El Partido Socialista le abre una investigación a Dávalos por el caso Caval
El Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) decidió ayer abrir una investigación de oficio sobre el caso Caval, una situación que involucra al hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su nuera Natalia Compagnon, y que tiene relación con la obtención de un millonario crédito bancario para la adquisición de unos terrenos en Machalí, en la Región de O'Higgins.
La indagatoria busca establecer si Dávalos y Compagnon, ambos militantes del partido, infringieron los estatutos, la declaración de principios y los reglamentos internos del PS, colectividad en la que también milita la Presidenta.
"El Tribunal ha ordenado las primeras diligencias, resguardando los derechos de los denunciados, adoptando medidas que permitan el respeto al principio de bilateralidad de la audiencia", señaló la instancia tras sostener una sesión extraordinaria.
La decisión del PS llega después de que se conociera que Dávalos participó junto a su mujer en una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para gestionar un crédito de $6.500 millones para la sociedad Caval -de la que Compagnon es dueña de un 50%-, para comprar los predios en Machalí.
La revelación, que llevó a la Alianza a acusar un tráfico de influencias, obligó a Dávalos a dejar su cargo de director sociocultural de La Moneda y a pedir perdón.
El extimonel del PS y actual candidato a la presidencia de la tienda, Gonzalo Martner, había pedido al tribunal del partido pronunciarse sobre el caso Caval, además de solicitar la suspensión de la militancia de Dávalos y sanciones.
En un documento entregado al tribunal, Martner y otros militantes del PS apuntaron a una "especulación inmobiliaria" en la que habría incurrido el hijo de la Mandataria, solicitando a la instancia pronunciarse "sobre la correspondencia con la ética socialista de la pública reivindicación realizada por los militantes Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon de actividades de especulación inmobiliaria comprando terrenos baratos y vendiéndolos caro, mediando gestiones para obtener un cambio en el uso del suelo por órganos de la administración del Estado".
El alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia (UDI), entregó ayer a la Fiscalía de O'Higgins, correos electrónicos de un funcionario y una exfuncionaria de la Dirección de Obras que, en su opinión, podrían demostrar que hubo información privilegiada en el caso.
Uno de los funcionarios que habría entregado este tipo de información es, según Urrutia, una arquitecta, quien es sobrina de un representante legal de los dueños de los predios que fueron vendidos a Caval.
La funcionaria "debió haber entregado información sobre el mencionado estudio de capacidad vial cuya propuesta fue entregada al Concejo Municipal de Machalí con fecha 29 de octubre de 2012 y posteriormente, enviada a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y urbanismo para iniciar trámites de modificación al actual Plan Regulador de Rancagua"; dijo el edil. Según su versión, ella "efectuaba estudios de mercado que beneficiarían a los potenciales vendedores y compradores de los predios mencionados".
El otro caso sería el del exdirector de Obras y actual jefe de finanzas, Jorge Silva Menares, quien en octubre de 2013 le envió un correo al socio de Caval Mauricio Valero "proporcionando información sobre la propuesta de modificación que beneficiaría a cualquier comprador de los predios Santa Cecilia y San Diego", sostuvo el alcalde, quien anunció la apertura de un sumario interno en el municipio.
Los antecedentes proporcionados por el municipio se suman a los entregados a la Fiscalía por Sergio Bustos, quien mantiene una demanda laboral contra Caval. Según la revista Qué Pasa, se trata principalmente de correos electrónicos sostenidos entre Bustos y personeros de la empresa, los que darían cuenta de cómo se habría gestionado el crédito.