El artista visual Francisco Tapia Salinas, conocido como 'Papas fritas' se denunció a sí mismo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, asegurando que había quemado US$500 millones en documentos de cobro de la Universidad del Mar. El artista explicó su acción diciendo que cuando supo del cierre de la institución por el Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera decidió 'liberar' a los estudiantes afectados del pago de las deudas. Así es que fue hasta la sede de Reñaca de la Universidad del Mar. que estaba tomada, de donde sustrajo las letras de pago. La acción del artista es parte de la muestra 'Ad Augusta per Angusta', que se exhibe en el GAM hasta el 18 de mayo.

Un consejo de expertos analizará los cambios en la metodología de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) introducidos en 2011 y 2012 por la administración anterior. La instancia fue convocada ayer por el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey.

Luego de la primera reunión que se concretó el lunes, el comité tendrá un mes para estudiar las modificaciones hechas por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y determinar si dichos cambios afectaron la comparabilidad y los resultados arrojados por el sondeo.

El equipo estará encabezado por el Instituto Nacional de Estadísticas y formarán parte de él el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la Fundación Paz Ciudadana, el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, Cepal y Adimark, junto a otras entidades.

La administración anterior redujo 91 preguntas del sondeo, sin realizar una prueba para validar el cambio, lo que según aseguran desde el Gobierno, hizo que se perdiera información valiosa para el estudio.

El subsecretario Frey aseguró que dichas modificaciones 'no fueron consultadas con expertos en el área ni validadas técnicamente con otros organismos especializados del ámbito académico, público y centros de estudio, como se hacía anteriormente'.

El subsecretario apuntó que el objetivo del análisis es 'tener los más altos estándares, volver la credibilidad a las cifras y, sobre todo, respetar las instancias que deben consignarse en un instrumento que es público'.

Otro de los puntos que se cuestionaron a raíz de los cambios en la encuesta es que permitían cambiar respuestas negativas por positivas. Por ejemplo, en algunos casos se le pidió a los encuestados que realizaran un relato de los hechos en que fueron víctimas, que luego era revisado, lo que habría permitido que se cambiaran respuestas.

La Enusc se aplica anualmente y es un instrumento que el Estado utiliza para obtener información a nivel nacional, regional y comunal sobre la victimización de las personas y hogares, así como de la percepción de inseguridad, con el fin de desarrollar políticas de prevención.

La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer la creación de 15 nuevos centros de atención para adultos mayores a lo largo del país. Serán dos tipos de establecimientos, lo de larga estadía, en los que vivirán personas de 60 años o más que requieren de un ambiente protegido por motivos biológicos, sicológicos o sociales; y centros de día, enfocados en adultos mayores que están en condición de dependencia leve o moderada y que a pesar de que cuentan con apoyo social en sus hogares, necesiten espacios que fomenten su autonomía y dependencia. Bachelet explicó que hoy en día 'estamos viviendo más años, hoy día 15 de cada 100 personas tiene más de 60 años. Pero fíjense que las estimaciones dicen que esto se va a ir duplicando y va a ir creciendo con el tiempo', lo que justifica la creación de estos centros. Serán nueve centros de larga estadía en Arica, Pozo Almonte, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Valdivia, Coyhaique y Huechuraba; y seis de día en Antofagasta, Talca, Chillán, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas.

Por 10 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general ayer el proyecto de ley que buscar crear la figura de administrador provisional para intervenir en instituciones de educación superior en casos de crisis.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Educación, que agregó indicaciones al proyecto ayer justo antes de que fuera votado en la Cámara. Las modificaciones añadidas responden a los cuestionamientos de algunos artículos del proyecto durante su primer debate frente a las facultades del interventor para revocar los contratos suscritos por las instituciones de educación con terceros.

Las críticas

Esto, luego de las duras críticas realizadas el lunes por representantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), rectores de casas de estudios y específicamente por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quienes asistieron a una reunión con la comisión de la Cámara Baja.

En esa instancia, Peña argumentó que pese a estar bien redactado, el proyecto atentaba con la Constitución al tener elementos 'expropiatorios'. El rector argumentó que la iniciativa podría afectar la autonomía de las instituciones de educación superior, lo que está consagrado a través de leyes de rango orgánico constitucional.

'No es posible instituir a un administrador provisional que pueda tomar bienes que no le pertenecen a la institución en el interés de los estudiantes. Jurídicamente eso no es admisible en el derecho vigente en Chile', argumentó Peña el lunes, asegurando que si se aprobaba el proyecto tal como estaba, se estaba incurriendo en un hecho inconstitucional.

La necesidad de incluir mejoras al proyecto fue secundada por el presidente de la CNA, Matko Koljatic, que se mostró a favor de aprobar la medida del Gobierno.

La iniciativa fue aprobada por los 10 diputados de la Nueva Mayoría de la comisión y con los votos de Romilio Gutiérrez (RN) y el independiente Felipe Kast (Evópoli). Las tres abstenciones fueron de parlamentarios de la UDI.

La iniciativa cuenta con suma urgencia y luego de pasar su primera instancia deberá ser votada en particular su articulado, para luego ser discutida en la Comisión de Hacienda, votada por el pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado.