Hace 13 años, un 16 de octubre de 2001, entró en vigencia en nuestra región la actual normativa procesal penal. Es claro y evidente que ésta transformó el sistema de enjuiciamiento criminal, mediante el establecimiento de un sistema de justicia penal de corte adversarial, en el cual la resolución de conflictos jurídicos- penales, quedó radicada en jueces de garantía y jueces orales en lo penal, quienes no tienen injerencia en la realización de diligencias tendientes a averiguar la existencia de un delito y la determinación de sus responsables. Quedando la labor investigativa, radicada en el Ministerio Público, órgano que por disposición constitucional, posee los recursos y atribuciones legales. Por su parte la Defensoría Penal Pública, se avocó desde aquel día a proporcionar defensa penal de calidad a toda persona contra quien se dirija una investigación criminal y que no cuente con abogado de confianza. Mandato legal que la Defensoría Penal Pública cumple a cabalidad, mediante la presencia de Defensores Penales Públicos y Licitados, lo que permite hacer efectivo el Derecho a defensa materializando de esta forma, una garantía establecida tanto a nivel constitucional desde la normativa internacional de derechos humanos.

Por otro lado, y desde el cotidiano de los habitantes de nuestra región, más allá de las virtudes técnicos- jurídicas del sistema de enjuiciamiento criminal, la comunidad se ha visto beneficiada con elementos centrales como lo son: la rapidez en la solución de los conflictos penales, la posibilidad de conocer en audiencia las pretensiones de cada interviniente; la existencia de órganos avocados en forma seria y profesional a la resolución de conflictos penales.

Sin embargo, a mi juicio, queda aún pendiente un cambio en las prácticas culturales de cada ciudadano, que consiste en que cada persona logre visualizarse en el otro, ya sea como víctima e imputado, y en esa representación avanzar desde la cultura de la exclusión y el rechazo; hacia la cultura de la inclusión y la prevención.

Hay un deterioro de la libertad de expresión en América Latina, ninguno de los países miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa está entre los 20 mejores del mundo en esta materia, cuestión que se mantiene año tras año.

A pesar de que la mayoría de los países recuperó la democracia en las últimas tres décadas, los avances no son suficientes. Más aún, hay situaciones donde se registran empeoramientos.

Entre otros, denuncia la SIP, se cuentan Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.

El país del Guayas resulta preocupante por las amenazas y restricciones a la libertad de prensa. Entre las acciones discutibles se cuenta incluso la sanción económica de 150 mil dólares que debió pagar el diario El Universal por no censurar una caricatura que molestó al presidente Rafael Correa.

Se suma Bolivia, donde varios diarios denuncian hostigamientos, sanciones económicas e incluso allanamientos.

El cientista Álvaro Vargas Llosa se explayó en la reunión realizada en Santiago, criticando con dureza los "regímenes populistas y autoritarios" del continente, a los que calificó de poseer una fuerte concepción ideológica, resumida en la lógica del "Estado redentor" y "privados explotadores".

La consecuencia final, y que se observa, es que las sociedades pierden libertad de expresión, mediante la leyes que atentan contra los contenidos y en otros contra la propiedad de los medios, como en Argentina y el país altiplánico vecino.

Un dato relevante es que este tipo de problemas deben ser denunciados, incluso a nivel continental, considerando la serie de restricciones que se padecen a nivel interno. En concreto, muchos medios sufren con las amenazas verbales, legales, castigos económicos y hasta acciones físicas, como golpizas, muertes y desapariciones. Ataques de los gobiernos, grupos delincuenciales, traficantes y paramilitares, son algunos de los males denunciados.

Sin libertad de prensa no hay democracia. Ello es irrefutable, y da cuenta de una profunda convicción por los derechos humanos. De eso se trata, precisamente el libre ejercicio periodístico.