Cuatro fueron finalmente las apelaciones presentadas ante la Corte Suprema contra el fallo que dejó sin efecto las resoluciones de calificación ambiental otorgadas a ATI, el FCAB y Minera Sierra Gorda para el desarrollo de proyectos relacionados con el traslado, acopio, almacenamiento y embarque de concentrado de cobre a través del Puerto de Antofagasta.

A las esperadas acciones emprendidas por las tres empresas directamente afectadas, se sumó la interpuesta por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, organismo que de esta manera se hará parte de la discusión jurídica sobre el futuro de los proyectos privados.

La comisión, presidida por el intendente Waldo Mora e integrada además por los seremis de Salud, Medio Ambiente, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación, tomó la decisión de apelar con el fin de defender el trabajo realizado durante la calificación de las iniciativas.

No hay que olvidar que fue esta entidad la que otorgó las resoluciones que posteriormente quedaron anuladas.

"(Hemos actuado) con pleno apego a la Ley 19.300 y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por esa razón acudimos a la Corte Suprema porque no hemos cometido ninguna ilegalidad", explicó Liliana Pastén, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta y secretaria de dicha comisión.

Los cuatros escritos apelando al fallo de primera instancia ingresaron con sólo siete horas de diferencia en el último día de plazo legal para tales efectos (el día martes).

Los primeros en acudir al tribunal fueron los abogados de ATI, que lo hicieron a las 13.58 horas y los últimos los representantes de Minera Sierra Gorda, a las 20.23 horas.

Todas las presentaciones fueron realizadas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que ahora debe enviar los antecedentes a Santiago para el fallo definitivo.

El concejal Jaime Araya, quien asumirá la defensa de los recursos apelados, dijo que el escenario que se abre está dentro de lo esperado, pues resultaba poco probable que "empresas que han demostrado ir siempre contra el sentido común y el interés general, hubiesen acogido el primer fallo".

Araya recordó que fue necesario solicitar a la Corte de Apelaciones una orden de no innovar para detener uno de los proyectos afectados (el galpón), situación que, a su juicio, demuestra la "porfía y soberbia" de las empresas.

Aunque a nivel público llamó la atención la apelación presentada por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, Araya aseguró que ello tampoco escapa a los pronósticos.

"Habría sido ingenuo de nuestra parte esperar que una comisión que durante la tramitación (de las resoluciones) muchas veces actuó con poca rigurosidad tuviera ahora una actitud distinta", afirmó.

La diputada electa Paulina Núñez, autora de uno de los recursos de protección acogidos en primera instancia, explicó que desde el punto de vista jurídico, la apelación de la comisión se justifica, toda vez que el organismo es responsabilizado de dictar resoluciones de calificación ambiental ilegales.

No obstante, la abogada apunta que desde una óptica social, el escenario cambia y resultaba perfectamente posible que sus miembros hubiesen reconocido un "error", dejando en manos de las empresas la defensa de sus proyectos.

En un plano más político, Paulina Núñez explicó que después de la preocupación manifestada por el Presidente Sebastián Piñera por las posibles consecuencias de los proyectos en la salud de los antofagastinos (ver recuadro), el intendente y los seremis podrían haber asumido una actitud más acorde con tales dichos.

Núñez en todo caso se declaró más sorprendida por la apelación presenta por Minera Sierra Gorda, empresa que, en su opinión, tenía la alternativa de retomar sus planes originales y construir un "concentraducto" para sacar su producción por Mejillones.

Cabe señalar que la posición que asumiera esta empresa era determinante en el desarrollo del conflicto, al ser la que contrata los servicios del FCAB para el traslado de su concentrado de cobre y de ATI para el acopio, almacenamiento y embarque del material por el Puerto de Antofagasta.

En general las tres empresas privadas reiterarán ante la Corte Suprema los argumentos de forma y fondo expuestos sin éxito en tribunales locales.

