El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, calificó como "casos circunstanciales" las sanciones por colusión que afectaron a las firmas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, productoras de pollo multadas por ese delito, además del Grupo Penta, que está siendo investigado por presuntos delitos tributarios y cohecho a funcionarios públicos.

El líder gremial pidió que se haga diferencias entre "las actitudes del empresariado con las actitudes que pueden tener algunos empresarios" y condenó la colusión, a la vez que destacó las bondades de la libre competencia.

"Siempre vamos a condenar todos los atentados a la libre competencia, todo lo que se aparte de la legalidad y la ética. Sin perjuicio de lo anterior, en este caso aún quedan instancias judiciales. Dar un juicio categórico no corresponde", dijo en el programa Estado Nacional (TVN).

Para Santa Cruz, de comprobarse el delito en todas las instancias, esas compañías no deber seguir participando del gremio empresarial.

"Mi postura es que si, efectivamente cuando se termine una causa alguna persona ha atentado contra la libre competencia, debe tener una sanción que vaya más allá. No se puede sentar a comer en la misma mesa con nosotros. Esa es mi postura personal", subrayó.

Frente a posibles cambios a la legislación vigente, que puedan penar hasta con cárcel a empresariados coludidos, Santa Cruz aseguró que es "una materia digna de estudiar" y que "siempre debemos tratar y estar dispuestos a mejorar las legislaciones que tenemos".

autorregulación

En cuanto a la polémica que se ha generado por la actuación del Grupo Penta en torno a los aportes a las campañas políticas, Santa Cruz dijo no ser partidario de que las empresas donen a los candidatos y aseguró que la situación es "al revés" de lo que se plantea habitualmente.

"Es un desfile de los políticos por las empresas para que le donen dinero", sostuvo.

El senador (RN) Francisco Chahuán pidió al Gobierno que no utilice "la retroexcavadora" en la propuesta de reforma al sistema de salud privada.

El parlamentario dijo lamentar la salida de Ana María Albornoz (Asociación de Clínicas) y Gonzalo de la Carrera (Colmena Salud) de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma a la Salud Privada, que a su juicio "tiene que ver con que la conducción de la instancia creada para resolver los problemas de sistema fue absolutamente sesgada y desde un comienzo buscaba expropiar el 7% de cotización de los trabajadores y proceder hacia un fondo único nacional de salud". En ese formato, según el parlamentario opositor, "tres millones de chilenos afiliados a isapres debieran pasar al sistema público de salud, congestionándolo aún más".

El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta añadió que "el actuar de (secretario ejecutivo de la instancia) Camilo Cid ha sido absolutamente sesgado y ha buscado desde un comienzo materializar una reforma expropiatoria del 7% de salud, terminando con el sistema mixto".

El senador por Valparaíso pidió que se incorporen las propuestas de minoría que apuntaban a resolver los problemas de los afiliados a las isapres, entre los que enumeró "las discriminaciones por sexo y edad, los temas que dicen relación con el establecimiento de planes únicos de salud y las materias vinculadas a la promoción de la competencia y transparencia al interior de ese mercado".

El dirigente de RN emplazó a la ministra de Salud, Helia Molina, a "ponerle urgencia al proyecto de reforma a las isapres que está en el Senado, pues se ha perdido un tiempo valiosísimo en esta comisión asesora presidencial inconducente" y la conminó a aclarar "quién manda.

"La ministra ha señalado que se requieren cambios graduales, mientras que Camilo Cid ha insistido en cambios radicales y en buscar salidas ideológicas", subrayó.