Dos severos reparos administrativos recibió el alcalde Fernando San Román de parte de Contraloría Regional por hechos registrados durante su gestión al mando de la Municipalidad de Tocopilla.

La investigación que acreditó las irregularidades fue realizada a raíz de la denuncia de un particular que pidió reserva de su nombre.

El primer cuestionamiento se relaciona con un viaje a Santiago efectuado entre el 3 y 7 de marzo de 2013, donde se constató que el edil, junto a Domingo Olivares Zuleta, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), participó en un acto político en la sede del excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

En aquella ocasión los personeros municipales justificaron el cometido asegurando realizarían gestiones en los ministerios de Educación y Salud, la Embajada de Cuba y la Municipalidad de Providencia.

Por esta razón es que se autorizó el pago de cuatro viáticos con pernoctación y un viático simple, además de un pasaje aéreo de ida y regreso a Antofagasta y un fondo de $50 mil para gastos en movilización. Todo sumó una cifra total de $1.121.379.

No obstante, las indagaciones efectuadas por Contraloría demostraron que durante el viaje el alcalde realizó actividades que no procedían, como lo fue la visita al candidato presidencial del PRO, a quien San Román apoyó públicamente en las pasadas elecciones.

"El cometido funcionario autorizado mediante el decreto N°507 de 2013 no contempló dentro de las actividades a desarrollar, la visita a ningún candidato presidencial, lo que se contrapone a lo informado por el alcalde de Tocopilla", expresa el informe.

Contraloría advierte además que la imagen del jefe comunal apareció en fotografías exhibidas en la página web oficial de Marco Enríquez-Ominami. A esto se agrega que en su cuenta de Facebook el propio edil se declaraba integrante del equipo del excandidato como coordinador de alcaldes y concejales progresistas.

Con toda esta evidencia a la vista, el ente de control resolvió que Fernando San Román efectivamente había realizado actividades políticas en Santiago cuando estaba en el ejercicio del cargo y percibiendo viáticos, razón por cual le ordenó devolver $68.000.

Domingo Olivares, en tanto, debe reintegrar la suma de $45.440, acción que, según Contraloría, aún no se cumple.

El alcalde de Tocopilla se mostró tranquilo frente a la resolución y aseguró que han cumplido las instrucciones.

"Yo acato los dictámenes de Contraloría porque para eso está. Si ellos estiman que cometí un error, lo asumo y devuelvo los dineros. Pese a ello, personalmente no comparto el criterio", afirmó la autoridad.

La segunda arista que investigó la Contraloría tiene que ver con la contratación de personal con vínculos de parentesco en el Departamento de Educación. Esto, luego que el municipio designara como coordinadora extraescolar a Catherine Isabel Araya Montero, hermana de la exadministradora municipal, Any Araya Montero.

La situación fue acreditada por el organismo y en razón de ello se ordenó el cese de funciones de ambas trabajadoras.

La situación fue confirmado por el mismo alcalde. "Estoy firmando el decreto para invalidar el contrato de Catherine Araya y ella dejará de ocupar el cargo que estaba ejerciendo", señaló el edil.

En un tercer punto, el informe de Contraloría también hace alusión a horas extras supuestamente pagadas en exceso a personal de confianza de Fernando San Román.

Sobre esto, la investigación de entidad fiscalizadora no advirtió irregularidades, por lo que desechó lo señalado por el denunciante anónimo.

"Esto está ajustado a derecho, (el pago de horas extras) está dentro de las facultades que tiene el alcalde", manifestó el jefe comunal.