Hace unas semanas fuimos testigos de la firma y presentación por parte del Ejecutivo de los proyectos de ley que, en el marco de la agenda de descentralización, consagran por una parte la elección democrática y directa de los intendentes y por otra buscan profundizar la regionalización en nuestro país dotando de mayor autonomía y más atribuciones a los gobiernos regionales. Lo anterior, manteniendo la figura del gobernador regional como autoridad de confianza del nivel central y nombrado por tanto por el Presidente de la República de turno.

Y si bien reconocemos la voluntad política del Gobierno de promover la regionalización, lo que hoy se requiere es promover la descentralización. El centralismo es agobiante y es un freno para el desarrollo. Necesitamos elección directa de la máxima autoridad regional, traspaso de importantes competencias a los gobierno regionales que serán presididos por el intendente para que el gobernador regional (designado) no termine siendo una sombra de la autoridad elegida.

Lo anterior no puede transformarse una vez más en pasitos débiles o simples maquillajes, lo anterior se debe lograr con leyes y políticas públicas audaces, que sean realmente un giro de timón para evitar que nuevamente hablemos de avances y no de una real descentralización. Por eso es que si queremos una real descentralización, es imperante que partamos por casa. Que las iniciativas surjan desde acá, y nosotros seamos los demandantes hacia el nivel central.

Por ello, es tiempo de empezar a hablar y concretar la idea de las empresas públicas regionales. Es decir que las empresas públicas que tienen sus labores productivas y faenas en esta región, empiecen a tener directorios formados por personas de la región para que las decisiones las tomen personas que conocen nuestra realidad.

Hagamos un ejercicio: tenemos en nuestra región, por nombrar algunas compañías públicas como la Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA), la Empresa Nacional de Minería (Enami), a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y si le pidieran responder una encuesta sobre qué beneficios han traído a la región, no al país, estas compañías públicas trate de responder al menos tres, a lo mejor no llega a dos...

El ministro de Justicia en una entrevista publicada el domingo habló sobre las detenciones ciudadanas (algo habitual por estos días), los casos criminales sin resolver, además de la falta de fiscales en la Región de Antofagasta.

El primer tema es polémico, por decir lo mínimo. El secretario de Estado advirtió sobre la legalidad de las detenciones en caso de delitos flagrantes, como forma de protección, pero siempre que no signifiquen otros delitos, sobre todo en caso de agresiones físicas.

Ahora la pregunta de fondo pasa por qué la ciudadanía se expone y enfrenta a los delincuentes. Un análisis que está pendiente, pero no hay que ser experto para apreciar la falta de seguridad en algunos barrios y la pérdida de confianza en la justicia y también en las policías.

Las detenciones ciudadanas son una señal peligrosa. Aquí las instituciones tienen que funcionar, sin exponer a la comunidad, porque en cualquier momento estos sucesos terminarán en violencia, a veces sin ningún tipo de control.

El ministro José Antonio Gómez también habló de los crímenes sin resolver en Antofagasta, como los 'ajusticiamiento' en La Portada hace unos meses. Su respuesta advirtió sobre la próxima formación de una fiscalía de alta especialidad para resolver estos casos, donde resulta necesaria la coordinación de las policías, Ministerio Público y otros organismos ligados al combate de la delincuencia.

Otro problema latente es la falta de fiscales. Sin el personal suficiente, la investigación de causas en forma exhaustiva parece sólo una idea, sin mayor posibilidades de llevarse a la práctica en vista de las condiciones laborales de los persecutores.

La sensación de inseguridad es evidente en la comunidad. Por ello, desde el Gobierno resulta fundamental aumentar los grados de confianza en cada una de las instituciones que enfrentan a la delincuencia en el mediano plazo.

Los proyectos cuentan, pero también la ciudadanía quiere ver a las policías en la calle y a los fiscales investigando desde cuando ocurrió un delito.