Antofagasta vive una bonanza económica que es innegable, prueba de ello es el constante incremento y renovación del parque vehicular, el altísimo canon de arriendo y de la educación privada, el auge hotelero, el boom gastronómico, el crecimiento inmobiliario, el arribo de inmigrantes de todas las latitudes. Vivimos en la ostentosa pujanza que brinda el dinero.

Sin embargo, toda esta riqueza no logra transformarse en mejor calidad de vida, los costos que trae aparejado este crecimiento desbordante, agotan al ciudadano que habita día tras día nuestra ciudad. Simplemente Antofagasta creció de golpe, se pegó el estirón y los pantalones le quedaron cortos; así que andamos todos incomodos.

El ordenamiento territorial y la administración pública no dan abasto, si ayer nuestras áreas verdes no cuadraban con el promedio mínimo por habitante, hoy aún menos. La explosión demográfica nos ha superado, ni siquiera nos han sabido contar bien y además tenemos una población flotante que es una sombra inasible.

El sistema de salud ha colapsado, conseguir hora con un especialista es una hazaña. Lo mismo, lograr un cupo en una escuela o colegio de un mínimo de prestigio. Qué decir de comprar una vivienda nueva, imposible, ni siquiera en verde. En tanto las viviendas sociales son una utopía, ¿o usted sabe de oferta inmobiliaria entre 600 y 1.000 UF en nuestra ciudad?

Colapsó el transporte, entiéndase desde el aeropuerto, que vive una remodelación eterna, hasta el transporte urbano. Incluso intentar trasportarse en bicicleta resulta un imposible, no tenemos vías estructurantes, ni siquiera ciclovías.

El dinero está en el aire, todo incrementa su costo, la demanda crece y crece, y bueno, nuestra economía de mercado sustenta su equilibrio en la oferta y la demanda, pero como que algo no está calzando.

En tanto, el ciudadano que habita Antofagasta se desloma trabajando para poder costear la vida en nuestra en ciudad. Nuestras riquezas se exportan, incluso hemos evolucionado y hasta emitimos remesas al extranjero.

Así, cualquier día se instala la moda de enviar a nuestras familias a vivir a La Serena, Santiago, Lima o incluso a Cali, para así brindarles una mejor calidad de vida.

Periodista y magíster Ciencias Sociales

El cambio de gobierno ha traído consigo, las esperadas modificaciones de personal. Claro está, se trata de una lógica política donde los puestos deben ser llenados, por personeros ligados a la coalición gobernante.

Sin embargo, también están amenazados aquellos profesionales elegidos vía el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), planteado en 2003 como una de las reformas "más relevantes y exitosas" del proceso chileno de modernización del Estado.

Como se sabe, el objetivo era dotar a las instituciones del gobierno central -a través de concursos públicos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.

El sistema ADP partió el año 2004 con 417 cargos y en los últimos años -producto de su reconocimiento y validación- ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción no sólo a nuevos servicios públicos del gobierno central sino a otros organismos del Estado y del ámbito municipal, que utilizan la ADP como mecanismo de selección directiva en base al mérito.

Hoy, de los 1.255 cargos que se seleccionan a través de la ADP, 944 corresponden a cargos adscritos pertenecientes a 112 servicios públicos del gobierno central. Mientras que otros 311 cargos no adscritos pertenecen a 227 organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a través de la ADP.

La situación compleja es que hoy están amenazados varios cargos que llegaron al lugar mediante el respectivo concurso.

Lo delicado es que el sistema queda en entredicho y cada vez que tengamos cambios de gobierno quedará abierta la posibilidad de sacar a determinados funcionarios por cuestiones políticas, lo que en la práctica es hacer una trampa a un buen modelo.

Si se quiere generar un servicio público realmente profesional, lo que no significa "atornillar" a los funcionarios, debe revisarse el real impacto y deficiencias del sistema de Alta Dirección Pública, que en la práctica demuestra una fragilidad enorme en momentos críticos como un cambio de gobierno al que Chile se ve enfrentado cada cuatro años.