El madrugado acuerdo de los partidos políticos respecto a la forma en la que se decidirá cómo se elaborará la nueva Constitución de la República, se ha presentado como un hecho histórico. Lo anterior, en función que gracias a la "pseudo" generosidad y espíritu republicano de los partidos políticos que participaron del acuerdo, la ciudadanía tendrá -por primera vez- la oportunidad de ser un actor directo en lo que es la redacción de una nueva Constitución.

Al respecto, presentaré una visión que derrumba esta mirada a partir de la clásica "letra chica" que está presente en buena parte de los acuerdos a los que llega la clase política nacional.

Si se analiza el punto 4 del acuerdo, resulta evidente que el método que se usará para elegir a los miembros de la Convención Constituyente es el método D'Hont; mecanismo electoral que teóricamente se utiliza para garantizar la representación de la mayoría de los sectores políticos del país.

Así entonces, si se considera que actualmente los partidos políticos tienen una altísima reprobación ciudadana, el punto 4 en nada tributa a lo que es este sentir.

Muy por el contrario, el punto 4 transforma al acuerdo en un elemento que -en esencia- protege el poder de los partidos políticos de cara a la posibilidad que la ciudadanía los abandone en las urnas.

N. de la R. Punto 4: "En el caso de la Convención Constitucional sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en el mes de octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente".

Esto es así, ya que el método D'Hont favorece de manera evidente las opciones de los candidatos provenientes de partidos políticos en desmedro de las posibilidades que tienen los candidatos independientes.

De este modo, y atendiendo a que hoy se reconoce a la clase política como un colectivo que tributa a los intereses de los partidos y no a los que históricamente ha reivindicado la ciudadanía, el acuerdo en cuestión se presenta como instrumental a los intereses de poder que tienen los partidos políticos y las coaliciones, perdiéndose -en consecuencia- la oportunidad material de convertir al proceso constituyente en una verdadera instancia representativa de los intereses ciudadanos, condición que siempre ha estado detrás de lo que es la reivindicación de una nueva Constitución.

La madrugada del jueves 15 de noviembre asistimos al resultado de una maratónica jornada en que los diferentes actores políticos pensaron en el bienestar del país por sobre las legítimas inclinaciones partidarias e ideológicas, cuyo resultado fue acordar el inicio de un proceso constituyente y plazos definidos que debería decantar en la redacción y aprobación de una nueva Carta Fundamental.

El Plebiscito previsto para abril de 2020 será el primero en 31 años. El último fue realizado en 1989, en el marco de las 54 reformas a la Constitución de 1980, consensuadas entre los diferentes actores políticos, que promovió un retorno ordenado al cauce democrático. Pues bien: la realización del referéndum de abril de 2020, después de tres décadas, permitirá el ejercicio de una democracia participativa fruto de las legítimas demandas de la sociedad chilena en las últimas semanas. Sin embargo, no debe perderse el foco del estallido social, que alude a problemas de larga data en nuestra sociedad y que impactan en la vida cotidiana.

Resulta sumamente valioso que los ciudadanos puedan expresar su aprobación o rechazo a dar inicio a un proceso constituyente que reemplace totalmente la actual Carta Magna y que los actores políticos hayan recogido dicha necesidad. No obstante, en caso de ser aprobado el inicio del proceso, la nueva Carta Fundamental debe fijar directrices generales mínimas que permitan, posteriormente, el diseño de políticas públicas o la conformación de proyectos de ley que aborden una solución total o parcial a las demandas ciudadanas, en el marco del realismo político, la gradualidad de los procesos y la responsabilidad financiera.

Es por ello que es un error aducir que una nueva Constitución, por sí sola, no soluciona los problemas reales de la gente, por el contrario, es una herramienta que puede brindar lineamientos generales respecto al país que deseamos construir. También es un error creer que con meros proyectos de ley o políticas públicas específicas acallamos el malestar de los chilenos.

La clave es integrar ambos planteamientos. En paralelo, se debe potenciar la agenda social del Gobierno con reformas estructurales y graduales, que respondan en el mediano plazo a las demandas de la gente. Si bien es cierto la nueva Constitución aún no existe, sabemos cuál es el espíritu que debe impregnar las políticas públicas y medidas que desarrolle el Gobierno en los próximos meses.

Sólo a modo de ejemplo de integración del proceso constituyente y políticas públicas: es imposible apelar a la solidaridad social si en la nueva Constitución no se refleja la concepción de un Estado solidario; o en el ámbito económico, no podemos garantizar la competencia perfecta si nuestra Carta Fundamental no establece lineamientos mínimos de una preocupación del Estado por el funcionamiento del sector privado y la condena de situaciones de colusión de precios.

Esperemos que la sabiduría guíe a los chilenos al momento de concurrir al plebiscito de abril de 2020 y que el mecanismo de reforma constitucional elegido evite el exceso de ideologismo y el respeto por las diferentes opiniones.

La democracia, como toda obra humana, no es perfecta, pero sin lugar a dudas es el mejor de todos los sistemas de administración del Estado, si se considera que busca la participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad. El logro de la democracia, tal como la tenemos hoy en día, ha tomado muchos años. Interrumpida durante un período, se pudo restablecer, con un alto costo incluso en vidas humanas, para tener inicialmente un período de transición y luego para dar paso a un sistema democrático que de a poco se ha ido perfeccionando.

Es cierto que el sistema político tiene asuntos que resolver, no obstante, los avances son más que relevantes en el tiempo y el presente es mejor que el pasado.

No es justificación, es una realidad que debe sopesarse en cualquier análisis, más aún en momentos en que se sataniza todo lo obrado por el país en los últimos años.

Cada vez es más difícil gobernar Chile, por esta realidad, por la desconfianza existente, por desaciertos de las autoridades, por la clase política, por quienes tienen un tribuna para comunicarse con la ciudadanía.

La señal de acuerdo dada por gran parte del Congreso es una muestra de madurez y consciencia de que hace rato caminábamos por un borde absolutamente incierto.

En relación a aquellos que se restaron: el Partido Comunista en particular, apenas puede decirse que ya había hecho lo mismo antes de 1988.

El acuerdo por el asunto constitucional es relevante y también será mejorar las propuestas inmediatas en debate, en materia de pensiones, ingresos y funcionamiento de industrias reguladas.

Debemos sentir que el llamado de "No más abusos" que mayoritariamente expresó la ciudadanía exige urgencia y seriedad. La clase política, muy desprestigiada, debe entender el llamado y hacerse cargo.

La anarquía, con la destrucción de todo lo que han construido generaciones de chilenos, no era opción, pero debemos corregir las deficiencias e inequidades del sistema.

Hay mucho por hacer, por cierto, pero Chile necesita comenzar a creer y todos somos parte de ello, cuidando la democracia y la institucionalidad.