Fiscalía pide cinco años por colusión de farmacias
La Fiscalía Centro Norte pidió ayer una pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo para los 10 ejecutivos de Salcobrand, Cruz Verde y Fasa, y un gerente general del Laboratorio Medipharm, por la colusión en las farmacias.
Las defensas de los acusados solicitaron suspender el proceso, pues estiman que el caso ya fue juzgado con la sanción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), del año 2012, que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Luego de seis años desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandara a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios de 220 medicamentos, ocurrida entre diciembre de 2007 y abril de 2008, ayer se inició el juicio oral en la arista penal del caso.
"Pedimos una pena privativa de libertad, de acuerdo a las estimaciones que hicimos, de hasta cinco años de presidio menor en su grado máximo por tratarse de un delito reiterado de diversas personas", dijo el fiscal Jaime Retamal.
Respecto de la estrategia de las defensas, el fiscal afirmó que "nunca hubo un pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de personas determinadas, por lo que los fundamentos que entendemos esgrimen las defensas son erróneos, son distintos y en ese contexto, entendemos que el tribunal debiera resolver este caso de manera definitiva y desestimar esta petición".
La Fiscalía Centro Norte apunta a que las cadenas Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, con cerca del 90% del mercado, alzaron concertadamente los precios de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
Durante la audiencia, Retamal afirmó que luego de mantenerse un escenario de competencia ("Guerra de precios"), a partir del 2007 los ejecutivos de las cadenas tomaron contacto para supuestamente coordinar un alza de precios.
cómo se habría gestado
La explicación del fiscal asegura que para alzar los precios, las farmacias acordaron un mecanismo denominado "123", fórmula en que a una de estas empresas se asignaba el papel de "líder" en el alza del precio de un medicamento determinado, subiéndolo el día 1. Las otras dos compañías verificaban el alza y al día siguiente la segunda compañía efectuaba el mismo alza. Una vez verificado, la tercera empresa también subía el valor.
En julio de 2013, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte les ofreció a los ejecutivos vinculados al caso un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética, además del pago de una multa de $255 millones.
En agosto de ese año, la Corte de Apelaciones revocó el acuerdo y determinó que los ejecutivos de las farmacias debían ir a un juicio oral, que duraría entre 45 a 70 días.