La cobranza a domicilio de $20 mil adeudados terminó con incidentes y los dos cobradores heridos con impactos de bala. Los hechos ocurrieron de noche en calle Manuel Thompson, hasta donde llegaron dos sujetos identificados como E.F.P.R, de 47 años, y G.A.P.P., de 44. Allí quisieron cobrar 20 mil pesos que supuestamente adeudaba el dueño de casa, pero la mujer de éste explicó que no tenían dinero. Ambos individuos entraron a la casa y ocasionaron daños y el afectado por su parte dañó el vehículo de los cobradores. Al huir, tuvieron una discusión con jóvenes del sector quienes los balearon, por lo que tuvieron que ser trasladados hasta el CAN.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Moisés Ledezma Díaz, condenado a presidio perpetuo calificado.

La pena se dictó el pasado 16 de abril como culpable de la violación y homicidio de Valentina Arriaza, de 8 años, en un hecho ocurrido en febrero de 2012.

Alejandro Espinoza, abogado y director de Fundación Amparo y Justicia, valoró la medida. 'Es una señal potente en relación a que los autores de estos delitos serán juzgados y sancionados con la máxima pena que establece nuestro ordenamiento jurídico', dijo.

Ledezma cumple su condena en la cárcel de alta seguridad de Antofagasta.

En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema, la misma que fallará por el recurso de protección contra el galpón, ordenó a las empresas Minimal Enterprises Company, armadora y propietaria de la motonave, y Elmira Shipping & Trading, operadora, pagar solidariamente los perjuicios causados por la contaminación y daño ambiental producido por el vertido de petróleo efectuado el 20 de septiembre de 2009 en la Bahía de Mejillones.

La resolución de primera instancia -dictada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Óscar Clavería Guzmán, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso- acogió la demanda de indemnización de perjuicios, presentada por el Estado de Chile en contra de las navieras.

El fallo del máximo tribunal afirma que, efectivamente, existió una pérdida, disminución o detrimento para el medio ambiente marino, situación fáctica que no es posible modificar por el tribunal de casación.

'No siendo relevante, en este juicio, como parecen exigirlos los recurrentes, conocer ahora el cálculo exacto del volumen de aguas contaminadas o de la flora y fauna marina afectada por el derrame de petróleo. En efecto, el daño deberá ser cuantificado económicamente en la etapa de ejecución del fallo, por haberse otorgado válidamente al actor la reserva para discutir esa cuestión posteriormente', sostiene el fallo de la Corte Suprema.

La rotura en una cañería de desagüe provocó el escurrimiento al mar de 2.500 litros de hidrocarburo IFO 380, elemento tóxico para el medio ambiente.

El accidente se produjo en momentos que la motonave, de bandera maltesa y procedente de Hamburgo (Alemania), descargaba ácido sulfúrico en el Puerto de Mejillones y como consecuencia de él, varios kilómetros del litoral sufrieron daños importantes, obligando además al Fisco a realizar gastos en medidas de mitigación, fiscalización, estudios y monitoreos ambientales.

En acuerdo quedó la sesión del Tribunal Constitucional (TC) realizada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde los ministros del poder judicial escucharon atentamente los alegatos de los abogados de la empresa Molinera del Norte S.A. y la municipalidad. Esto, tras un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la empresa molinera en contra de la casa consistorial.

En la práctica, esto significa que los ocho jueces que participaron de la sesión tomaron la decisión del fallo, pero deben escribirlo y así dictar la sentencia, la cual -según la presidenta del TC, Marisol Peña Torres- podría ser publicada en 30 días o más.

'Ellos (Molinera) están impugnando la decisión de la municipalidad de trasladarse en virtud de no haber cumplido con la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en lo que se refiere a reparar daños y olores molestos que se habrían detectado en el sector donde está instalada la empresa', sostuvo la ministra.

acciones

Todas estas acciones judiciales comenzaron tras el informe realizado por la Seremi de Salud que calificó a la empresa como 'contaminante y molesta'. Basado en esto, la seremi de Vivienda resolvió que su presencia no se ajustaba a lo establecido en el plan regulador.

Con estos fundamentos a la vista, la alcaldesa de ese entonces, Marcela Hernando, dictó un decreto que le daba un año de plazo para trasladar sus instalaciones.

Luego, los abogados de la Molinera presentaron un reclamo de ilegalidad en contra del municipio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual fue rechazado en noviembre del año pasado. Por ello, decidieron apelar ante la Corte Suprema y hoy la causa está a la espera de la resolución

Respecto de los alegatos, la abogada del municipio, Karyn Butkovich informó que la Molinera aduce que con las medidas de traslado se atenta contra su derecho de propiedad y el derecho de ejercer una actividad libre. 'Nosotros en cambio demostramos que eso no es así y que con la medida que dictó la autoridad comunal se hacen prevalecer los derechos constitucionales que tienen los vecinos de vivir en un ambiente libre de contaminación y que además se les proteja su salud'.

Butkovich aseguró que en este caso no existe una inconstitucionalidad de estas normas. 'Ellos pretenden dejar sin efecto, porque las autoridades han actuado dentro del marco legal definido', aclaró la jurista.

Después de iniciado el pleno del TC, algunos vecinos de la Molinera, se apostaron a las afueras de la Corte para manifestarse en contra de la empresa.

'Aún tenemos ratones, malos olores y plagas de paloma. Queremos que la Molinera se vaya', comentó Claudia Guerra, vecina del sector.