Las malas calificaciones puestas por la comunidad a las autoridades por su gestión en materia de seguridad siguen generando reacciones. Los actores involucrados enfrentaron el juicio ciudadano plasmado en el estudio de Paz Ciudadana y Adimark, que además arrojó los mayores niveles de victimización en los últimos 14 años.

El primero que salió a enfrentar la mala evaluación ciudadana, fue el intendente Valentín Volta, calificado con un pobre 3,6 por la comunidad.

La primera autoridad regional no está conforme con los resultados, pero cree que se deben a la poca difusión del actuar del gobierno. Destacó que sí hubo una buena evaluación para las policías, PDI (4,8), Carabineros (4,7) y Gendarmería (4,5). Según él, "la labor de estos efectivos no se podría llevar a cabo sin el apoyo del Ejecutivo".

Volta aprovechó para rebatir las declaraciones del exintendente Pablo Toloza, quien calificó como "desastroso" el aumento de la victimización en Antofagasta desde un 25,5 a un 48,3% en un año. El jefe regional explicó que el abogado de la UDI confundió la encuesta Enusc 2014 con la Adimark del mismo año, que tienen parámetros diferentes. "No fue un acto de buena fe", aseguró Volta.

En tanto, la alcaldesa Karen Rojo -calificada con un 3,8-, cree que "alguna acción de control y prevención de delitos no se está realizando de manera efectiva o coordinada".

Aseguró que "en el caso de Antofagasta la expansión de habitantes y urbanización debe hacer replantear a las autoridades un trabajo en conjunto coordinado y de medidas preventivas".

En esa línea, adelantó que están licitando la llegada de camionetas que tendrán una función persuasiva de seguridad y de colaboración con Carabineros.

análisis

Para la periodista y analista política, Francis Espinoza, las malas notas son un indicador de que el mensaje está fallando.

"El gobierno de Sebastián Piñera se llenó de ingenieros explicando todo con números y a la gente común no le gustó. Ahora la Presidenta Bachelet tiene un gobierno conformado por muchos abogados que utilizan demasiada retórica y no son concretos. Finalmente, la gente se enreda y no entiende", explica la periodista.

La profesional se respaldó en un estudio que realizó recientemente, en el que alertó sobre la baja aprobación que tienen las autoridades locales en temas de liderazgo, estrategia y comunicación.

justicia

Entre lo peor evaluado por la comunidad, según este estudio de Paz Ciudadana y Adimark, está el Sistema Judicial. Jueces, fiscales y defensores fueron calificados con un 2,8, 3,1, y 3,3 respectivamente.

Al respecto, el ministro de la Corte de Apelaciones, Óscar Clavería, aseguró respetar la opinión de la ciudadanía, pero aclaró que "el Poder Judicial no está involucrado en las deficiencias probatorias ni tampoco en las peticiones de prisión preventiva, son los fiscales y querellantes quienes deben construir su teoría del caso y probarla",

Clavería sugirió que la subjetividad de las formalizaciones puede estar generando "esta mala impresión de la comunidad antofagastina".

Desde la Nueva Mayoría, el senador Pedro Araya piensa que estos resultados -si bien muestran que algo está fallando-, "no tendrían por qué modificar la planificación anual, ya que la seguridad pública siempre ha sido un tema fundamental que se trabaja continuamente".

Araya cree que más preocupante que la victimización y mala evaluación del trabajo parlamentario, "es la baja notable de credibilidad y apoyo a las instituciones y la clase política chilena, graficadas en los resultados de las encuestas".

temor

Mientras la diputada Marcela Hernando aseguró que este es un tema importante que se está tratando en el Congreso para evitar la "puerta giratoria". La parlamentaria atribuyó la mala evaluación a un cierto sector de la clase política: "Hay algunos que dan razones para que esto ocurra, como por ejemplo los involucrados en el caso Penta", afirmó.

Por otro lado, la diputada Paulina Núñez, comentó que "la gente vive atemorizada, encerrada en su casa y éste es un llamado de alerta al gobierno", respaldando los resultados que a su parecer vienen de una de las fuentes estadísticas más prestigiosas.

En lo relativo a la victimización, el trabajo de Paz Ciudadana y Adimark arrojó que el 48,3% de los hogares antofagastinos fueron víctimas de delincuencia, el segundo índice más alto del país. Esto significa que uno o más miembros de la familia fueron víctimas de un ilícito.

Según el informe, en el país la situación sólo es peor en la ciudad de Iquique, donde la victimización alcanzó al 52,5% de los hogares.

El excomisario de la Policía de Investigaciones, Erick Lambert, cuestionó la objetividad de algunos estudios. Para él la victimización es un tema nacional y el segundo lugar de Antofagasta es algo que le genera dudas.

"Es cierto que ha aumentado la delincuencia, se puede ver la inseguridad en las detenciones ciudadanas, pero es algo a nivel nacional. Me molesta como se descalifica a la ciudad constantemente, ubicándola siempre entre los tres primeros lugares de situaciones negativas", concluye.

"El Poder Judicial no está involucrado en las deficiencias probatorias ni tampoco en las peticiones de prisión preventiva, son los fiscales y querellantes quienes deben construir su teoría del caso y probarla".

Ministro Corte de Apelaciones

De acuerdo a los datos del Índice Paz Ciudadana - Gfk Adimark, en 16 de las 17 grandes comunas consideradas la víctimización aumentó. En el caso de Antofagasta, ese crecimiento fue de 2,8 puntos (pasó de 45,5% en 2013 a 48,3% en 2014), lo que significó avanzar del lugar tres al dos en el ránking nacional liderado por Iquique con un 52,5%. Las comunas del país menos proclives a los delitos durante el año pasado fueron Punta Arenas, con 21,9% de sus hogares afectados, además de Valdivia y Osorno, que aparecieron igualados con 31,7% de los hogares afectados.

48,3% de los hogares

antofagastinos fueron víctimas de un ilícito durante 2014, según un estudio de victimización realizado por Paz Ciudadana y Adimark.

16 grandes comunas

de las 17 que consideró este estudio de Paz Ciudadana sufrieron un aumento en los índices de victimización que consideró robos a intentos de robo con o sin violencia.

2,5 fue la evaluación

que recibieron los parlamentarios de la región en materia de trabajo en contra de la delincuencia. La mejor evaluada fue la Policía de Investigaciones.