El escándalo que sacude Brasil desde hace varios meses por desvíos millonarios en la petrolera Petrobras, mayor empresa del país, se agravó ayer con el arresto de un ex director de la estatal y de ejecutivos de nueve importantes empresas nacionales.

El ex dirigente de Servicios de Petrobras Renato Duque fue detenido en Río de Janeiro en una nueva fase de la operación de la Policía Federal conocida como "Lava Jato", iniciada en marzo y que ayer movilizó a 300 agentes en seis estados brasileños para cumplir 85 órdenes de captura.

La petrolera estatal está en el centro de las investigaciones de la operación y, según las autoridades, el esquema de corrupción movilizó en términos de lavado de dinero y de sobrefacturación unos 10.000 millones de reales (unos US$ 3.850 millones).

En el marco de las investigaciones sobre lavado de dinero, la Policía Federal detuvo hace unos meses al ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, quien aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena.

Costa, quien durante años fue uno de los principales ejecutivos de la empresa, denunció un aumento ilegal del precio de varias obras y operaciones de compra de refinerías, además de cobros adicionales en contratos con terceras empresas, con el objetivo de alimentar una red de sobornos a políticos y partidos.

El escándalo de corrupción de Petrobras fue uno de los temas más debatidos en la campaña electoral para los comicios de octubre, en los cuales fue reelegida la Presidenta Dilma Rousseff, quien llegó a ser acusada por una revista de conocer el esquema de corrupción.

El Presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció ayer que usará sus poderes ejecutivos para reformar, antes de fina de año, las políticas de inmigración, lo que puede impedir la deportación de cinco millones de indocumentados.

"Esto va a ocurrir antes del fin de año", aseveró Obama en una comparecencia ante la prensa junto a la líder opositora birmana, Aung San Suu Kyi, en Rangún, la antigua capital de Birmania (Myanmar).

Obama, que calificó EE.UU. como un "país de inmigrantes", señaló que el sistema de inmigración de su país está roto y que necesita actualizarse para afrontar los problemas actuales.

"Dije que si el Congreso no actuaba, yo usaría todo mi autoridad que poseo por ley para tratar de mejorar el sistema", espetó el Mandatario norteamericano.

Obama agregó que está dispuesto a firmar una ley de inmigración en cuanto el Congreso se la presente.

Según el diario "The New York Times", Obama planea anunciar la próxima semana un paquete de medidas ejecutivas que protegerán de la deportación a cinco millones de inmigrantes indocumentados.

El influyente diario es el segundo medio que apunta a un anuncio de Obama sobre inmigración para la próxima semana, ya que la cadena conservadora Fox se pronunció en el mismo sentido este miércoles.

El periódico sostiene que una "pieza clave" del plan de Obama es permitir que muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan permisos de trabajo y eviten así la amenaza de la deportación.

Esa pieza del plan podría afectar a entre 2,5 y 3,3 millones de personas, dependiendo del tiempo de permanencia en el país (diez o cinco años) que se fije como requisito para los potenciales beneficiarios.

Pese a las versiones de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló este jueves que el Presidente todavía no ha tomado una decisión sobre cuándo hará el anuncio ni sobre el contenido exacto de las medidas ejecutivas.

Fuentes de la Casa Blanca consultadas por EFE insisten en lo mismo, ya que Obama está pendiente de recibir las "recomendaciones finales" de su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson.

Amenaza de republicanos

Ante el inminente anuncio migratorio del Presidente, un grupo de republicanos liderado por los senadores Ted Cruz, Mike Lee y Jeff Sessions amenaza con bloquear la aprobación de fondos para financiar el funcionamiento del Gobierno y la "amnistía ilegal" que, según ellos, Obama pretende llevar a cabo.

Ese bloqueo podría conducir a una nueva parálisis de las actividades del Gobierno como la ocurrida en octubre de 2013, que se prolongó durante más de dos semanas y causó unas pérdidas de US$ 1.500 millones diarios a la economía estadounidense.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, pidió a Obama que no anuncie sus medidas sobre inmigración hasta que el Congreso apruebe, antes del próximo 11 de diciembre, el paquete de gasto que financiaría al Gobierno en 2015.

"El Presidente ha dicho que va a tomar medidas ejecutivas. La cuestión es cuándo. Eso es su decisión. Pero a mí me gustaría que las finanzas del país estuvieran resueltas antes de que lo haga", dijo Reid a la prensa, el jueves, a la salida del Senado.