A un mes de los alegatos en la Corte Suprema, los abogados recurrentes (quienes presentaron la acción judicial) del recurso de protección contra el proyecto de acopio, traslado y extracción de concentrado de cobre, mantienen una tensa y larga espera del fallo que podría dejar sin efecto las resoluciones de calificación ambiental del mega proyecto.
Los alegatos en el tribunal de última instancia fueron realizados en Santiago el martes 15 de abril y la sentencia final se mantiene en absoluta reserva. De hecho, el propio abogado Jaime Araya, quien participó en la acción judicial, aseguró que revisan al menos cinco veces al día el portal del Poder Judicial.
panorama
Lo cierto es que los resultados son totalmente desconocidos. Si es que el fallo resulta desfavorable para las empresas (ATI, FCAB y Minera Sierra Gorda), las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos quedarían anuladas y nuevamente tendrían que realizar el proceso de evaluación a través de un estudio de impacto ambiental donde exista participación ciudadana.
Aunque según Araya, existe la probabilidad que Minera Sierra Gorda opte por el proyecto original y construya un concentraducto para trasladar el concentrado de cobre hacia Mejillones.
Ahora si el fallo resulta desfavorable o no para los recurrentes, Araya aseguró que ya tienen preparado el reclamo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por la 'vulneración' de al menos siete directrices que este organismo tiene para las empresas multinacionales en materia medioambiental y de salud.
firmas
Para ello durante tres semanas, autoridades comunales y regionales, se apostaron en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el centro y la Feria Las Pulgas, a fin de reunir firmas que sustentaran el reclamo.
'Juntamos más de siete mil firmas, las que tuvimos que archivar y guardar. Ahora estamos recolectando las últimas informaciones, pero el texto está listo', comentó Jaime Araya.
El reclamo es un mecanismo que tiene la OCDE para denunciar este tipo de acciones. Sin embargo, hay que precisar que esta instancia no tiene relación con el ámbito jurídico.
'Este tema no es solamente un tema judicial, sino que también involucra la ética empresarial y su relación con la ciudad. Las empresas multinacionales que operan en Chile o que tienen capital nacional deben regirse a ciertos estándares internacionales', sostuvo.
En tanto, la diputada Paulina Núñez dijo que si bien esta será la última instancia a la que recurrirán, insiste en que desde el principio han sido respetuosos de los fallos.
'Vamos a ir a la OCDE porque ellos pueden entregar recomendaciones a las empresas que no están cumpliendo', aseguró.
También se refirió a la participación del excandidato al Senado Daniel Guevara, quien se unió al recurso en marzo como tercer coadyuvante. En relación a ello, Núñez aseguró que por el momento no han conversado con Guevara y que no ha vuelto a involucrarse en el tema.
'No tenemos idea cuál era su objetivo. No sabemos que había detrás de esta 'negociación' con las empresas. Nosotros no tenemos nada que hablar con las compañías que están ligadas al proyecto. (…) Todos saben cómo actúa el señor Guevara', afirmó.
empresas
Al ser consultada las tres empresas, sobre las posibilidades que están barajando en caso de que el fallo los obligue a realizar de nuevo la evaluación ambiental, sólo desde el FCAB emitieron una escueta declaración.
'No tenemos nada que decir ya que eso depende de nuestro cliente, la minera Sierra Gorda', dijo la empresa.
En tanto, ni ATI ni Sierra Gorda emitieron declaraciones respecto al tema.
