Como "injustas y poco informadas", calificó el fiscal regional, Cristian Aguilar, las críticas planteadas por el Presidente de la Corte de Apelaciones, Óscar Clavería, al trabajo de estos actores en las investigaciones.

La semana pasada, la máxima autoridad judicial en la región, dijo que no existe un adecuado control sobre la labor de los fiscales y que incluso hoy se da la paradoja que muchos ni siquiera se presentan en los sitios del suceso.

"Acá cuesta que se levanten, incluso en el caso bomba (la detención de tres sujetos con explosivos en septiembre) el fiscal no apareció en la noche. Entonces, necesitamos mayor presencia de los fiscales para que apoyen a las policías", afirmó aquella vez el ministro, quien ya antes había planteado internamente las mismas aprensiones.

DIRECTRICES

Tras varios días de silencio, Cristian Aguilar aseguró a través de un comunicado de prensa que los 24 fiscales de la región llevan a cabo su labor de forma eficiente, pese a la sobrecarga de trabajo que deben enfrentar atendido que en el último tiempo se duplicó el número de causas que ingresan al Ministerio Público.

Agregó que los fiscales concurren a los sitios del suceso de acuerdo a "directrices internas de la institución" y que su trabajo lo realizan en estrecha coordinación con Carabineros y la PDI, que a su vez cuentan con personal profesional y especializado.

Esta preparación de las policías, dijo el fiscal regional, es la que permite que las diligencias que puedan instruirse, ya sea en terreno o telefónicamente, sean las más apropiadas para el caso.

Respecto a las críticas de que no hay control sobre la gestión de los fiscales, estimó que "se deben al desconocimiento que existe sobre la forma en que los fiscales ejercen sus funciones, lo que se encuentra regulado a nivel constitucional, legal y reglamentario".

Agregó que los fiscales están sometidos a un riguroso proceso de control al trabajo que realizan, tanto desde el ámbito cualitativo como cuantitativo, la cual se efectúa anualmente y es retroalimentada a lo menos semestralmente.

"A lo anterior, debe agregarse por una parte que los fiscales tienen responsabilidad civil, penal y administrativa en el desempeño de sus actos; y por la otra, que el trabajo fiscal se encuentra sometido a múltiples controles jurisdiccionales en la ley procesal penal, especialmente en la etapa de investigación, a cargo del juez de garantía, por lo que en consecuencia a los fiscales sí se les controla y bastante, tanto a nivel interno como externo", manifestó el abogado.

Cristian Aguilar destacó la labor de los fiscales y lamentó "las críticas injustas y poco informadas de terceros que internamente no conocen la función de la Fiscalía".

La falta de terrenos para la explotación y exploración minera está afectando seriamente a los pequeños productores de la región.

Las asociaciones gremiales de Antofagasta y Calama coincidieron en que cada vez más particulares manifiestan interés sobre un espacio sin intención de desarrollar producción, sino con el único objetivo de especular con una posible venta o servidumbre.

Según los datos actualizados del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el 76% de la superficie regional está sujeta a concesión minera, lo que equivale a 12 millones 604 mil hectáreas. De ese total, el 42% corresponde a concesiones de explotación y el 34% a exploración.

Se trata de un panorama poco alentador para los pequeños productores mineros, que prácticamente no tienen dónde desarrollar su actividad productiva. "Hay pertenencias gigantes. de más de 1.000 hectáreas, sin ningún tipo de movimiento esperando por años que venga un consorcio extranjero a comprarla. Pero eso es muy difícil considerando que no están los recursos para hacer exploración", aseguró Jaime Aguilera, presidente de la Asociación Gremial Minera de Calama.

Según el dirigente, en la Provincia El Loa incluso se ha dado que propietarios de concesiones han vendido la propiedad para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Codelco

De acuerdo a lo expresado por Aguilera, el problema tiene tal magnitud que incluso están impulsando una mesa de trabajo con la autoridad sectorial y ejecutivos de Codelco para que les permitan explotar algunas de sus propiedades que, dado el bajo volumen de reservas, para la estatal no son atractivas.

Antofagasta

En la comuna de Antofagasta la situación es similar.

"Este instrumento se diseñó con el propósito que los pequeños mineros, habiendo hecho alumbramiento de minerales en el lugar explorado, pudieran utilizar la superficie de ese subcerro con el propósito de establecer instalaciones productivas como plantas de tratamiento, campamentos, etc.", aseguraron en la Asociación Gremial Minera de Antofagasta (Agrema).

Según su visión, "extender el uso de estas herramientas para otros fines, escapa al espíritu de la ley y limita las posibilidades de trabajo de los verdaderos productores".

Al respecto, al director regional del Sernageomin, Enrique Viveros, explicó que de acuerdo a lo establecido en la legislación los titulares de concesiones mineras no están obligados a desarrollar labores de exploración o extractivas en sus concesiones.

La única obligación que tienen es el pago anual de la patente minera que se calcula de acuerdo al número de hectáreas que posee el concesionario.

"Las facultades del servicio en materia de concesiones mineras tienen relación con asistir técnicamente a los tribunales ordinarios de justicia mientras se tramita la correspondiente concesión de exploración o explotación", explicó la autoridad.

Viveros aclaró que toda faena minera es fiscalizable por Sernageomin con el objetivo de asegurar la vida de las personas que allí laboran, "pero no tenemos facultades de fiscalización respecto a quién o cómo se otorgan las concesiones mineras ya que eso está regulado por ley.