Cerca de 250 trabajadores despedidos y 16 proyectos inmobiliarios detenidos con un stock de 1.531 viviendas nuevas son algunas de las consecuencias del freno en la aprobación de proyectos inmobiliarios que se mantiene desde marzo.

A esto hay que agregar $2.000 millones menos en el presupuesto municipal, y $20.000 millones de inversión congelada.

El problema advierten los privados es que en los próximos tres años, no se aprobará ningún proyecto nuevo, tras la determinación final de Contraloría que obliga al municipio a actualizar el Plan Regulador (PR), para autorizar las obras de edificación en altura (ver recuadro).

La determinación afecta 775 hectáreas del radio urbano de la ciudad.

Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jaime Tolosa, este escenario claramente repercutirá en un menor stock de viviendas que comenzará a evidenciarse a fines de 2015 ó incluso en el 2016. Al no tener un buen stock, agregó, los precios subirán, tanto para arriendos como para ventas.

"Hasta que no se solucione el problema se congelarán algunas ventas de terrenos, por lo que varias personas no podrán vender, sumado que además se incorpora una nueva variable, la reforma tributaria por lo que el IVA en la construcción será otro factor en los precios, y tal vez algo que aún no hemos explorado, es que con este nuevo escenario el Servicio de Impuestos Internos, deberá reevaluar el 60% de los suelos de Antofagasta a la baja", dijo el dirigente gremial.

Según Tolosa se perdió un tiempo valioso desde que se originó el problema en los primeros meses de este año para encontrar una solución. "Se podría haber iniciado la modificación inmediatamente del Plan Regulador cuando lo advertimos y hoy los estudios estarían avanzados, pero aún no empiezan, y tampoco tenemos la confirmación que se haya incluido en el presupuesto 2015 del municipio".

Constructoras

El gerente de operaciones de la Constructora CRC, Juan Emilio Santiago, recalcó que cerca del 66% de los terrenos donde se podría seguir construyendo viviendas en la ciudad están afectados por el problema.

"No se pueden construir edificios de más de cinco pisos. Las empresas no comprarán un terreno donde no se puedan edificar grandes torres (edificios), porque no es rentable y si deciden construir asumiendo la actual normativa tendrán que comprar los terrenos a un valor bastante menor. Esto afecta a los que quieren vender y a las empresas", dijo.

En tanto, Jaime Tolosa agrego que "lo más importante, es que la falta de actualización del PR no es un problema solo para los inmobiliarios, que por cierto lo es, sino que es una "temática ciudad", pues define el ordenamiento territorial para las próximas décadas, en una ciudad como Antofagasta donde el déficit de vivienda ya es grande, por lo que se necesita instaurar una mesa de trabajo y escuchar las propuestas de todos los actores".

Municipio

Héctor Gómez, asesor jurídico del municipio, sostuvo que "el dictamen de Contraloría tiene contradicciones de fondo respecto del mismo Plan Regulador puesto que este instrumento tiene todas las certezas que requiere la comunidad y en particular la ciudadanía y las empresas inmobiliarias para poder desarrollar adecuadamente su labor".

"Vamos a recurrir nuevamente a la Controlaría con el objeto de presentar un recurso de revisión, el que será presentado en el transcurso de la próxima semana, indicando lo insostenible que resulta el dictamen. Lo que buscamos es que se mantenga la actual normativa de la ordenanza del Plan Regulador tal como fue aprobada el 2001", dijo el profesional.

Gómez subrayó que la alternativa puntual al problema es la modificación del Plan Regulador, "pero es importante señalar que su modificación no es una tarea fácil de realizar, porque la tramitación en sí es bastante engorrosa y además requiere de un tiempo y de recursos prudentes".

El problema en el Plan regulador se originó a raíz de una observación realizada por el Minvu a la Contraloría solicitando su pronunciamiento por la aplicación de ciertos reglamentos que estarían fuera de la ley, entre ellos la utilización de una norma urbanística (Frente Predial Mínimo) derogada en el 2004. El dictamen de la Contraloría afecta las edificaciones en altura, lo que significa que los proyectos tienen un índice de constructibilidad (máximo de metros cuadrados a construir sobre un terreno) mucho menor al aplicado hasta hoy.