Se apunta, por ejemplo, a la extemporaneidad de los recursos de protección presentados por Paulina Núñez y también por el municipio, al instrumento y la instancia elegida para discutir el tema, así como a la representatividad de los autores de las presentaciones.

En sus escritos las empresas descartan una probable contaminación asociada a sus proyectos y, cada cual con sus propias bases, aseguran haber cumplido todos los requisitos que impone la Ley de Bases del Medio Ambiente.

La mayoría de estas aseveraciones son recogidas también en la apelación presentada por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental.

En un documento de 40 páginas, la entidad manifiesta, por ejemplo, que los recursos de protección fueron presentados muchos meses después del plazo permitido, pese a que los denunciantes tuvieron oportuno conocimiento de cada uno de los proyectos.

Además se expresa que las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos cuestionados fueron publicadas en el Diario Oficial (en el caso del FCAB también en La Tercera), entre enero y junio de 2012 y que nunca nadie solicitó la apertura de un proceso de participación ciudadana.

Respecto a la presentación de "declaraciones" de impacto ambiental y no de "estudios" de impacto ambiental, tema central en la controversia jurídica, la comisión expresa que el instrumento depende de los impactos ambientales que genere el proyecto, los cuales deben ser ponderados por el sistema de evaluación.

En la podría ser su parte más importante, la apelación señala que si bien se trata de tres proyectos separados, con distintos titulares y objetivos, todos obtuvieron recomendaciones ambientales favorables, por lo que la actividad completa fue debidamente evaluada, resultando ésta segura.

Durante su última visita a la región en calidad de Presidente de la República, Sebastián Piñera dijo compartir la preocupación manifestada por la ciudadanía por los eventuales daños a la salud que podría tener el acopio de concentrado de cobre en el Puerto de Antofagasta, incluso sacando a colación el caso de los polimetales en Arica . A su vez, el intendente Waldo Mora se ha manifestado partidario de que las cargas a granel sean acopiadas en Portezuelo y luego transportadas al puerto. Mora no era intendente cuando los proyectos fueron aprobados, pero a él le correspondió firmar las apelaciones.

Basta pasar el dedo por el vidrio o el borde de la ventana de cualquier casa de la costanera para darse cuenta de la presencia de un extraño polvo negro, material que hace tiempo tiene preocupados a los vecinos.

Doris Araya tiene un negocio en avenida Grecia, al llegar a calle Condell. La comerciante cuenta que si bien limpia su negocio todos los días, siempre vuelve a aparecer el molesto y desconocido elemento.

"Cuando paso la mano por encima de la máquina de helados mis dedos quedan impregnado de un polvo que parece hollín. Estoy muy preocupada porque no sé de dónde proviene este material y cuál es el daño que puede generar a la salud", manifestó.

En el edificio Torre Marina, ubicado en avenida Grecia con Hugo Silva Endeiza, la situación es la misma. Claudia Martel habita en el piso sexto y constantemente detecta acumulaciones de polvo en las ventanas que dan al mar.

"Limpio en forma frecuente y es usual que el borde de la ventana corredera esté lleno de ese polvo negro. Supongo que llega a través del aire", acotó.

El administrador del edificio del Ministerio de Obras Públicas, Lorenzo Reyes, aseguró que las ventanas y paredes del inmueble permanentemente deben ser limpiadas debido al polvo que se adosa.

"Cuando se lavan las ventanas, por ejemplo, sale un agua negra. El problema es que ese mismo polvo lo estamos respirando", subrayó.

El presidente regional del Colegio Médico, doctor Aliro Bolados, informó que la próxima semana comenzará la toma de muestras del polvo adherido a ventanas, paredes y otras superficies de los edificios, casas y dependencias públicas ubicadas en la costanera.

El material particulado será sometido a un análisis químico para determinar si contiene metales pesados. De ahí, el paso siguiente sería determinar el posible origen de esta contaminación.

"Vamos a enviar las muestras a un laboratorio especializado porque queremos conocer lo que están respirando los vecinos de Antofagasta", aseguró el facultativo.