Resulta positivo, desde el punto de vista económico, el acuerdo alcanzado por la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno en orden a resolver el tema del salario mínimo que hoy discute el Parlamento.

El proyecto de ley establece un aumento escalonado de ese indicador elevándolo a $225.000 este año desde los actuales $210.000, a $241.000 en julio de 2015 y $250.000 en enero de 2016.

A mediados de semana, la Cámara aprobó en general y particular la iniciativa y ahora está en el Senado.

Al respecto, distintos ejecutivos del gobierno destacaron el consenso y es probable que la voz del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sea la más ejemplificadora. El titular aseveró que con la iniciativa 'se genera un reajuste balanceado en el tiempo para alcanzar los compromisos que están en el programa de gobierno, como así también se hace el esfuerzo para que en este reajuste los trabajadores que están en el salario mínimo puedan enfrentar las situaciones económicas de su grupo familiar'.

Este y otros ajustes provocarán un mayor gasto fiscal estimado por el ejecutivo de $14.745 millones de pesos este ejercicio; a $45.286 millones, en 2015, y a $93.849 millones, en 2016.

Sin lugar a dudas, la mesura parece razonable considerando las mayores estrecheces que se enfrentarán en lo económico.

Punto para el gobierno que manejó de manera correcta una variable que impacta con fuerza a las Pymes, que son la mayoría de las empresas que pagan el sueldo mínimo y pueden ver escapar sus estados al alterar en demasía sus gastos.

Sin embargo, resulta difícil de entender la actual posición de la CUT; o más bien, la tenida con la pasada administración, con la que mantuvo una 'guerrilla verbal' enorme, al punto de no transar su demanda de un sueldo mínimo inmediato de $250 mil mensuales en 2013.

Todo indica entonces que las demandas dependen del color político de la coalición gobernante. Si ello fuera así, tales instituciones están lejos de trabajar por el objetivo que tienen: velar por el bienestar de los trabajadores y no por una tendencia específica.

Hace ya 65 años, en julio de 1949, a instancias de los dirigentes del comercio local, Ramón Yoma y José Papic, se forma el Centro para el Progreso y Adelanto de Antofagasta', que quedó presidido por Papic y formado por los más destacados vecinos, especialmente profesionales que representarían la opinión de los habitantes de las provincias.

La idea era mostrar la situación de injusticia con la zona norte considerando los recursos que proporcionaba al país, primero con el salitre y ahora con el cobre, debiendo devolverle una parte de ello para su desarrollo y adelanto y para atender los servicios básicos que necesitaba la población. Por otra parte estaba lograr la importación libre para los productos que requerían para su alimentación a precios adecuados.

La escasez de agua, energía eléctrica, alimentos, salud, conectividad con otros centros urbanos era apremiante y llevó a la ciudadanía a agruparse para luchar.

Se pidió que los parlamentarios del norte se unieran en una acción común para obtener la aprobación de las leyes que beneficiarán al norte. Parlamentarios de aquella época, Juan de Dios Carmona, Radomiro Tomic, Jonás Gómez, Fernando Alessandri, hijo del entonces Presidente Arturo Alessandri, entre otros. Asumió la jefatura parlamentaria del norte, el mismo Fernando Alessandri, presidente del Senado.

Alimentos, agua, energía, salud, obras públicas, impulsaron a los nortinos de hace 60 años a unirse y exigir por lo suyo, y lo lograron. ¿Cuáles son hoy las urgencias que nos motivan para también pedir mayor atención y recursos?

Aún existen déficits que se deben resolver: la salud es una de las principales, la falta de infraestructura pública y el consecuente deterioro de la calidad de vida de nuestras ciudades hace que hoy muchas personas prefieran trabajar en nuestra región y vivir junto a sus familias en otras. Pero creo que una de las principales debe ir por generar las condiciones para una sostenibilidad económica regional. Algo que tanta veces hemos repetido, cómo logramos transformar el capital que hoy tenemos, los recursos mineros, en un capital permanente y de ese modo terminar con el fantasma que tanto asusta al centro de nuestro país, que cuando aquí se acaben los recursos minerales, nada quedará. Tenemos que crear una industria, que pueda en breve tiempo ser capaz de, ojalá, generar tanta o más riqueza que la que hoy la minería, generosamente nos entrega.