El 2014 ya fue un año perdido en este gobierno, con reformas completamente ideologizadas, cero disposición a negociar, absolutamente sordos a las demandas de la ciudadanía, y valiéndose de una mayoría circunstancial en el congreso para justificar su ensimismamiento.

Lo mismo sucedió con las autoridades locales. Las políticas regionales quedaron desplazadas nuevamente por el centralismo. No podemos seguir permitiendo atrasos para empujar políticas regionalistas por la espera eterna de respuestas desde Santiago. Necesitamos autoridades que salgan más a terreno, que estén más conectadas con la realidad de nuestra región, y menos con las ideologías de sus propios partidos.

Pero aún queda tiempo de enmendar el rumbo. A la Nueva Mayoría le quedan tres años de gobierno para corregir este año perdido que tuvo como debut.

Es necesario que el Gobierno Regional promueva un mayor trabajo con los municipios, por ejemplo. Pero que trascienda los colores políticos y se enfoque en las necesidades de la región y las prioridades de nuestras comunas.

Sin embargo, esto no se logrará si la Nueva Mayoría no entiende que deben gobernar para todos los chilenos y no solo para los de su sector. Eso trae como consecuencia que hoy tengamos que ver a nuestras autoridades locales en el espiral del silencio, sin poder sacar la voz por la región. Autoridades con miedo a perder sus puestos de trabajo no sirven.

En nuestro rol opositor, hemos sido bien autocríticos, y por eso tenemos una nueva declaración de principios, la que nos permitirá ser una oposición constructiva y propositiva para este año que comienza en base a nuestras ideas. Vamos a conformar una nueva y gran coalición política que proyecte alternancia en el poder y recupere la confianza de la ciudadanía. Con ideas claras que sintonicen con las personas y solucionen sus problemas vamos a recuperar el desafío de gobernar Chile.

Este primer año ya fue un año perdido, pero aún les quedan tres por delante para corregir su ceguera ideológica con la que han gobernado hasta ahora. No descansaremos en nuestro afán de dialogar y lograr acuerdo por el bien del país.

El Proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), creará un nuevo escenario social. No sólo porque el Estado reconocerá distintos tipos de familia, sino porque también obligará a las empresas a hacer modificaciones para beneficiar a convivientes civiles y a los hijos de esta nueva alianza.

Muchas compañías ya hemos incorporado políticas pro inclusión y desarrollo de carrera, para asegurar que todos accedan en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades. También hemos implementado políticas de conciliación de vida personal y profesional, creando cargos y estructuras para administrar y gestionar estas propuestas.

Claramente, la diversidad es un foco estratégico, sin embargo, todavía falta para que el AVP forme parte del dialogo. Y esto es importante, ya que según cifras del Movilh, más de dos millones de personas conviven, con o sin hijos, sin poder regular su régimen patrimonial, de salud, previsional y de herencias.

Habiendo concluido el primer trámite, la promulgación del AVP será un desafío para las empresas ya que muchos de los beneficios como salud, previsión, bonos, negociaciones colectivas, seguros y cajas de compensación, serán extendidos a todos, sin importar orientación sexual o identidad de género.

Sólo para detallar algunos aspectos -y considerando que se extenderán los beneficios a los convivientes civiles de los trabajadores- está, por ejemplo, el proyecto de ley que introduce modificaciones a diversos cuerpos legales. Tal es el caso del DFL N°1 2005 del Ministerio de Salud, en el que para los efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, el AVP permitirá a cualquiera de los convivientes civiles ser carga del otro. O el Decreto Ley 3.500, que regula las pensiones, en que el conviviente civil podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia.

Algo no menor es que se tendrá que respetar todo lo relacionado a derechos hereditarios, puesto que el proyecto de ley regula la situación del conviviente civil como si se tratara del cónyuge sobreviviente. No quiero dejar de mencionar que la iniciativa, si bien fue aprobada por la Cámara de Diputados, podría sufrir modificaciones.

Así, es en la implementación donde cobra sentido el trabajar por la diversidad e inclusión; y donde se conjuga el deseo de la empresa por retener el talento y las fórmulas que permitirán que la inversión en capital humano sea sustentable.

Concluyendo, no debemos olvidar incluir en la discusión a sindicatos y otros grupos parte del ecosistema de la empresa. El diálogo es lo único que garantizará que esto se transforme en una mejor calidad de vida para todos.