Hace unos días un columnista en este mismo espacio se extrañaba de cómo era posible que el premio de la Fundación Prohumana de Responsabilidad Social Empresarial hubiera sido este año para una empresa del sector bancario, particularmente al Banco BCI. Es lógica la extrañeza, por cuanto para los que medianamente saben del quehacer de las empresas en RSE, no se ve precisamente a la banca como muy destacada en este ámbito, también sería cuestionable este premio en empresas del retail u otras.

Hace unos días, el Sernac evaluó el comportamiento de clientes del sector bancario y se analizaron 15 entidades, el resultado fue el que habríamos esperado todos: el sector reprobó con una nota promedio de 3,8 y en particular el Banco BCI queda en el cuarto peor lugar con un magro 3,5.

¿Qué están entendiendo las empresas entonces por RSE y en particular organismos como Prohumana, que hace pomposas premiaciones con la presencia de la Presidenta entregando el reconocimiento? Tengo que referirme a columnas anteriores, Michael Porter lo dijo en Antofagasta, la RSE no pasa de ser para las empresas más que relaciones públicas y como tal, está llena de cocteles, cenas, fotos, entrega de regalitos, acciones de filantropía, en los cuales se invitan autoridades y al que acuden todos aquellos acostumbrados a los besamanos de rigor.

Hoy, en nuestra región y en el país no existe una instancia que contraponga el accionar de las empresas en RSE. Prohumana, que aparece como tal, está formada por las mismas empresas que se felicitan unas a otras y se premian entre ellas. No existe la instancia que entregue la Licencia Social de Operación. ¿Quién evalúa que lo que las empresas informan es sus preciosos documentos de RSE es lo que la comunidad quiere de sus empresas? ¿Dónde se discute y analiza lo que cada comunidad espera que hagan sus empresas para recibir esa llamada Licencia Social? El gobierno , que pudiera ser una instancia evaluadora sólo vela porque las empresas cumplan los mínimos medio ambientales y eso no es RSE, eso es cumplir con la ley.

A propósito de la polémica sobre si las canchas de entrenamiento en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán", que servirán de apoyo para la Copa América 2015, avanzan de acuerdo a los tiempos planificados para su construcción, no es menos cierto que ya sabemos en forma reiterada de postergaciones y "nuevos plazos de entrega" en proyectos urbano para Antofagasta.

Es más podríamos decir -sin caer en excesos- que es una práctica habitual en nuestra ciudad no terminar los proyectos en aquellos plazos estipulados. Y los ejemplos están a la vista: la nueva cárcel (ícono en este tema), remodelación de la avenida Pedro Aguirre Cerda, Parque Los Pinares (ahora abandonado) y el aeropuerto Cerro Moreno, por decir algunos de la lista.

El problema es digno de análisis. Los atrasos en definitiva significa costos. Aquí no sólo hablamos de los mayores fondos que implica realizar obras anexas o nueva disposiciones de los mandantes, en este caso de servicios públicos y hasta del mismo Fisco. También hablamos de las molestias y atrasos para los usuarios que ven intervenida su calidad de vida con estas demoras.

Sin embargo pasan los gobiernos -ya sea comunales o regionales- y no existen gestiones administrativas serias para que estos atrasos queden en el olvido, sobre todo en proyectos clave en el desarrollo urbano de Antofagasta.

El caso de la avenida Pedro Aguirre Cerda resulta increíble en una región que dice estar a pasos del desarrollo, porque simplemente no existe coordinación entre servicios públicos y empresas privadas para disponer el cableado subterráneo en la nueva vía para Antofagasta.

Así pasan los meses y aún esa avenida continúa sin mayores avances, superando con creces sus plazos de entrega y como queda en evidencia estará recién lista para los primeros meses del 2015. La pregunta pasa por quién pagará los costos para vecinos y usuarios que todos los días tienen que hacer desvíos y soportar los "tacos" por esta obra inconclusa.