El Ministerio del Trabajo anunció que enviará el viernes al Congreso un proyecto de 'ley corta' que pretende resolver las demandas de los trabajadores portuarios a través del pago retroactivo desde 2005 del bono por media hora colación, derecho a descanso de 30 minutos por jornada, comités paritarios y acceso a recintos portuarios.

Aunque la ministra Javiera Blanco afirmó que el Estado desembolsará un monto para echar a andar estos beneficios, se creará un fondo financiado por las empresas portuarias para que en un plazo de cuatro años -vía gravamen- se recupere el costo del beneficio.

'No queremos sentar un precedente en el sentido de que el Estado va a tener que hacerse cargo de aquí en adelante de responsabilidades privadas', agregó la ministra del Trabajo.

El pago de ese monto irá a los trabajadores portuarios en base a los turnos efectivos que hayan realizado entre 2005 y 2013. Aunque el Gobierno no entregó detalles de cuánto recibirá cada trabajador, el viernes -cuando ingrese el proyecto al Parlamento- se entregarán mayores antecedentes.

El proyecto incorporará también el Día del Trabajador Portuario, que será el 22 de septiembre.

La secretaria de Estado dijo que el Gobierno 'no quiere volver a ver problemas en el reconocimiento y derecho irrenunciable de descanso, que está establecido en la jornada de trabajo de 30 minutos'.

Agregó que 'estamos reponiendo el derecho a comités paritarios en las faenas portuarias, de los controles de acceso y mayor rigurosidad en los accesos a los recintos portuarios. Esta es una materia que vamos a encomendar a la Dirección del Trabajo. Habrá que hacer coordinaciones entre Directemar y la Dirección del Trabajo, que asume estas nuevas labores'.

La ministra dijo que 'este es un compromiso que entendemos había sido asumido con los trabajadores y que nosotros vamos a cumplir. El pago del beneficio está contemplado en base a los turnos efectivos que se hayan tenido entre 2005 y 2013 y en base al listado de beneficiarios que tenga Directemar y otros registros'.

Luego de asumir en el Ministerio del Trabajo, Javiera Blanco acusó que el proyecto con el que el Gobierno de Piñera selló un acuerdo con los trabajadores portuarios no inició su tramitación en el Congreso.

Esa iniciativa consistía en un bono de $750.000 anual para cada trabajador que se desempeñara en el sector.

Aunque el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, procuró ayer destacar el ánimo 'constructivo' que ha tenido el debate de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado, desde el empresariado, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) volvió a la carga, esta vez contra la renta atribuida.

El presidente del gremio, Andrés Santa Cruz, agudizó las críticas sobre los cambios que la reforma tributaria incluye en esa materia, a los que asignó derechamente 'visos de inconstitucionalidad'.

'Respecto de la renta atribuida, no nos parece que sea un buen sistema. Nos parece además injusto y tiene visos de inconstitucionalidad. Por qué voy a tener que tributar por una renta que me atribuyen que además puedo no recibir nunca', dijo el líder empresarial a la salida del seminario 'Sustentabilidad Laboral. El nuevo escenario para las empresas y sus trabajadores en Chile'.

El titular de la CPC insistió que sus representados tienen 'serias dudas de la constitucionalidad de ella'. 'Aquí se están atribuyendo rentas que efectivamente no son incrementos patrimoniales. Los informes que nosotros tenemos apuntan a que no cumple la norma de constitucionalidad, y eso es lo que más nos preocupa', comentó.

El representante empresarial llamó a las autoridades a mejorar los mecanismos de recaudación para esta reforma, que permitan asegurar los fondos a la reforma educacional.

'Busquemos sistemas mejores. Aquí nadie tiene la verdad. Nosotros lo que queremos que se recaude la cantidad que el Gobierno requiere. Preocupémonos que los instrumentos tengan el menor efecto en el crecimiento y por ende en el empleo y en las remuneraciones. Nos importa la eficiencia en el gasto y nos hemos visto nada al respecto, pero esperamos verlo', afirmó.

Arenas estuvo ayer por tres horas y media respondiendo las consultas de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

Sobre la posible inconstitucionalidad de la renta atribuida, reclamada por la CPC, el jefe de las finanzas públicas planteó que 'a juicio del Ejecutivo cumple con toda la normativa administrativa, jurídica, contable y constitucional de Chile'.

El ministro aclaró que 'nos hemos encontrado con un ánimo constructivo, con un debate técnico que quiere construir, precisar y perfeccionar el proyecto de reforma tributaria'.

Frente a la cobertura y el diseño del impuesto a las fuentes fijas contaminantes, el ministro respondió que su cartera está trabajando con los Ministerios de Medio Ambiente y Salud para hacer las precisiones si se requiere elevar la cobertura del gravamen.

El secretario de Estado respondió a consultas de algunos parlamentarios y afirmó que de acuerdo a los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de haber un alza en las tarifas de la luz, sólo se daría a partir de 2019 y sería de 0,5%.

'Estamos hablando de un cuenta tipo de unos $ 5.000, el alza sería de $75 y sólo a partir del 2019', afirmó.

3%

0,5%

El exministro de Hacienda del exPresidente Piñera, Felipe Larraín, le ofreció sus lentes a su sucesor, Alberto Arenas, para que las nuevas autoridades económicas 'leyeran los estudios que muestra el efecto negativo del cambio' que propone la reforma tributaria. 'Haber citado un estudio nuestro para avalar la reforma tributaria es citar equivocadamente. Nuestro estudio dice claramente que esta reforma tiene un efecto negativo y significativo en la inversión y si esto no se lee así quiero ofrecer mis anteojos para que las autoridades de Hacienda puedan leer nuestro estudio', dijo Larraín. El exministro asistió a un seminario en la UC relativo a la reforma tributaria en compañía del exPresidente Piñera.