Esta semana el canciller Roberto Ampuero se dirigió a la zona fronteriza de nuestra región para visitar la zona del río Silala, afluente que nace en Bolivia y recorre nuestro país. No se trató de una provocación a la administración de Evo Morales, sino parte del trabajo que se desarrolla en el marco del caso que Chile llevó al Tribunal de La Haya.
En lo elemental, Chile defiende esa tesis, la relacionada con la nula intervención humana en el sector, con el fin de captar aguas desde ese cuerpo.
El secretario de estado citó que la quebrada tiene más de 8.400 años, cuestión que acredita la investigación en términos geológicos, es decir, no tiene que ver con obras desarrolladas por nuestro país.
"Bolivia no solamente va a tener que tratar de desmentir a Chile, sino que también va a tener que tratar de desmentir la ley de gravedad", dijo Ampuero, mostrando confianza ante el futuro juicio.
El secretario de Estado se trasladó junto a la agente del caso y directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, el coagente Juan Ignacio Piña y los científicos Edmundo Polando del Sernageomin y Francisco Suárez, del DICTUC, quienes desarrollan parte del trabajo más fino.
Junto a ellos recorrió el mirador del volcán Apagado, desde donde se observa la quebrada en donde se encuentra ubicado el río, para luego trasladarse hasta la frontera con Bolivia.
Bien puede decirse que de los dos casos anteriores que Chile registró en la Corte Internacional de Justicia, este es el menos complejo, en términos estrictos. De allí la mirada más optimista, lo que no tiene relación con el fallo por la discusión de acceso al mar que planteó Palacio Quemado y que acaba de resolverse; esta es una cuestión estrictamente de facto.
Muy lamentablemente parece incontrarrestable decir que las relaciones bilaterales pasan por uno de sus peores momentos, están casi congeladas y eso es muy malo, especialmente para Bolivia, que podría ganar mucho si tuviera una relación construida para el futuro con nuestro país. Esperemos que este sea un desafío para los próximos años, lo que pasa, en lo fundamental, por una toma de conciencia del asunto por parte de la administración boliviana.