"Mentiroso" y "absurdo" fueron algunos de los términos que usaron los parlamentarios de la región para calificar el proyecto de reforma constitucional que dispone la elección popular de los intendentes. Este anhelado texto legal responde a una de las diez medidas esenciales propuestas a fines de 2014 por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización.
El Mensaje del Ejecutivo con el proyecto de ley fue evacuado el 30 de diciembre pasado e ingresado este lunes al Senado. Al día siguiente se dio cuenta en primer trámite legislativo a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta.
En lo medular, propone la elección de intendentes, en tanto jefe del gobierno regional, por sufragio universal en votación directa; los mandatos durarán cuatro años, pudiendo postular sólo a la reelección inmediata; el intendente, dado su carácter electo, presidirá el consejo regional; y le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región.
Sin embargo, el proyecto también considera la creación de una nueva figura denominada "gobernador regional", quien será el representante del Presidente de la República en la región, designado y removido libremente por éste.
De acuerdo al texto ingresado por el Ejecutivo al Senado, "el gobernador regional coordinará, supervigilará y fiscalizará el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (por ejemplo, seremis y directores regionales de servicios)".
Asimismo, esta nueva autoridad tendrá a su cargo tareas propias de gobierno interior, "tales como control del orden público, combate a la delincuencia, extranjería, emergencias y, en general, la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región", agrega el proyecto.
Fechas
La iniciativa de gobierno pide al Legislativo la celeridad necesaria para materializar la primera elección de intendentes junto con las elecciones políticas nacionales de 2017, "de modo que los nuevos ejecutivos regionales asuman sus mandatos en marzo de 2018, junto con el nuevo mandato presidencial".
Al respecto, el senador Alejandro Guillier (Indep-PRSD) aseguró que "definir la fecha de la elección de una autoridad cuyas facultades y competencias no están claramente definidas, es un absurdo. Todo este debate de si debe realizarse la elección en la municipales 2016 o las siguientes de 2017 o postergarlo para más adelante es inútil".
Sostuvo que la elección de la máxima autoridad regional no tiene sentido si no va aparejada con un proceso de descentralización con atribuciones en lo administrativo, político y financiero.
"Tal como ingresó el proyecto, no define estos aspectos fundamentales. Además crea una figura que es el gobernador regional, que va a ser un poder paralelo que va a reservarse una serie de tareas y que puede generar una rivalidad con el intendente. No veo una voluntad real ni claridad del gobierno para avanzar en una descentralización efectiva", manifestó.
Atribuciones
En tanto, el senador Pedro Araya (Indep) partió por valorar la iniciativa de la Presidenta para avanzar con este proyecto de ley, pero coincidió en que falta claridad respecto de las atribuciones, competencias y fuentes de recursos que tendrá la nueva administración. "No sacamos nada con tener intendentes electos, si no tienen fuentes de recursos", dijo.
No obstante, defendió que algunas reparticiones se mantengan bajo mandato directo del poder central a través del gobernador regional. "Hay que definir áreas críticas que deben quedar en manos del gobierno central -como vivienda o el tema ambiental-, y otras de carácter regional como el orden público que debe asumir el intendente electo, y eso se debe solucionar definiendo bien las competencias".
Algo más radical fueron las opiniones de la diputada de RN por el Cuarto Distrito, Paulina Núñez, quien calificó la propuesta del gobierno como "una mentira".
"Leyendo este proyecto nos damos cuenta que el intendente será lo que hoy conocemos como presidente del Core. Sin mayores competencias, sin poder nombrar a su gabinete y ahora con un gobernador regional que tendrá más poderes que él y que será de confianza del Presidente de la República. Es decir, la máxima autoridad regional seguirá siendo nombrada por el nivel central".
medidas
Núñez aseguró que "para avanzar en una real descentralización, proponemos entre otras medidas, que la máxima autoridad regional sea elegida democráticamente, con recursos propios y de libre disposición; con una ley que regule las estrategias de desarrollo regional con efecto vinculante. Y, con municipios y gobiernos locales fortalecidos".
Finalmente, la diputada Marcela Hernando (PRSD), se mostró conforme con la propuesta enviada por el Ejecutivo. "No hay un modelo de deje satisfecho 100% a todo el mundo. Me preocupa lo que significaría un intendente electo que sea de oposición a la coalición gobernante, porque eso significaría problemas. ¿quién nombraría a su gabinete, seremis, etc?", dijo.
Hernando aseguró que es necesario para el progreso de la región que ese intendente esté alineado con las políticas de gobierno y por otro lado independencia en lo relativo a las inversiones.
