El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó ayer otorgar una indemnización de casi un millón de dólares a las hijas de Carlos Prats, excomandante del ejército asesinado en 1974 por agentes de la desaparecida Dina en Argentina.

La indemnización de unos US$985.000 (lo que equivale a más de $600 millones) sería una de las más altas aprobadas hasta ahora por la justicia chilena para casos de violaciones de derechos humanos, según indicó ayer el diario El Mercurio, quien adelantó ayer parte del acuerdo.

Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert murieron luego de que estallara una bomba colocada bajo su automóvil en un barrio de Buenos Aires, en octubre de 1974. El artefacto explosivo fue instalado por el estadounidense Michael Townley, quien era agente de la Dina.

La indemnización, según informó el diario, es menor a la dictaminada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que establecía en casi 1,2 millones (equivalente a $724 millones) el pago y determinó que junto a daño moral existió daño emergente para las tres hijas del matrimonio asesinado.

Si los familiares de Carlos Prats aceptaran la indemnización el siguiente paso sería la aprobación del Ministerio de Hacienda. Esto porque se trata de una suma de dinero muy alta, que supera las tres mil Unidades de Fomento (UF).

Sólo tras esto la Corte Suprema podrá aceptar la conciliación y no revisará la casación actualmente se tramita en su Tercera Sala.

Nueve de los participantes en el crimen de Prats fueron condenados en fallos inapelables de la Corte Suprema, entre ellos el general Manuel Contreras, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), que acumula en total condenas que superan los 100 años de presidio entre diversos crímenes por los que ha sido procesado. También fue condenado su segundo, el brigadier Pedro Espinoza.

El exgeneral Augusto Pinochet sucedió a Prats en la jefatura del Ejército en agosto de 1973, y apenas 19 días después, tras el golpe de Estado que terminó con el Gobierno del expresidente Salvador Allende, mandó a Carlos Prats al exilio.

La instancia de conciliación entre los familiares de las víctimas y el Estado fue abierta en noviembre recién pasado por el máximo tribunal del país.

La suma acordada de $600 millones es exactamente la que pidieron las hijas.

Durante la madrugada de ayer la embajadora de El Líbano en Chile, Brigitta Al-Ojeil, fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en la comuna de Lo Barnechea en Santiago. Efectivos de OS-9 de Carabineros debieron llegar hasta su casa para comenzar las diligencias para encontrar a los agresores.

El asalto ocurrió a eso de las 1:30 horas de la madrugada de ayer, cuando cuatro delincuentes ingresaron a su casa forzando la puerta de entrada que había quedado sin seguro, según explicó la misma víctima a los funcionarios de la policía.

Según informaron los uniformados, una vez adentro los antisociales intimidaron al jardinero Alí Abdallah, también libanés, utilizando un cuchillo. Luego le cubrieron la cabeza con una frazada y lo hicieron ir a buscar a la diplomática al segundo piso de la propiedad.

Allí entraron a su dormitorio y la amenazaron de muerte. Luego de eso la amarraron a ella y al jardinero de manos y pies y cubrieron sus cabezas con fundas de almohadas, golpeándolos con la empuñadura de sus armas de fuegos en reiteradas ocasiones, en la cabeza y en diversas partes del cuerpo.

Tras robar una cartera con dicumentos de la embajadora y dinero, cuya cantidad no se había determinado hasta ayer, los asaltantes huyeron del lugar. Ambas víctimas resultaron con lesiones de diversa consideración, pero el jardinero fue quien se llevó la peor parte, siendo trasladado a un recinto asistencial.

A raíz de este hecho el canciller Heraldo Muñoz, confirmó ayer que el Gobierno solicitó protección policial especial para la diplomática. "Es una gran preocupación. Yo he estado en contacto telefónico con ella esta mañana. Ella está ya más tranquila, pero por cierto un asalto de esta naturaleza la tiene inquieta", afirmó el ministro tras el anuncio.

Muñoz además explicó que ya se había puesto en contacto con el Ministo del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien le informó que las investigaciones "están bien encaminadas para establecer estas responsabilidades en este asalto".

El secretario de Estado además habló con la embajadora, a quien le informó que "se solicitó a Carabineros que realice un resguardo especial".

Un día después de conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes por el segundo juicio contra Martín Larraín por el atropello de Hernán Canales, el abogado defensor de la familia de la víctima, Gonzalo Bulnes, afirmó que los jueces "estaban decididos a absolver".

En entrevista con radio Bío-Bío el representante de la familia Canales descartó que la fiscalía no presentara las pruebas necesarias para acreditar el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y del cuasidelito de homicidio por el que fue acusado el hijo del ex senador.

"Para llegar a un veredicto tienes que desechar pruebas, y si desechamos todo lo que se nos pone enfrente claro llegamos a la conclusión de que no hay pruebas. Pero no es que no se haya probado, las pruebas estaban claras, simplemente no se quiso aceptar", señaló el abogado.

Bulnes además cuestionó que el tribunal considerara el testimonio de Jorge José Hurtado Velasco para absolver a Larraín puesto que "es el primo hermano de uno de los que iban en el auto". El abogado además afirmó que ese testigo "describe una escena quee es imposible que haya acontecido" y agregó "¿por qué le dan fe? porque estaban decididos a absolver (...) esa decisión se tomó previo al análisis de la prueba", señaló.

Sobre la posibilidad de pedir la nulidad, el profesional afirmó que eso no es posible, "porque nos dejaron fuera con este arreglo con la viuda" y que sí puede hacerlo la fiscalía. "Si es que no le fuera bien a la fiscalía, nosotros creemos que la Suprema puede actuar", dijo y no descartó que transcurrida esa instancia pudieran acudir a tribunales internacionales, porque consideran que no se respetó el debido proceso.

opciones de la fiscalía

Desde el Ministerio Público, en tanto, aclararon que es muy poco probable que se pueda realizar un nuevo juicio contra Martín Larraín. El organismo persecutor analiza la posibilidad de elevar un recurso de queja ante la Corte Suprema por el actuar de los jueces.

El fiscal regional del Maule, Mauricio Richards, explicó que la opción del recurso de queja se definirá una vez que se conozca el detalle de la sentencia, que se leerá el 31 de diciembre a las 11 de la mañana.

"Si vemos que en la sentencia se hubiere cometido alguna falta o abuso grave, la vía que tenemos para impugnar eso es el recurso de queja. Tenemos cinco días contados desde la notificación de la sentencia y no quepa duda de que, si nos parece que en alguna de las decisiones, en alguno de los argumentos del tribunal pudiera haber alguna falta o abuso grave, lo vamos a impugnar", dijo, aclarando que eso no implica que vaya a haber un nuevo juicio. "Eso es muy poco probable", sentenció Richards en declaraciones citadas por Cooperativa.