Tras el anuncio del ministro de Bienes Nacionales (BB.NN.), Felipe Ward, de regularizar las tomas ilegales en el borde costero de Atacama durante el 2019, desde la cartera en Antofagasta aseguraron que también está proyectada esta medida, aunque para 2021.

La realidad del litoral antofagastino no es muy distante a la de Atacama, ya que en las cuatro comunas costeras de la región existen alrededor 36 asentamientos ilegales, destinados principalmente a actividades extractivas en el mar. Sin embargo, la Gobernación Marítima afirma que también hay cabañas de veraneo y según datos de BB.NN., los terrenos ocupados en estas zonas serían 1.832, como detalló el último catastro realizado en 2018.

Regularización

El seremi de BB.NN., Omar Farías, indicó que regularizar el borde costero es un compromiso del gobierno y que la decisión del ministro responde a una necesidad histórica.

Farías explicó que en la región es necesario realizar un análisis acabado para aplicar el acto administrativo de la regularización, debido a los dos tipos de asentamientos costeros que se presentan (caletas de pescadores y cabañas de veraneo).

Análisis

Para la ejecución del levantamiento de información BB.NN. próximamente realizará un convenio con el Gobierno Regional que permita la obtención de los recursos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

El análisis considerará una actualización del último catastro de 2018, debido al dinamismo de la población en dichos sectores.

"El levantamiento será topográfico y de la cantidad de población actual, con el fin de controlar y regularizar lo que ya existe, para no permitir que se instale ni una toma más" enfatizó Farías.

La autoridad aclaró que en la medida que los ocupantes, en vías de regularización, no cumplan con los plazos y requisitos del ministerio, se les desalojará.

Las vías de regularización serán: la venta, arriendo, permiso de ocupación y concesiones, con sus respectivos cobros según la figura que se aplique en cada caso.

"Para poder vender un terreno fiscal, éste debe contar o garantizar su urbanización (solución sanitaria)", adelantó el seremi de BB.NN.

Jurisdicción

Los terrenos costeros que regularizará Bienes Nacionales a los ocupantes ya establecidos, deben estar ubicados a 80 metros sobre la alta marea, debido a que lo que está bajo ese límite es jurisdicción de la Armada, sitios en los que no se venderán ni regularizarán ocupaciones ilegales.

Al respecto, el gobernador marítimo, capitán de navío Srdjan Darrigrande Versalovic, explicó que el sector de playa (donde revienta la ola y hasta donde llega el agua) es un bien de uso público, y que la franja desde la marea más alta hasta los 80 metros tierra adentro, es tuición del Ministerio de Defensa.

Según explica Darrigrande, en este sector sí es posible realizar concesiones marítimas por facultad del ministro y que "hay diferentes tipos de autorizaciones de ocupación: permisos menores, concesiones marítimas menores, permisos de escasa importancia y las concesiones mayores", detalló la autoridad naval.

También existe una normativa en el Código Civil que establece una franja de ocho metros -en el sector de playa- que estaría destinada a la servidumbre de pesca que permite a los pescadores varar su embarcación y realizar labores de mantención.

El gobernador marítimo aseguró que "todos los asentamientos que existen actualmente en el borde costero de la región son ilegales".

80 metros sobre la alta marea es la franja de tierra donde Bienes Nacionales podrá regularizar las ocupaciones. Bajo este límite, es la autoridad marítima quien posee la jurisdicción.

1.832 ocupaciones irregulares catastró Bienes Nacionales durante el periodo 2017 y 2018. Ahora realizarán una actualización porque la población en estos sectores es dinámica, según la autoridad.

36 asentamientos irregulares ha identificado la Gobernación Marítima de Antofagasta a lo largo de todo el litoral dela región, desde la comuna de Tocopilla hasta límite sur de Taltal.

Delfín es el nombre del proyecto minero que pretende instalarse a siete kilómetros del poblado de Peine, iniciativa que es rechazada totalmente por la comunidad en el interior de la región.

El proyecto inició su tramitación ambiental en febrero de 2013 y fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2016, pero por solicitud de la compañía a cargo, actualmente se reactivó el proceso de evaluación.

El presidente de la comunidad de Peine, Sergio Cubillos, indicó que la minera afectaría el sistema de vida de los pobladores, porque se intervendría el Camino del Inca, que es utilizado para el pastoreo de animales.

Otro factor negativo, según Cubillos, son las tronaduras que dañarían los sitios patrimoniales y culturales que existen en la zona.

"Al dañar nuestros sitios patrimoniales, también se afecta nuestro plan de desarrollo, ya que queremos potenciar el turismo. Y ante el nuevo proceso de consulta, nuestra comunidad decidió no participar, porque entiende que el proceso ya se realizó y los puntos nuevamente propuestos por la empresa ya fueron abordados", aclaró Cubillos.

Evaluación

La comunidad de Peine participó en el primer proceso de consulta indígena, junto con el Consejo de Pueblos Atacameños, ocasión en que fue rechazado de forma unánime por los pobladores y por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, la que está compuesta por todos los seremis y el intendente.

Tras la negativa, posteriormente la compañía presentó un recurso al Comité de Ministros, que dejó sin efecto la resolución de rechazo y mandató realizar otra consulta indígena para analizar dos aspectos propuestos por la empresa: la intervención del pastoreo y los efectos negativos de las tronaduras.

Según publicó el diario La Segunda, en el informe entregado por la compañía en noviembre y donde detallan sus compensaciones, mitigaciones y reparaciones socio-ambientales, se descartan efectos negativos en zonas patrimoniales por la tronaduras. Y en un segundo informe emitido en diciembre, sostienen que los habitantes de Peine no realizarían actividades de pastoreo.

El representante de la comunidad de Peine desconoce los argumentos planteados por la compañía y acusa un actuar de mala fe.

"La empresa argumenta que supuestamente entrevistaron a una persona de la cual no hay registro ni evidencia. También durante el proceso no han respetado, entrando a los sectores sin permiso de la comunidad, generando muchas dudas por la forma que han llevado adelante el proceso", dijo.

Rechazo

Durante los casi siete años de tramitación, la comunidad ha realizado gestiones con diferentes autoridades regionales y nacionales, además de algunas manifestaciones aisladas, pero no descartan radicalizar y extremar las medidas si es que se llegara a aprobar la ejecución del proyecto.

Actualmente el Servicio de Evaluación Ambiental -tras el último informe ingresado- solicitó anexar un nuevo levantamiento de información en un plazo máximo de 90 días.

"Esto parece un circo, porque la empresa lo hace mal una, dos, tres veces y la autoridad le sigue dando oportunidades. Esperamos que se rechace y que no se de un voto político que arriesgue a que nos transformemos en una zona de sacrificio que ya posee cuatro mineras en el sector", enfatizó Cubillos.

En los sectores aledaños a Peine existen cuatro compañías mineras: al sur están Zaldívar y Escondida que realizan extracción de material metálico y al oeste -en el Salar de Atacama- están Albemarle y SQM, que extraen material no metálico.

"Históricamente hemos coexistido con esta empresas, pero respecto a esta nueva minera, sería imposible convivir por la cercanía del yacimiento al pueblo", concluyó.