Hoy hablaré a la primera persona, porque la actualidad me obliga a referirme a la "libertad de expresión", aludiendo a sus diferentes aristas; a la libertad de opinar, de denunciar, de caricaturizar, de burlarse, de ser insolente, o también a la libertad de reunión, de prensa, de esta misma prensa que me permite escribir acerca de cualquiera persona y cualquiera institución.

Esa libertad en Chile, hace pocas décadas, no existía, los medios indicaban que todo iba bien y que al mando del país había solo personas honorables e intachables. Mis padres no estaban de acuerdo con eso. He crecido en Francia, y en mi mundo tenía un lugar importante Cabu. Además de dibujar en diarios satíricos, él participaba en un programa infantil con dibujos muy inocentes, pero siempre con un dejo de impertinencia. Creciendo, seguiré leyéndolo en "Charlie Hebdo" o en "Le Monde", siendo sensible a su humor que era una mezcla de burlesco con contestación.

El miércoles, supe que Cabu había muerto porlos disparos de la metralleta de un terrorista.

La libre circulación de las ideas, el derecho de emitir opinión, no es sólo un aspecto de la libertad individual, es algo útil al cuerpo social en su conjunto, a la vitalidad de éste. La revolución de internet ha permitido una evolución, combatiendo un cierto monopolio que siempre ha existido. Algunos perciben eso como un peligro, como lo demuestra el polémico proyecto de ley acerca de los medios digitales.

Un clima de intolerancia se instaló en Europa. El fundamentalismo musulmán está dando el tono, pero el extremismo religioso puede tomar otras formas y otros caminos. Cuando se habla de los homosexuales como enfermos, del incendio de Valparaíso o del Sida como de un castigo de Dios, se deben prender las señales de alerta, porque la violencia verbal siempre prepara el camino a la violencia física. Los hijos de la democracia deben estar atentos a este fenómeno, porque no sospechan lo que puede ser la emoción reaccionaria, esa tentación de la respuesta automática a todo, esa deliciosa anulación de la duda incómoda, ese alejamiento de la razón.

En los años 50, el poeta Boris Vian escribía que el humor era una cortesía de la desesperanza. A inicio de este año, he captado la plena medida de esas palabras.

Los últimos detalles conocidos del caso Penta son irremediablemente uno de los puntos más bajos de la política chilena. Y, por cierto, vienen a revelar parte de los aspectos más oscuros del financiamiento de una actividad que día a día decae en su imagen pública.

Ese punto es clave. En general, existe una opacidad para definir de dónde vienen los financiamientos y qué se pide a cambio. Lo observamos en las campañas municipales, parlamentarias y presidenciales. Ha habido avances, pero aún insuficientes.

Continuamente vemos cómo los candidatos declaran mucho menos de lo que realmente gastan, lo que en la práctica es una mentira completa, es decir, se vulnera la ley que impone límites y se desconoce el origen de las inversiones recibidas.

Caso aparte es el de las empresas Penta. Resulta sorprendente la cantidad de recursos que entregan a campañas políticas. Hablamos de cifras multimillonarias.

Pero ciertamente no son los únicos.

El problema, más allá de las facturas falsas, según lo reconocido por el senador Iván Moreira, o el mea culpa, apuntado por el presidente del gremialismo, es el tipo de política que construimos en Chile. En definitiva, uno determinado por el poder del dinero y la capacidad de redes para construir un andamiaje que permita sustentar campañas que en general superan los cientos de millones de pesos.

Eso lo observamos en prácticamente cada temporada de elecciones por casi todos los candidatos parlamentarios y edilicios locales y nacionales.

En tal sentido, lo conocido y reconocido hasta hoy es preocupante, sobre todo por la exigencia que debemos tener especialmente con nuestras autoridades.

Considerando que muchas personas han perdido sus derechos ciudadanos por delitos de distinto tipo, algunos mucho menores que los conocidos, bien convendría preguntarse qué sanción o decisión correspondería para quienes han actuado de manera reñida con los marcos regulatorios, y peor aún con la fe pública.

¿Qué tipo de sanción es conveniente al tratarse de las principales autoridades del país?