Un "retroceso" a nivel latinoamericano en materia de derechos humanos denunció ayer Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre el estado de las libertades en el mundo, documento en el que constata, entre otras, la situación de Venezuela, que desde 2013 pasa por una crisis social, política y económica, y donde, según la organización, el año pasado hubo represión, detenciones arbitrarias y torturas.
De acuerdo con el reporte, las fuerzas de seguridad venezolanas emplearon en 2014 fuerza excesiva para dispersar protestas, y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos.
Asimismo, se denunciaron torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos del Gobierno, las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de reclusión siguieron siendo duras.
El primer año de mandato del Presidente Nicolás Maduro estuvo marcado por un creciente descontento. Entre febrero y julio de 2014 hubo protestas multitudinarias a favor y en contra del Gobierno. Los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de oposición que pedían la dimisión del Mandatario fueron acusados de intentar derrocar al Gobierno.
Al menos 43 personas murieron y más de 870 resultaron heridas durante esas protestas, y se denunciaron violaciones de derechos humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y grupos armados favorables al Gobierno. Al finalizar el año, más de 70 manifestantes seguían detenidos en espera de juicio.
Respecto de la tortura y los malos tratos, el informe señala que 23 personas fueron detenidas en marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el Ejército en Rubio, en el estado de Táchira, y mientras se encontraban bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual.
Según el informe, el sistema de justicia sufre injerencias gubernamentales, especialmente en casos de personas críticas con el Gobierno. AI cita el caso de Leopoldo López, líder opositor que está recluido desde hace un año sin pruebas para las acusaciones en su contra, que parecen obedecer a motivos políticos, según la entidad.
En septiembre de 2013, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de DD.HH., por lo que las víctimas de violaciones de DD.HH. y sus familiares dejaron de poder recurrir a esa Corte.
A nivel latinoamericano, AI denunció el alto nivel de impunidad y la creciente militarización durante 2014, en respuesta al recrudecimiento de las protestas antigubernamentales.
La organización indicó que la región "pareció retroceder" en materia de respeto a los derechos humanos en los dos últimos años, cuando "en un país tras otro, la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas estatales represivas".
Las manifestaciones, especialmente en Venezuela, México y Brasil, "constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos", agregó.
Respecto de México, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos evidenció "graves deficiencias" del Gobierno mexicano frente a las violaciones de los derechos humanos y una impunidad "alarmante", consideró la organización.
A nivel global, AI criticó la inacción de los gobiernos para proteger a los civiles y pidió una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para dar respuesta a situaciones de genocidio y "atrocidades masivas". Reportó, además, que el número de personas desplazadas en todo el mundo superó los 50 millones por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó ayer de la imputación por "homicidio intencional calificado" de un policía por la muerte de un adolescente de 14 años, ocurrida este martes en coincidencia con manifestaciones en la ciudad de San Cristóbal. Ortega indicó que al policía, de nombre Javier Mora, de 23 años, que disparó munición de goma contra el adolescente Kluiverth Roa, también se le imputó el delito de "uso indebido de arma orgánica", así como el delito de "quebrantamiento de pactos y convenios internacionales".
70
manifestantes venezolano seguían detenidos a fines de 2014 a la espera de un juicio, según AI.
