Aunque estuvo a punto de fracasar por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó finalmente ayer el proyecto de reforma constitucional que termina con el límite de 120 parlamentarios, lo que según sus defensores serviría de génesis para terminar con el sistema electoral binominal.

El informe de la comisión mixta tuvo 73 votos de respaldo y 10 en contra. La iniciativa fue fruto de un acuerdo gestado el año pasado entre dirigentes de la Concertación y de RN. Para ellos, eliminar ese número permitirá crear un sistema más representativo de la sociedad sin restarle diputados a zonas que hoy tendrían una supuesta "sobrerrepresentación", como ocurriría con el Maule.

"Es un hecho histórico (...) Al eliminar el guarismo 120 de la Carta Fundamental se hizo justicia. Este número no estaba ni en los alcaldes, ni los cores, ni en los concejales, ni en los señores senadores, como cifra establecida en la Carta Fundamental", afirmó el jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez.

"Logramos romper con uno de los principales enclaves que dejó la dictadura en su Constitución. Al eliminar el guarismo 120 podemos comenzar a trabajar en un nuevo sistema electoral, que permita un parlamento más inclusivo y donde todas las opiniones de la sociedad estén representadas", agregó el jefe de la bancada PS, Fidel Espinoza.

Los UDI Gustavo Hasbún y Agustín Squella acusaron de "irresponsables" a quienes aprobaron la modificación.

"El país no necesita más diputados ni más senadores; y eso va a tener un costo altísimo para nuestro país, alrededor de 45 a 50 millones de dólares, que de alguna parte se van a tener que desembolsar; y obviamente esos recursos perfectamente se podrían haber utilizado en programas sociales y proyectos que benefician al país y la comunidad", dijo Hasbún.

El proyecto ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara despachó ayer también la Ley de Fármacos, que regulará la venta directa de remedios en Chile y las exigencias para recetar bioequivalentes.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, expresó su felicidad por el respaldo, pues auguró que ello favorecerá a los pacientes que tendrán acceso a productos más baratos y de calidad garantizada.

Las farmacias deberán contar con un stock mínimo y garantizado de bioequivalentes, que serán recetados por los médicos tanto por sus nombres comerciales como genéricos y con las dosis específicas prescritas. Los que no requieran receta, deben ser expendidos en góndolas. Además, reglamenta la operación de las farmacias de turno, entre otras medidas.

El Gobierno desmintió ayer a la autoridad regional de Obras Públicas de Los Ríos y aseguró que en el puente Cau-Cau de Valdivia los brazos no fueron instalados al revés, como se dijo el lunes, sino que la equivocación se produjo sólo en la ubicación de las plataformas que se depositan sobre el viaducto levadizo.

Además, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que el error no le costará "ningún peso" al fisco chileno, pues harán exigibles a la compañía española Azvi el cobro de las garantías correspondientes.

La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, aseguró que su cartera no tienen "ninguna responsabilidad" en la equivocación, endosándosela por completo a la empresa, "que no debía haber cometido este tipo de errores", añadió.

La ministra desmintió a la seremi Heidi Machmar, quien el lunes dijo que una revisión del inspector fiscal de la obra corroboró lo que habrían detectado en una revisión de víspera de Navidad, cuando sometían a pruebas el puente en el sector de Las Ánimas, sobre la Isla Teja. Según Machmar, esta semana verificaron que la empresa había colocado los brazos basculantes al revés.

Silva dijo ayer en La Moneda que la investigación sólo era competencia de la Dirección Nacional de Vialidad. "No es la seremi la que debe pronunciarse sobre aspectos técnicos", advirtió.

La ministra agregó que la indagatoria reveló que "preliminarmente obedecería a errores en la cubierta", no a los brazos; y añadió que estas conclusiones serían revisadas ahora por un equipo de profesionales internacionales, a quienes también le solicitarán que propongan medidas de mitigación.

"La próxima semana vamos a tener una versión definitiva y le vamos a exigir (a la empresa) que responda (...) Vamos a hacer uso de todas las garantías", adelantó.

Silva insistió en que una firma de "ese prestigio y experiencia" no debía cometer errores de ese tipo. Sin embargo, a lo largo de la faena el proyecto fue objeto de varios cuestionamientos.

En noviembre se conoció que en el proyecto trabajaba una persona que cumplía la labor de topógrafo, a pesar de que apenas tenía sexto básico. Ayer se reveló una revisión realizada en enero del 2013 por la Contraloría Regional de Los Ríos que cuestionó la experiencia del profesional residente de la iniciativa para obras viales y la construcción de puentes. Lo mismo se repitió con el encargado de aseguramiento de calidad, lo que se subsanó a través de dos reemplazos.

Además, estableció incumplimientos de la normativa ambiental y de subcontratación; observó un "desplazamiento del eje estructural del viaducto norte en relación al eje estructural del puente móvil en 0,75 metros hacia el lado oriente"; y un "distanciamiento irregular de la posición de los fierros verticales".

Ayer el diputado y senador electo por Los Ríos, Alfonso De Urresti, concurrió a las oficinas de la Contraloría General de la República para que ordene una "exhaustiva investigación" del proyecto, cuya inauguración estaba prevista inicialmente para marzo.

La construcción de este puente era una promesa de campaña de Sebastián Piñera y en Valdivia recuerdan que tenía una condición "histórica", pues se trataría del primer puente basculante o levadizo del país. El proyecto demandó una inversión fiscal de $15.767 millones y su ejecución comenzó en octubre del 2011 y el contrato establecía su entrega para abril de este año, aunque el Gobierno esperaba inaugurarlo en los primeros días de marzo.

Los usuarios del Registro Civil e Identificación volvieron ayer a reclamar por las largas esperas que han sufrido en la realización de sus trámites, lo que ha estado con problemas desde hace varios meses.

La directora nacional de dicho organismo, Claudia Gallardo, aseguró ayer que el colapso en la atención se produjo por una "demanda histórica" de trámites, negando que la situación se deba a fallas en el sistema informático que opera desde el año pasado, como denuncian los funcionarios.

"Hubo una demanda históricamente alta en el Registro Civil. Normalmente, en esta época tenemos unas 11 mil actuaciones diarias y el día de ayer (lunes) tuvimos 20 mil (a nivel nacional), es decir cercano a un aumento del 100%. En época estival siempre tenemos un aumento en la demanda cercano al cincuenta por ciento, es decir entre 14 y 16 mil, pero nunca la demanda que tuvimos ayer (lunes)", dijo Gallardo.

La autoridad aseguró que el problema también se ha generado debido al paro de casi un mes que realizaron los funcionarios en septiembre. Según ella, esto llevó al servicio a prorrogar la vigencia de las cédulas de identidad hasta fines del año pasado. La autoridad aseguró que la renovación del documento habría aumentado también la demanda.

La presidenta de la Asociación de Empleados del Registro Civil de Chile (Anercich), Nelly Díaz, acusó a Gallardo de "faltar a la verdad" y aseguró que el sistema "no los está acompañando".

La dirigenta dijo que el servicio informático contratado está operativo sólo en un 80%, lo que dificultaría cumplir con la totalidad de las exigencias de la ciudadanía en los tiempos adecuados .

La presidenta del gremio, Nelly Díaz, informó que las esperas por persona llegaron ayer a las tres horas debido a que "el sistema (informático" no nos está acompañando. ¿Qué más podemos hacer?". Dicho modelo ha estado en entrevero desde el año pasado.