Reunida en su Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal entregó ayer su respaldo a los proyectos que impulsa el Gobierno en materia educacional, tributaria y política, pero expresó sus reparos a los cambios que propone en temas valóricos.

Las materias que, según los obispos, suscitan "graves preocupaciones" en el Episcopado son aquellas relacionadas con "la familia y la vida". Sin embargo, la conferencia expresó su apoyo a iniciativas en el sistema político y el tributario. "En principio, se perciben como necesarias e incluso urgentes, para caminar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y fraterna", dijeron respecto de las últimas.

A juicio de la agrupación de arzobispos y obispos, hay temas que deben ser "convenientemente debatidos, con una gran capacidad de escucha, y con el tiempo necesario para un auténtico diálogo con todas las instancias necesarias". Asimismo, advirtió que se deben respetar "los grandes valores que están en la base de nuestra cultura e identidad chilena, de profunda inspiración cristiana".

En ese sentido, los obispos criticaron las iniciativas legislativas que buscan introducir el aborto en Chile en determinadas circunstancias, y señalaron que un aborto selectivo "abre las puertas para el aborto a todo evento". "Conocemos dramáticas situaciones en la gestación de una nueva criatura humana y solidarizamos con el dolor de aquellas madres que, por desgracia, muchas veces deben asumir desamparadas su situación. Ella y su hijo son dos víctimas inocentes y de cuyo clamor debemos hacernos cargo. Pero sabemos que el aborto nunca será una solución para una mujer y su entorno", enfatizaron.

"Introducir el aborto, sea cual sea la causa que la sustente, es un golpe al 'alma de Chile'", sostiene el documento titulado "Caminos de Justicia".

En otro ámbito, los obispos declararon su rechazo a los proyectos relativos al matrimonio homosexual, señalando que "la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, y la protección de la vida son imperativos éticos que surgen de la misma razón humana y que la propia Constitución de Chile protege".

Por ello, llamaron a las autoridades a "promover la familia fundada en el matrimonio y custodiar la vida. Ese es el camino que quiere recorrer una gran mayoría de los chilenos", aseguraron los religiosos.

Respecto de la reforma educacional, los obispos se manifestaron a favor de avanzar en esa línea porque, según dijeron, "la diferencia de calidad en la educación que reciben los jóvenes desde la infancia es inaceptable, más aún cuando depende de la situación económica de los padres".

Sin embargo, nuevamente hicieron hincapié en que la reforma educacional debiera realizar en "el contexto de una sociedad libre, democrática y plural, que asegure la variedad de proyectos educativos y salvaguarde el derecho de los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y que no sea tarea única y exclusiva del Estado proveerla".

La Presidenta Michelle Bachelet salió ayer al paso de las críticas que el movimiento estudiantil realizó a la reforma educacional de su Gobierno en la masiva marcha del jueves, y subrayó la necesidad de contar con un sistema gratuito y de calidad para evitar el endeudamiento de las familias chilenas.

"Pronto vamos a mandar los proyectos de ley (para la reforma tributaria) y el que mandamos recién es para evitar en Chile lo que pasó en la Universidad del Mar, una universidad que quiebra y se quedan los chiquillos sin estudios, una tremenda deuda para sus familias y una tremenda incertidumbre", indicó respecto del proyecto que crea la figura del administrador provisional.

La Mandataria recordó que "eso es parte de la reforma, pero no es el corazón de la reforma. El corazón lo vamos a estar mandando pronto, porque lo que queremos es una educación de calidad, primero que nada, porque gratis y mala no le sirve a nadie". "Queremos que los chiquillos y chiquillas, niños y niñas, nietos y nietas que tengan una educación de calidad, ese es el primer objetivo. Y segundo, que nadie con talento y capacidad se quede fuera de las posibilidades y que las familias no se queden endeudadas", enfatizó.

En esa línea, Bachelet recalcó que "por eso hemos dicho educación gratuita, porque no queremos a nadie endeudado hasta el cogote, francamente, y calidad en todos los niveles".

El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, confirmó ayer que este fin de semana la Presidenta Bachelet desplegará el plan "gobierno en terreno" para despejar inquietudes en la ciudadanía respecto de los diversos proyectos que se están llevando a cabo en el país, especialmente el que atañe a la reforma tributaria, que permitirá financiar la reforma a la educación.

El Presidente del PS, Osvaldo Andrade, junto a la líder de la Juventud Socialista y exdirigente secundaria, Karina Delfino, valoraron la marcha estudiantil del jueves y sostuvieron que tanto la movilización como la reforma tributaria son una oportunidad para responder a la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad. Andrade aseguró, sin embargo, que "al frente tenemos un adversario muy poderoso que no concibe a la Educación como un derecho".

En medio del debate que se ha generado por el envío del proyecto de ley del Gobierno que crea la figura del administrador provisional para intervenir las instituciones de educación superior que estén en crisis, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), Aldo Valle, salió ayer a defender la iniciativa.

El rector de la U. de Valparaíso sostuvo que con este proyecto "el Estado se está haciendo responsable de la autorización que él mismo dio para que una institución de educación superior impartiera carreras y otorgara títulos". "Como el Estado es quien autoriza a esa institución, dándole el reconocimiento oficial, el Estado es quien también tiene el derecho y el deber de resguardar la fe pública comprometida en esas autorizaciones", afirmó.

Valle también esgrimió que el Estado debe velar "para proteger a los estudiantes y que no vuelva a ocurrir el drama de los alumnos de la U. del Mar, que quedaron a la deriva, deambulando sin poder matricularse en una universidad", afirmando que "el administrador provisional podría haber continuado el funcionamiento de la universidad".

Las aprensiones que han expresado algunos rectores de universidades privadas y parlamentarios de oposición apuntan a que los planteles podrían ver amenazada su autonomía y que, al depender la decisión del Ministerio de Educación, ésta podría ser arbitraria. Uno de los más críticos ha sido el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien afirmó que el proyecto es inconstitucional.

Valle dijo estar en absoluto desacuerdo con estas afirmaciones y sostuvo que la iniciativa no constituye ninguna amenaza al Estado de Derecho, al derecho de propiedad y que tampoco es inconstitucional, ya que "las atribuciones que se otorgan al administrador provisional ya están contenidas en una ley actual".

Tras reunirse con Eyzaguirre, los rectores de cuatro universidades privadas que no integran el sistema de admisión (U. Central, Miguel de Cervantes, Católica Silva Henríquez y Academia de Humanismo Cristiano) se mostraron de acuerdo con que las estatales reciban un aporte especial del Estado.