La decisión de ATI de seguir adelante con la construcción del galpón para concentrado de cobre en el puerto, pese al fallo que anuló la resolución de calificación ambiental otorgada al proyecto, motivó una inmediata respuesta judicial de los detractores de la iniciativa.

Ayer la diputada electa, Paulina Núñez, el concejal Jaime Araya y el presidente regional del Colegio Médico, doctor Aliro Bolados, acudieron a la Corte de Apelaciones para pedir que se ordene la total paralización de la obra.

Si bien el fallo recientemente conocido prohíbe todo trabajo que esté amparado en la resolución ambiental anulada, la empresa estimó que como todavía existe una instancia de revisión pendiente (la Corte Suprema) pueden seguir construyendo.

De hecho, basta pasar por el lugar para percatarse que el proyecto, que ya tiene 70% de avance, sigue su desarrollo, tema que también ha sido advertido en las redes sociales.

Para zanjar el asunto, Núñez, Araya y Bolados solicitaron la dictación de una "orden de no innovar" que detenga definitivamente el proyecto de la concesionaria del puerto.

"A juicio nuestro dado el carácter cautelar del recurso de protección que fue acogido, la construcción debería haberse paralizado de inmediato, pero, para que no quede duda, vamos a pedir este pronunciamiento", señaló Paulina Núñez.

El escrito ingresado ayer a la Corte de Apelaciones señala que "es un hecho público y notorio que la titular de la resolución de calificación ambiental declarada ilegal, Antofagasta Terminal Internacional, prosigue con los actos lesivos de la garantía constitucional motivo del recurso, persistiendo en la construcción del galpón de acopio de concentrados de cobre, negándose a cumplir lo decretado (por la corte)".

Por eso piden al tribunal "la suspensión inmediata de todos los actos relativos y/o derivados de las resoluciones de calificación ambiental declaradas ilegales por la sentencia de autos, en particular la construcción y operaciones del edificio de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre".

Esta es la segunda vez que se solicita la medida. La primera fue cuando se presentó el recurso de protección contra la resoluciones de calificación ambiental, a fines de diciembre.

Esa vez la orden de no innovar fue rechazada por la Corte de Apelaciones, sin embargo, al haber ahora un fallo judicial que la sustenta, los denunciantes piensan que la medida debería ser aprobada.

Paulina Núñez calificó como "un acto de prepotencia" la decisión de la empresa concesionaria de seguir adelante con el proyecto y no descartó la posibilidad de sumar una querella por el delito de desacato.

La diputada electa señaló que a través de redes sociales y otras vías vecinos les han hecho llegar imágenes de los trabajos en el galpón, exigiendo explicaciones por la no paralización de las obras.

"La comunidad no se explica por qué teniendo un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ellos insisten, en forma abusiva a nuestro juicio, en seguir adelante", señaló.

Por su parte, el presidente regional del Colegio Médico, Aliro Bolados, calificó como "inaudito" que no aún no se dé cumplimiento al fallo.

El médico aseguró que, "sólo por precaución", una empresa "consciente" debería paralizar los trabajos, independiente de las instancias de apelación que todavía existan.

Bolados anunció además que el Colegio Médico tomará muestras en la zona aledaña al puerto por sospechar una gran acumulación de material particulado en el lugar.

La abogada Paulina Núñez asumirá el 11 de marzo como diputada del Cuarto Distrito, lo que le impedirá seguir con el patrocinio de la causa en la ya anunciada apelación que presentará ATI y, posiblemente también, Minera Sierra Gorda y el FCAB, ante la Corte Suprema.

Según explicó futura parlamentaria, en dicho escenario la representación judicial la asumirá el concejal y también abogado, Jaime Araya.

El fallo de la Corte de Apelaciones no sólo anuló la resolución de calificación ambiental del galpón, sino que también los otorgados al FCAB para el traslado ferroviario de concentrado de cobre y a Minera Sierra Gorda por la "actualización" de su proyecto productivo. A la fecha se desconoce la posición que adoptarán estas empresas. Fuentes de Minera Sierra Gorda comentaron que el fallo fue traducido y enviado a los dueños de la compañía (de capitales extranjeros), quienes aún no comunican una decisión. Del FCAB no se conocen versiones oficiales ni extraoficiales.