Las demandas sociales han puesto mayoritariamente a la educación como tema central que el país debe abordar para enfrentar la desigualdad. En este contexto se requiere un fuerte avance en la superación de la desigualdad educacional y la segregación, fortaleciendo la educación pública en todos sus niveles.

Esperamos que avancemos con paso firme para mejorar la calidad de la educación, reducir la segregación con un Chile más integrado socialmente y con mayor inclusión. Al referirnos a la educación superior surge de inmediato la esperanza que en este periodo presidencial se implementen las políticas para modificar el paradigma del mercado como único eje rector de la educación, a través de la redefinición del rol del Estado en todos los niveles educativos, en particular, en educación superior el paradigma debiera evolucionar desde un Estado imparcial a un Estado regulador y con mayor participación en el servicio educativo.

El rol del Estado deberá fortalecerse por medio de una nueva institucionalidad que contemple el nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, una nueva Agencia de Acreditación y además con la voluntad de fortalecer instituciones de educación terciaria públicas con énfasis en las universidades estatales junto a la propuesta de creación de instituciones de formación técnica-profesional en el ámbito público.

Esta institucionalidad debe considerar una nueva ley general de educación superior, que señale explícitamente la prohibición al lucro en las universidades y eleve los requisitos para obtener el reconocimiento oficial, el licenciamiento de las instituciones, carreras y sedes.

Una universidad verdadera debe de desarrollar postgrados, extensión y vinculación con una planta estable de capital humano avanzado. Esta nueva ley debe establecer la naturaleza jurídica de las universidades estatales, como una corporación de derecho jurídico sujeta a un estatuto jurídico propio. Las universidades estatales y las regionales no pueden seguir esperando que el Estado asuma su rol subsidiario y se haga cargo de su financiamiento.

Deberá existir una relación directa entre la gratuidad y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior pública, asumiendo que la Educación es un derecho.

Rector de la Universidad de Antofagasta

Hemos dicho antes que muchos de los conflictos que hoy están en la palestra tienen que ver con lo ético, vale decir, se requieren comportamientos que sobrepasen lo estrictamente legal.

Lo último, sin duda, es clave, pero cumplir con los marcos normativos es sólo el piso, un estándar sobre el cual debe construirse un desarrollo más complejo, que involucre el respeto a las personas individuales y a las comunidades.

Tal certeza es más profunda cuando se trata de personeros públicos. De ellos debe exigirse una conducta intachable, porque ciertamente son ejemplos desde todo punto de vista.

En tal perspectiva, las fallidas designaciones de los subsecretarios de Agricultura, Hugo Lara (vinculado en 2011 a un caso de "ofensas al pudor" en contra de una mujer en el Metro); Bienes Nacionales, Miguel Moreno (que sufrió la presentación de querellas en su contra, por situaciones de carácter comercial) y de Educación, Claudia Peirano (por vínculos comerciales con colegios de su exesposo), no puede sorprender y son un buen síntoma de mayor intolerancia con hechos censurables desde el punto de vista legal y/o ético.

La ciudadanía está más atenta y eso es bueno, más allá del bochornoso inicio de un gobierno que recién cumple sus primeras horas.

A nivel local, también hay cuestionamientos que apuntan a lo ético. Soslayando el caso de las "caras repetidas", sobresale el caso del gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, quien ha tenido reacciones contradictorias en lo referido a su calidad de beneficiario de la pensión Valech.

Se sumó la deuda que mantuvo con el Municipio por viáticos no rendidos en su anterior calidad de concejal de Antofagasta (2004- 2008). Quizás menos compleja es la deuda bancaria, un detalle que adquiere valor en el contexto de lo anteriormente expuesto.

Bien puede sostenerse que aspectos éticos de la alta autoridad se encuentran en entredicho y ello debió calibrarse con anterioridad por quienes lo designaron. El resto son explicaciones injustificables.