La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó ayer el arresto parcial decretado en primera instancia para Guillermo Durán, uno de los tres sospechosos sindicados como autores de los ataques terroristas registrados durante los últimos tres meses en Santiago.

La decisión se produce luego de que el tribunal de alzada aceptara los recursos presentados por la Fiscalía Sur y la UDI para insistir en que la medida cautelar acorde a los delitos imputados a Durán es el arresto domiciliario total.

De esta manera, se ordenó que el joven de 25 años cumpliera a partir de ayer la detención total en su hogar, ya que, según estimaron los magistrados, la libertad de Durán representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El imputado es investigado por el delito tentado de colocación de artefacto explosivo terrorista por los elementos hallados en el domicilio de La Pintana donde fue detenido junto a Juan Flores y Nataly Casanova.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, en el inmueble se encontró pólvora negra y elementos para fabricar bombas artesanales.

cambios en fiscalía

Según explicaron a Emol desde el Ministerio Público, esto se debe a que el fiscal exclusivo Christian Toledo fue destinado a preparar el segundo juicio que enfrentará el próximo 7 de octubre Víctor Hugo Montoya, a quien la Fiscalía persigue por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista en relación al bombazo que en febrero de 2013 afectó a un retén de Las Vizcachas y dejó un carabinero herido.

De esta manera, Toledo -junto a Guzmán y Héctor Barros- se centrará durante toda esta semana en revisar las pruebas que serán exhibidas nuevamente ante los sentenciadores con el fin de acreditar la responsabilidad del joven, quien en el primer proceso en su contra resultó absuelto, resolución que luego fue anulada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Una votación lenta se vivió ayer en la Comisión de Educación de la Cámara, instancia que -contra el tiempo- continuó tramitando en particular el proyecto del Ejecutivo que termina con el lucro, el copago y la selección escolar.

Aunque el debate nuevamente se vio por momentos entrampado por discusiones de forma, los diputados avanzaron en la discusión y aprobaron varias de las indicaciones propuestas.

Entre las disposiciones aprobadas se encuentra aquella que indica que "el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula". La actual legislación sólo estipula esta norma hasta sexto básico, pero la indicación aprobada por la Comisión la extiende a todos los niveles de la enseñanza.

A la sesión asistió el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien explicó que esta iniciativa pretende evitar que los establecimientos educacionales exijan notas muy altas a los estudiantes para renovarles la matrícula, más allá del requisito de aprobar. "En ningún curso, tal como ya ocurre ya entre primero y sexto básico, un promedio de notas no brillante puede ser obstáculo para renovar la matrícula", señaló.

Los diputados de la Alianza expresaron su inquietud con respecto a que esta disposición en la práctica impida que los liceos emblemáticos puedan seguir seleccionando por criterios académicos, lo que fue descartado por el ministro, quien explicó que esto sólo regula la continuidad de los alumnos en un establecimiento, no la admisión.

También se aprobó una indicación de los diputados de la Nueva Mayoría para establecer que esto rija "en todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado", es decir, que también deberán acatarlo los colegios particulares pagados y no sólo los que reciben subvención del Estado.

Otra disposición que se aprobó ayer es que ningún colegio del sistema -no sólo los subvencionados, como lo indica la ley actual- podrá impedir la continuidad de un alumno debido a que sus padres cambien de estado civil, es decir, que se separen.

Entre las indicaciones que fueron rechazadas se cuenta una presentada por la "bancada estudiantil", que pretendía que en los procesos de admisión de los colegios no se pudiera considerar el sexo de los postulantes, lo que implicaba que no podían existir los colegios sólo de varones o de mujeres. También establecía que los colegios particulares pagados no podían seleccionar a sus alumnos en virtud del rendimiento escolar. Esto último, para los diputados de la Alianza era "introducir la tómbola en los colegios pagados", lo que a su juicio no estaba dentro del ámbito del proyecto de ley.

También se rechazó una indicación presentada por la Alianza en torno a la admisión de los estudiantes, que estipulaba que las familias debían "no sólo adherir" al proyecto educativo del colegio, sino también "comprometerse activamente en su realización". El plazo para despachar el proyecto en la Comisión finaliza hoy.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se reunió ayer con la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, con quien intercambió experiencias destinadas a conocer el modelo del país para abordar materias de seguridad y combate al terrorismo.

Tras en el encuentro, el secretario de Estado señaló que en la ocasión "hemos ratificado la intención de trabajar en conjunto desde el punto de vista de la cooperación y la colaboración que necesitamos para poder modernizar, fortalecer y hacer los cambios que nuestro sistema de inteligencia necesita".

Peñailillo aseguró que el Ejecutivo tiene claridad respecto a que se requiere una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) "que vaya mucho más allá de los debates regulares de gobierno a gobierno, sino que tiene que tener la proyección necesaria para que estos temas en el mediano y largo plazo puedan ser eliminados de Chile, como el terrorismo".

En esa línea, Peñailillo sostuvo que la finalidad de estos intercambios apunta a que "queremos estar conectados con los gobiernos europeos para que esos grupos (de subversivos) puedan ser llevados ante la justicia".

"Aquí lo importante es que el terrorismo no tiene cabida, no tiene espacio en un sistema democrático, no tiene cabida en Chile. Nosotros necesitamos un sistema de inteligencia, una institucionalidad acorde a ese desafío, y en ese sentido vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios. Por eso estamos visitando España, y también Francia, para conocer las experiencias internacionales en esta materia", añadió.

Consultado sobre qué aspectos de la legislación española se podrían aplicar en nuestro país, Peñailillo destacó "las atribuciones que tiene el Centro Nacional de Inteligencia; pero también de los mecanismos de control democrático, que todo país, con un Estado de Derecho y un sistema democrático tan sólido y potente como el español, tiene que tener".