En la cuarta jornada de trabajo de la Mesa Multisectorial de Inmigración, liderada por la Municipalidad, se presentaron las inquietudes y propuestas de la comuna para incluirlas en el proyecto de reforma migratoria, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado por una ley eficiente acorde a nuestra realidad. El diagnóstico es conocido y percibido por la comunidad, pero se aprecia poca representatividad por parte de nuestras autoridades regionales. Ante esto, ha sido necesario que los alcaldes, a pesar de no tener facultades al respecto, representemos las demandas de la sociedad civil frente a este fenómeno.

Dentro de estas demandas, existe un tema de fondo, más concreto y que actualmente es el origen de los problemas que vemos a diario, que son los procesos poco rigurosos de verificación previos al ingreso del extranjero al país. Por ejemplo, si a los extranjeros que deseen radicarse en nuestro país se les exigiera tramitar su permiso de trabajo desde su lugar de origen, al llegar a Chile ya tendrían su situación regularizada y así el Estado podría controlar de mejor manera a quienes ingresan a nuestro país. Asimismo, se hace imperante reforzar las medidas de control en la frontera y el ingreso de personas con antecedentes policiales.

Por otra parte, no podemos dejar de lado lo burocrático de los procesos administrativos para la obtención de visas, lo cual se hace manifiesto en numerosas ocasiones con las interminables filas de extranjeros esperando su turno de atención a la intemperie y reservando su puesto incluso pernoctando en plena vía publica.

Es preocupante que la ley migratoria no se condiga con el fenómeno migratorio del cual somos testigos. Es urgente aplicar un proceso de modernización en la gestión administrativa y que se incorporen las nuevas tecnologías, para que exista celeridad en los procesos de funcionamiento, a la altura de un país que camina pretencioso al desarrollo.

Una vez más volvemos al punto de inflexión, el centralismo en las decisiones. Quiero decir con esto, que esta burocracia está perjudicando el desarrollo armónico de nuestra ciudad, el buen convivir de la sociedad. Si el extranjero ingresara a nuestro país con su situación regularizada, quizás no se provocaría la carga social extra que se genera al vivir casi un año sin la posibilidad de trabajar mientras se tramita su visa. Debemos alzar todos juntos la voz y avanzar en generar mayor integración entre los habitantes y un mejor ordenamiento en la realidad migratoria de nuestro país.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, formalizó esta semana cargos por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales improcedentes, en contra del diputado Carlos Cristian Campos Jara. De esta forma, fue acreditado que el parlamentario PPD por Hualpén y Talcahuano, cometió ilícitos, mientras trabajaba en la municipalidad de la primera comuna mencionada.

El castigo para el honorable consistió en la restitución de $4 millones 617 mil 829, una de las condiciones que impuso el Ministerio Público para decretar la suspensión condicional del procedimiento. El parlamentario, además, deberá fijar un domicilio y mantener buena conducta para que la causa sea archivada.

Al respecto, el diputado oficialista precisó que haber aceptado el pago no puede considerarse como admisión de culpabilidad, apuntando que 'hay factores mucho más relevantes como el ejercicio del cargo y el tema familiar'.

No obstante, el fiscal regional enfatizó que 'lo que hemos acreditado en esta investigación es que el señor Campos Jara obtuvo fraudulentamente prestaciones improcedentes'.

Esta misma semana los abogados del exdirector del poderoso grupo económico Penta, Hugo Bravo López, informaron a la Fiscalía Metropolitana Oriente del pago de $1.098.626.952 realizado por su cliente, con el fin de restituir a las arcas fiscales los dineros obtenidos por devoluciones de impuestos hechas en el marco del caso 'Fraude al FUT'.

Aunque el caso está en pleno desarrollo, es muy sugerente que en el documento presentando por Bravo se explicite que los desembolsos tienen por objetivo: 'reparar el mal causado'.

Llama la atención y, evidentemente, provoca molestia en la comunidad este tipo de faltas y poco apego a las mínimas normas de comportamiento. Queda la impresión que se subyuga el castigo a las características y rango de quien comete el delito.

La ética no existe para algunos privilegiados que, cometiendo ilícitos graves que lesionan la fe pública, buscan soluciones poco claras, ambiguas con nulo criterio de disculpa o perdón. Ni siquiera eso; ni siquiera evalúan renunciar a sus altos cargos.