Michelle Bachelet retomó ayer su agenda de actividades tras unos días alejada para descansar y reflexionar sobre el que será su próximo gabinete.

Su reaparición fue para participar en la conmemoración de los 32 años de la muerte del exPresidente DC Eduardo Frei Montalva, y coincide con la entrada en la recta final para la entrega del fallo sobre los límites marítimos entre Chile y Perú, previsto para el próximo lunes.

La Presidenta electa pidió "esperar el fallo, cualquiera sea, con unidad nacional" y "tranquilidad". Bachelet añadió que espera que éste sea "ajustado a derecho", lo que en Chile implica que se reconozca la vigencia de pactos pesqueros de mediados del siglo pasado que, para Santiago, han operado como tratados de límites y han sido respetados en la práctica como tales por Lima.

La futura gobernante comentó la solicitud que hicieron el sábado los miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud (PPD) e Iván Moreira (UDI), quienes llamaron a discutir un posible retiro del Pacto de Bogotá tras la entrega del veredicto.

Bachelet recordó que esa opción se debería analizar "en su momento" si el veredicto tuviera "algo que lo ameritara". Sin embargo, añadió que aunque abandonara esa instancia esta resolución debe acatarse.

La posición de Tarud y Moreira fue rechazada por el también integrante de la comisión, José Manuel Edwards (RN). Recordó que tras un fallo del 2012 que favoreció a Nicaragua, Colombia se salió del pacto y presentó dos recursos infructuosos para intentar revertirlo. A su parecer, eso le valió un "desprestigio internacional".

Hoy a las 9 horas en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se reunirá con los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un órgano asesor en asuntos de interés nacional que no era convocado hace ocho años.

El motivo del encuentro es discutir la posición chilena y el escenario que abrirá el veredicto del 27. A la cita acudirán los presidentes de la Corte Suprema, del Senado, la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros y el contralor general de la República.

Bachelet dijo que espera que desde el Cosena se envíe una señal de unidad, tal como ha ocurrido en los últimos encuentros con autoridades políticas en que se ha discutido el diferendo.

El presidente del Senado, Jorge Pizarro, adelantó que Piñera probablemente les consulte su opinión y le entregue información sobre la causa.

En una línea similar, para hoy se espera en Lima un encuentro entre el Presidente Ollanta Humala y sus antecesores Alejandro Toledo y Alan García. Ambos enfrentan investigaciones judiciales y parlamentarias por sus gestiones.

"La expectativa es positiva y de unidad, por encima de cualquier problema interno o individual que pudiese haber", dijo el dirigente del movimiento toledista Perú Posible, Rennan Espinoza.

"(El Apra) siempre ha estado dispuesto a superar, por el país, cualquier diferencia", agregó el secretario general del movimiento de García, Omar Quesada.

Este sábado la Agrupación de Peruanos Residentes en Chile realizará junto a organizaciones chilenas un acto cultural que llamaron "Encuentro de los pueblos", cuyo objetivo es enviar una señal de unidad en víspera de la entrega del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. "Acá queremos una América unida", dijo a CNN Chile su presidente, Raúl Paiba. "Nosotros estamos acá contribuyendo al desarrollo de este país. Acá no hay que levantar ninguna bandera", agregó.

El sábado Verónica Carrera Chaparro, de casi 19 años, no aguantó más y le contó a su pololo la verdad. Era mentira que la hija de ambos había muerto durante el parto. Lo que en realidad había ocurrido es que ella y su familia habían decidido venderla a una pareja de comerciantes de Puente Alto, que había aceptado los términos que exigieron en el sitio web donde pusieron el aviso con la "oferta".

La confesión dejó al descubierto un caso inédito en la historia policial y judicial chilena. Tanto, que la legislación no contempla situaciones de este tipo como delito.

"Es un hecho grave. El tema es que en nuestra legislación no está contemplado como delito el ofrecer a través de internet la entrega del cuidado de un recién nacido, aunque se ofrezca una compensación económica por ello", dijo el fiscal Ernesto Silva, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Por esta razón, la madre de la lactante, su abuela (Ángela Chaparro, de 42 años) y su tía (Daniela Pérez, de 24) sólo fueron formalizadas ayer por usurpación de identidad, pues hicieron el procedimiento en contra de la voluntad y en desconocimiento del padre biológico.

La fiscalía solicitará audiencia para formalizar hoy a los comerciantes que la compraron, Juan Carlos Pacheco y Pamela Silva, por el mismo delito.

Según el Ministerio Público y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la Policía de Investigaciones (PDI), la promotora quedó embarazada en febrero y sólo le contó dos meses después a su pololo, que entonces tenía 17 años.

De acuerdo a la investigación la mamá y la hermana de la joven se opusieron a la idea de que ella se quedara con la guagua. Le habrían dicho que los únicos caminos que le quedaban eran venderla, adoptarla o abortar. La muchacha optó por la primera, decisión de la que no habría estado al tanto su pareja.

Para ofrecerla, subieron a un sitio web la oferta, para lo que usaron una identidad falsa. El primer interés provino de una pareja de Concepción, pero que finalmente se arrepintió por el temor a cometer una ilegalidad.

La segunda propuesta fue la definitiva. Pacheco y Silva aceptaron los términos, se hicieron cargo de los gastos médicos desde los seis meses de gestación de la niña; pagaron un millón de pesos por el parto, ocurrido el 4 de noviembre en el Hospital del Profesor de Santiago; y cancelaron $60.000 por quedarse con la lactante. La operación se selló el 5 de noviembre, cuando el comprador la inscribió a su nombre en el Registro Civil.

Las mujeres quedaron en libertad y con arraigo nacional y obligación de firmar mensualmente. Por el cargo, arriesgan desde 541 días a 5 años de cárcel, pero como no tienen antecedentes penales, probablemente la sanción será menor. Un tribunal de familia decidirá el destino de la niña.