Tres funcionarios de Gendarmería son investigados por la dirección nacional de la institución por denuncias recibidas en la seremi de Justicia donde se acusa a los involucrados de ser 'prestamistas' al interior de la cárcel de Antofagasta.

Se trata de dos denuncias que llegaron por separado a la secretaria regional que tiene a su cargo a Gendarmería. Los hechos fueron expuestos a la seremi hace casi un mes y una de las acusaciones se realizó de manera escrita y anónima.

Según información proporcionada a este medio, dos funcionarios de la institución prestaban dinero a sus compañeros e incluso tendrían una lista con 10 nombres de quienes recibían el dinero. Esta práctica, agregó, habría sido habitual y antes no hubo problemas.

El problema que gatilló la denuncia habría sido cuando se involucró un tercer funcionario. Aunque se desconocen más detalles del caso, éste habría proporcionado una millonaria suma a los dos funcionarios para que lo prestaran y así obtener ganancias por el interés cobrado.

probidad

La seremi de Justicia, Lorena Pozo Cortez, confirmó que existe una investigación en curso por estos hechos.

'Las denuncias las recibí yo y por protocolo, comuniqué todo a la jefatura y el director nacional de Gendarmería es quien lidera la investigación', explicó la seremi. Esto provocó que desde la capital vinieran funcionarios a la ciudad a recabar todos los antecedentes del caso.

También confirmó que los dos funcionarios, que llevan tiempo en la institución, están con licencia médica. Sin embargo, Pozo quiso llamar a la calma y que primero deben esperar el resultado del proceso para establecer la veracidad de las denuncias.

'Hay que tomarlo con calma, en todos los servicios se reciben muchas clases de denuncias. Mi política es que exista probidad y transparencia, aunque de momento ignoro detalles de la investigación', precisó la personera de gobierno.

Al consultar sobre el caso a otros funcionarios de Gendarmería hubo posiciones diferentes. Uno de ellos argumentó que la situación debe ser investigada y aclararse, para que de esta manera quede despejada cualquier duda, sobre todo por el tercer involucrado (un alto oficial de Gendarmería).

versiones

Pero otro gendarme solidarizó con los investigados y detalló que ellos prestaban dinero con sus ahorros personales y no con recursos de la institución, por lo que él no vería nada malo en ello.

Sobre los pagos que los funcionarios hacían a los prestamistas, comentó que 'a modo de agradecimiento le daban unos $30 mil extras, pero era voluntario, para reconocer el gesto. En ningún caso presionó para que le pagaran'.

Incluso dijo que el Departamento Investigativo de la institución estuvo en la ciudad y entrevistó a quienes solicitaban estos préstamos. Son unas 10 personas, que acudían regularmente a este servicio, quienes figuraban en una lista.

Sus dos colegas que están con licencia médica, precisó, están afectados sicológicamente y además cuentan con abogados para resguardarse durante la investigación.

En cuanto al tercer funcionario, el gendarme aclaró que la acusación era para demostrar que utilizaba recursos públicos para realizar los préstamos. Pero aseguró que aunque las diligencias aún no terminan, eso estaría descartado.

El marco legal no considera que los préstamos sean un delito, aunque el escenario es diferente si existe usura de por medio. Esto quiere decir que los intereses que el cobrador establezca superan el 50% (tasa máxima convencional).

A pesar de esto, las investigaciones se desarrollan caso a caso y analizan el contexto junto a otros elementos. Si se trata de algo repetido en el tiempo y con una base de 'clientes' regular, podría darse algún tipo de infracción, como el no pago de impuestos.

Aunque en este escenario lo que se perseguiría sería la usura y para que ello ocurra, es necesario que la víctima o quien se sienta afectado realice la denuncia.

En el caso de los gendarmes investigados, los detalles que se manejan por el momento no esclarecen si alguien que solicitó un préstamo estampó la denuncia en la seremi de Justicia.

Una querella por homicidio simple con subsidio de una querella por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte interpusieron los abogados de la familia de Daniela Tirado Vílchez, la joven de 17 años que falleció atropellada en el sector 'El Trocadero'.

La abogada Laura Bravo, del estudio Asistencia Judicial Integral y que representará a los familiares de manera gratuita, llegó ayer a las 11 horas al Tribunal de Garantía para iniciar el proceso judicial. 'Esta es una acción criminal, nos hemos reservado el derecho de presentar una demanda de indemnización de perjuicios una vez que termine la persecución penal', explicó la abogada Bravo.

David Tirado, hermano de la joven fallecida, manifestó que sólo desea justicia y llegarán hasta las últimas consecuencias. 'Esto es muy difícil para nosotros como familia, pero estamos luchando para salir adelante', dijo David Tirado. También confirmó que sostuvo una reunión con el gobierno regional, que este jueves también se haría parte de las acciones judiciales.

La muerte de Daniela, estudiante de 17 años, ocurrió el 17 de mayo. El accidente se registró frente a la playa 'El Trocadero', cuando la joven cruzaba la calle junto a su pololo. Allí, un conductor de 30 años la atropelló, provocando su muerte de manera instantánea. El sujeto registró dos grados de alcohol en la sangre y tenía la licencia de conducir vencida. Tras la formalización de cargos, quedó en libertad.