El Ministerio de Educación publicó las cifras de los estudiantes que este año ingresarán a la educación superior y que fueron preseleccionados para optar a las becas que entrega el Estado.

Respecto del proceso pasado, la cantidad de quienes podrán postular a las becas Bicentenarios y Juan Gómez Millas, que cubren parte del arancel de las carreras universitarias, aumentó en un 45,6%.

Comparado con el año anterior, el beneficio, que permite financiar parte o todo el arancel de la carrera técnica o profesional, llegará a 23 mil personas más que el proceso anterior, superando los 74 mil estudiantes.

Para este proceso, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet realizó modificaciones que permitieron ampliar la cobertura de los beneficios. Así, el Mineduc explicó que disminuyeron parte de los requisitos académicos estableciendo un puntaje PSU de 500 puntos para optar a las becas Bicentenario y Juan Gómez Millas, dirigidas a estudiantes que ingresen a carreras universitarias.

Así, también disminuyó de 5,5 a 5,0 el promedio de notas de Enseñanza Media para acceder a la Beca Nuevo Milenio, en el caso de los alumnos que ingresan a carreras profesionales impartidas por un instituto profesional; mientras que para los centros de formación técnica, el promedio requerido se mantuvo en 5,0. Además se extendió la cobertura de las ayudas estudiantiles del sexto hasta el séptimo decil.

Por otra parte, los postulantes preseleccionados para la Beca Nuevo Milenio aumentaron en un 7,7%, llegando a 193.973 jóvenes, casi 14 mil más que en 2014.

En total son más de 256 mil quienes podrán optar a los beneficios estudiantiles entregados por el Estado este 2015. Del total de alumnos, más de 200 mil tienen preasignada una beca (complementada o no con la preasignación de un crédito), lo que implica un crecimiento del 6,8% respecto al año 2014.

Parte de las cifras publicadas por el Ministerio de Educación destacan que un 95,6% de los estudiantes preseleccionados para becas o Fondo Solidario egresó de colegios municipales o particulares subvencionados.

Los resultados a las becas de arancel y al Fondo Solidario ya están disponibles en el sitio del Mineduc www.becasycreditos.cl. Además, en www.ingresa.cl desde las 18 horas de ayer están los resultados para los estudiantes que postularon al CAE.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto que crea un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo. La iniciativa, también conocida como Ley Ricarte Soto, espera llegar a cubrir los tratamientos de 20 mil personas con un presupuesto que se elevará de los $17 mil millones actuales a unos $200 mil millones en los próximos cuatro años.

La Mandataria destacó el trabajo que realizó el fallecido periodista y aseguró que "no nos parece tolerable que un compatriota muera o exponga su vida por falta de atención".

La Jefa de estado sostuvo que con esta ley se espera que "la calidad de salud no dependa del dinero que tengamos y no queremos que los enfermos se vean obligados a marchar para asegurar su salud".

El fondo, de carácter universal, cubrirá los tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada.

En una primera etapa se incorporarán todos los tratamientos de alto costo y poco frecuentes que actualmente son financiados por Fonasa, extendiéndose la protección financiera a los beneficiarios de las Fuerzas Armadas e Isapres que hoy no tienen acceso.

Al igual que en el Auge las personas cuyo tratamiento se encuentre cubierto por esta ley serán notificadas del beneficio por su médico tratante.

Los tratamientos serán entregados a través de una red de prestadores de salud aprobados por el Ministerio de Salud de acuerdo con su calidad técnica.

Para incorporar nuevos medicamentos al sistema, una comisión evaluará, técnica y científicamente, los tratamientos que no se encuentren incorporados al fondo. Si cumplen con los requisitos establecidos, serán integrados al sistema. Cada tres años se entregará una nueva lista que agregará tratamientos cubiertos por el fondo.

La ley contempla varias instancias de participación social y de transparencia. El sistema será vigilado y supervisado por una Comisión Ciudadana, garantizando la transparencia y rectitud en el otorgamiento de los tratamientos. Además, serán públicas las actas de evaluación de los tratamientos y las recomendaciones podrán ser impugnadas por la comunidad.

El fondo se financiará con aporte fiscal directo. El sistema se inicia con una inversión de $50 mil millones, incrementándose al 2018 anualmente, para llegar a un monto de $200 mil millones ese año. Con la firma del proyecto, ahora éste ingresará al Congreso para su discusión parlamentaria.