosistema del Salar de Atacama, y los riesgos que implicar tener más mineras ahí. El CPA y las Comunidades se van a oponer siempre a los derechos de extracción de agua. Lo anterior ocurre porque no existen garantías de que los modelos hídricos y los planes de monitoreos nunca toquen los sistemas lacustres".

Una de las críticas frecuentes de la comunidades indígenas respecto a este tipo de proyectos es que hay muy poca claridad respecto al estado actual del salar. El equipo técnico del CPA argumentó que "en la actualidad los datos asociados a los sistemas de evaluación ambiental son presentados por las empresas mineras, por lo que no existe ninguna garantía de que la cuenca se está secando o de cómo se encuentra el estado de la cuenca".

Respecto a la relación actual de las comunidades con las mineras, Manuel Salvatierra, actual presidente del Consejo, dijo que "por parte del Consejo de Pueblos Atacameños existen diálogos con algunas mineras pero no existen compromisos que involucren autorizaciones ambientales de ninguna especie".

Rechazo

Salvatierra agregó que "en nuestra cosmovisión como pueblo licanantai las lagunas son vida, por eso hemos estado cerca de 12 mil años aquí y pensamos que la tierra y el agua son un complemento para la vida en este territorio".

Cabe recordar que ambos proyectos, tanto el de Escondida como el de Zaldívar (Antofagasta Minerals), fueron rechazados en los últimos días por el Consejo Regional. Y aunque el pronunciamiento de esta entidad no es vinculante para las otras reparticiones de Gobierno que participan del trámite ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se trata de un voto político importante.

Aunque las empresas sostienen que -en sus modelos hídricos- la extensión de extracción no dañaría las cuencas, un informe técnico de la Dirección General de Aguas de 2014 sostiene que el acuífero Monturaqui está sobreexplotado y se está extrayendo seis veces más de lo que sería sustentable.

Ese estudio sirvió de base para el rechazo de los cores a las solicitudes de Escondida y Zaldívar.

Zaldívar informó que el rechazo a la extensión significará empezar a pensar en el cierre de la operación, lo que dejaría a 2.400 personas sin trabajo.