Redacción
Quince páginas tiene el resumen ejecutivo del Informe Especial 580 de la Contraloría Regional de Antofagasta, instancia que revisó los traspasos de dineros desde la Municipalidad de Antofagasta a la ONG Renovar Chile.
La indagación fue solicitada al organismo por los concejales Luis Aguilera, Camilo Kong, Doris Navarro, Wilson Díaz, Ignacio Pozo y Jonathan Velásquez, quienes cuestionaron el financiamiento al programa "Ver Antofagasta con otros ojos" a cargo de Renovar Chile.
El mismo buscaba llevar lentes a personas de escasos recursos económicos.
El trabajo de la Contraloría fechado el 13 de noviembre, puntualizó que el Municipio tiene un plazo de 30 días hábiles para recuperar los 17 millones de pesos entregados a la ONG entre 2015 y 2016, lo cual debe ser acreditado, a riesgo de formular los reparos pertinentes ante el Juzgado de Cuentas.
Denuncia
La denuncia de los ediles se sustentaba en un posible conflicto de interés, considerando el involucramiento entre las partes: La ONG Renovar Chile (a cargo de Carla Navarro Monardez) y la empresa proveedora de los lentes ópticos, que tiene por propietarios al entonces administrador municipal (Rodolfo Gómez); el cónyuge de la alcaldesa Karen Rojo (Luis Canessa) y la misma señora Navarro Monardez ("Servicios Ópticos Integrales Canessa, Gómez y Navarro").
Pero Contraloría dio cuenta que la ONG, finalmente adquirió los lentes a la empresa "Servicios Ópticos Francisco Avendaño Vásquez E. I. R. L., Servicios ópticos Star Lens", cuyo socio individual es el cónyuge de Navarro Monardez.
El organismo citó que a pesar de ese parentesco, "el receptor de las subvenciones municipales es un ente privado, y que no se advierte que las autoridades y funcionarios municipales que intervienen en la aprobación y pago de las transferencias formen parte de esa ONG".
Lo más complejo es la rendición de las cuentas presentadas al Municipio por parte de la ONG. De acuerdo al informe final, esta "no acreditó la entrega de lentes ópticos a la totalidad de los beneficiarios contemplados en el proyecto".
"Se constató la ausencia de los comprobantes de ingreso de las transferencias que debía emitir la ONG, así como el listado de los beneficiarios, la recepción conforme de todos los productos entregados, entre otros, que permitieran comprobar la real entrega del beneficio".
Por esta razón se precisó que el ayuntamiento deberá requerir el reintegro de los recursos y "demostrar" que los mismos fueron reintegrados a sus arcas.
También se constató la "ausencia de supervisión y control" sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto presentado por la ONG, por lo que se llamó a definir mecanismos para fortalecer estos controles.
Caso al cde
El concejal Luis Aguilera citó que tras leer el informe seguirá revisando cada una de las transferencias municipales, "porque son recursos del Fisco de Chile y además llevaremos este informe al Consejo de Defensa del Estado para que sea esta institución la que nos represente en la restitución de los recursos".
El concejal Camilo Kong adelantó que el caso sería revisado hoy en una sesión especial de los ediles. Añadió que uno de los detalles más complejos tiene que ver con que no se acreditó la entrega de los beneficios.
"Hay ciertas carencias en la Municipalidad, que es la forma en que se fiscalizan, persiguen y controlan los recursos entregados a las organizaciones", sostuvo.
No hay conflicto de interés
Cristhian Flores, director de Asesoría Jurídica del Municipio destacó que el informe "descartó un conflicto de interés, que fue uno de los primeros argumentos de la denuncia". "La Contraloría es concluyente en indicar que aquí no hubo conflicto de interés... Hay un tema con una declaración de intereses y patrimonio y luego de recibido el informe por parte del Municipio, por la Contraloría, ésta alzó esa observación y la dio por subsanada", enfatizó el profesional. Flores dijo que este tipo de auditorías por la Contraloría son habituales, lo mismo que los procesos de revisión de cuentas. Agregó que el Municipio solicitará el reintegro de los recursos en los plazos estipulados por la Contraloría.