Caso Caval: Fiscalía incauta datos en el Minvu y en Seremi de Rancagua
predios. La fiscalía dijo que no descarta ninguna línea investigativa en el caso, cuya indagación recién comienza.
Con dos sorpresivos allanamientos a la Seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins y al Ministerio de Vivienda, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, dio comienzo a la investigación del denominado caso Caval. El investigador procura aclarar las circunstancias de la compra de terrenos en Machalí de la firma en la cual la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, es dueña en 50%.
Funcionarios del OS-9 de Carabineros llegaron ayer a las oficinas de la Seremi de Vivienda de O'Higgins para recopilar evidencias sobre la operación, a través de computadores y documentos de análisis para establecer la factibilidad de concretar el cambio de plan regulador de los terrenos.
La entidad, a través de un comunicado, expresó que "se facilitó toda la documentación y los antecedentes solicitados por el fiscal regional de O'Higgins. La seremi (S) Natalia Sánchez reiteró la voluntad de colaborar en las diferentes fases de la investigación".
Mientras, la incautación realizada en el Ministerio de Vivienda, en Santiago, buscaría "unir" posibles antecedentes del caso. Una de las pesquisas en la secretaría de Estado fue la incautación del disco de almacenamiento de la red en el ministerio sectorial.
La investigación se inició luego de una denuncia de parlamentarios de RN, que solicitaron que se indague si en la compra de terrenos habría negociación incompatible y violación de secreto, ya que según los legisladores, la empresa Caval habría tenido conocimiento de que cambiaría el plan regulador.
El vocero de la fiscalía, Octavio Rocco, confirmó el operativo y afirmó que se realizó para recabar "todos los antecedentes que nos parezcan útiles". En la indagación, añadió Rocco, "no se descarta ninguna línea investigativa".
"Tenemos que esclarecer los hechos, entonces toda información que podamos tener nos van dando un nivel de certeza para que podamos tomar una decisión correcta", afirmó.
El vocero de la Fiscalía agregó que el equipo investigativo desarrollará diversas diligencias, "pero nosotros también tenemos que mantener una cuota de reserva y secreto de nuestro proceder".
"Queremos levantar la mayor cantidad de antecedentes para llevar la teoría correcta: documentos, cds, todo aquello que aporte a la investigación que permita esclarecer qué fue lo que sucedió", agregó.
la investigación
La investigación se inició luego de que parlamentarios de Renovación Nacional interpusieran una denuncia para que se investigue si en la compra de terrenos de Caval habría negociación incompatible y violación de secreto. Para los parlamentarios opositores, la firma ligada a la nuera de la Presidenta Bachelet habría tenido conocimiento de que cambiaría el plan regulador.
El fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, encabeza el equipo de Alta Prioridad de esa repartición que busca aclarar las circunstancias en que se realizó la operación comercial de compra de terrenos en Machalí de Caval.
La firma pidió un crédito por $6.500 millones al Banco de Chile para comprar tres terrenos en esa localidad, que luego fueron vendidos en $9.500 millones. Caval pertenece en 50% a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon. Este hecho, sumado a que el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, estuvo presente en la reunión con Andrónico Luksic en que se solicitó el crédito bancario, hizo que los parlamentarios de RN presentaran el requerimiento.
Según publicó ayer El Mercurio, el seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins, Wilfredo Valdés, fue quien en 2013 realizó la tasación de los terrenos adquiridos por Caval, mientras se desempañaba en la empresa Madrid, Peña y Compañía, que prestó ese servicio al Banco Santander.
Valdés dijo que "el informe lo realicé en base a información disponible" y que nunca tuvo relación con Caval.
En respuesta a las declaraciones del ministro Elizalde sobre que los requerimientos judiciales de la oposición en el caso Caval solo tienen un fin político, el diputado de la UDI Gustavo Hasbún afirmó que "el ministro Elizalde es parte de esa cultura de la corrupción que ellos siempre han avalado". "Ellos han transformado el Gobierno en una actividad comercial", agregó. Para Hasbún, "no nos vamos a inhibir de ejercer nuestro rol fiscalizador porque el ministro secretario general de Gobierno hace una descalificación. Eso es no tener argumentos".