El fiscal regional Cristian Aguilar confirmó que el Ministerio Público lleva adelante una investigación desformalizada por presuntos delitos ambientales asociados a las operaciones en el Puerto de Antofagasta.

Las pesquisas se iniciaron en marzo de este año y a la fecha aún existen diligencias en desarrollo, las cuales se están realizando con apoyo de brigadas especializadas de la PDI de Antofagasta y Santiago, además de la Unidad de Delitos Económicos y Crimen Organizado (Undeco) de la Fiscalía Nacional.

Aguilar explicó que la investigación se inició "de oficio", es decir, sin denuncia o querella previa, frente a la "difusión por distintos medios de comunicación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito medioambiental".

El periodo en que se instruye la apertura del caso (marzo de este año) coincide con la difusión de los primeros muestreos que establecieron la presencia de metales pesados en las inmediaciones del puerto, situación que influyó en la medida adoptada por la Fiscalía.

PESQUISAS

Cristian Aguilar dijo que las pesquisas se encuentran avanzadas, sin embargo, aún no existen antecedentes suficientes para tomar una decisión en torno a una posible formalización. Esto, agregó, podría cambiar a fin de año, con la llegada de los resultados de una serie de pericias y diligencias cuya naturaleza no reveló.

En una primera etapa, la investigación de la Fiscalía ha estado enfocada a acreditar la existencia de contaminación en el Puerto de Antofagasta.

Para despejar esta interrogante, a mediados de abril peritos del Departamento de Ecología del Laboratorio de Criminalística de Santiago tomaron ocho muestras de material particulado al interior del Puerto de Antofagasta y otras quince en la zona costera cercana al terminal.

El material fue enviado a Santiago y los resultados del análisis se transformaron en pieza fundamental en el primer informe entregado por la PDI al fiscal del caso, Pablo Medina, quien recibió los antecedentes en junio, disponiendo otras diligencias que aún no se concretan.

En términos judiciales una investigación "desformalizada" no tiene plazos de cierre ni está dirigida contra alguien en particular, a diferencia de una investigación "formalizada", donde existe una persona a la cual se le notifican cargos y el tribunal fija un plazo para concretar las pesquisas.

En este último caso, de la formalización se puede pasar luego a la "acusación" y posteriormente a un juicio oral si el fiscal estima que existen antecedentes que acrediten los delitos investigados.

Sobre el tema, Cristian Aguilar comentó que en materia de delitos medioambientales no existe responsabilidad para las personas jurídicas, por lo tanto, responden por ella "las personas naturales que han participado en forma directa en la comisión de los delitos", y no las empresas.

INUSUAL

La investigación en el Puerto de Antofagasta es un hecho excepcional en la historia de la Reforma Procesal Penal.

El único antecedente que existe de una causa abierta de oficio por el Ministerio Público por presuntos delitos medioambientales data de 2005, cuando la nave Eider derramó miles de litros de hidrocarburos tras encallar en unos roqueríos frente a Las Petroleras, contaminando 7 kilómetros de borde costero.

Aquella vez el Ministerio Público formalizó al capitán de la nave, de nacionalidad filipina, quien sólo pudo abandonar el país una vez que los armadores de la embarcación depositaron una millonaria fianza para responder a los daños causados.

EXPERTOS

Cristian Aguilar señaló que las investigaciones por delitos ambientales normalmente son complejas, situación que explica la colaboración solicitada a especialistas de la PDI y de la Fiscalía Nacional.

El jefe regional del Ministerio Público explicó que el caso tiene una relevancia especial para el organismo. Por eso esperan "tener noticias en el corto plazo, de acá a fin de año".

Consultada sobre el tema, Antofagasta Terminal Internacional, empresa que transfiere el 95% de la carga que ingresa o sale del puerto, manifestó su disposición a colaborar con el trabajo de la Fiscalía.

"Las empresas siempre debemos estar disponibles para demostrar que actuamos de acuerdo a la ley y las normas vigentes. Por lo tanto, no cabe una actitud diferente que colaborar cada vez que somos requeridos por las autoridades pertinentes", indicó la firma.

La concesionaria agregó que la investigación ayuda a despejar mitos y transmitir tranquilidad a la ciudadanía respecto a sus procesos, los cuales están sujetos a mejoras continuas.

"Hasta ahora sólo recibimos a la PDI el 15 de abril pasado, ocasión en que abrimos las puertas de nuestro terminal para las inspecciones necesarias. Tras esa fecha no hemos recibido nuevos requerimientos", señaló la empresa portuaria.