El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha dado a conocer, junto al Centro Market Opinion Research International (Mori), la primera fase de una radiografía del consumidor, que se centra en la vulnerabilidad de éstos frente a los mercados. Si bien el estudio revela que casi la mitad de los consultados opina que sus derechos están garantizados, la mayoría desconoce cuáles son.

Resulta llamativo que uno de cada dos chilenos no está dispuesto a reclamar y que 6 de cada 10 diga que se ha sentido desprotegido durante los últimos 12 meses, ya sea frente a multitiendas, bancos, supermercados, empresas de servicios, entre otras.

Se dice que en el sistema de mercado "el consumidor es el rey", sin embargo, parece que este postulado se ha ido olvidando a medida que las relaciones comerciales entre vendedores y compradores se hacen más complejas. Se recordara que una reciente encuesta de la Universidad Central reveló que más del 90% de los encuestados creen que debieran existir más y mejores leyes que resguarden los derechos y la defensa de los consumidores.

Tal vez son demasiados los casos bullados de atentados económicos que se han visto en los últimos años, como la colusión de las cadenas de farmacias, las de las productoras de pollos, las repactaciones unilaterales de deudas de La Polar, las imposiciones de los bancos y de las Isapres a sus clientes. Resulta preocupante, porque puede ser el signo de una pérdida de confianza en actores que son decisivos en el funcionamiento de la economía de mercado, como es el caso de las multitiendas, que captan a la mayoría de los consumidores, en las compras de productos y créditos.

La confianza del consumidor mide el grado de optimismo que éstos sienten respecto del estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. En este caso, la opinión casi generalizada es que hay que elevar las penas para los representantes de entidades que burlan la buena fe.

Si bien el libre mercado y la libre competencia permiten el desarrollo de la empresa y la capacidad emprendedora, la autoridad debe estar atenta para sancionar situaciones irregulares.

Los alcances de la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman no dejan de asombrar por sus ramificaciones. Son la punta de iceberg de una Argentina polarizada. Una de ellas es el rol que el actual gobierno ha jugado durante la investigación del atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA- el año 1994, donde resultaron muertas 85 personas -entre ellas una compatriota- y hubo 300 heridos.

Es curioso que luego de 20 años de ocurridos los hechos, un día antes de declarar ante el Congreso Nacional sobre lo descubierto en su investigación y después de haber imputado a la presidencia y ciertos conspicuos funcionarios públicos de encubrir los hechos, el fiscal apareciera muerto.

Por eso, según muchos, en dicho país la lucha entre los diversos poderes del Estado se desató. La independencia entre éstos -lo que se denomina separación de órganos y funciones y que resulta consustancial a un Estado de Derecho- aparece constantemente en entredicho.

La idea es someter y avasallar al opositor, puesto que los que disienten del Gobierno son enemigos del Estado y en última instancia del pueblo que dicen representar. En un primer momento se intentó controlar al Poder Judicial. Luego siguió la Fiscalía, órgano encargado de representar y proteger al pueblo en las causas penales, controlando puestos claves y, mediante diversos mecanismos, se la intenta pautear el rumbo que deben seguir las investigaciones.

Todas las democracias del mundo son susceptibles de sufrir lo anterior y la nuestra no es una excepción. Debemos estar atentos, la concentración del poder resulta nociva para su desarrollo y, en definitiva, es un germen de su destrucción. Tacito lo señaló hace mucho: "el poder nunca es estable cuando es ilimitado". En todo régimen verdaderamente democrático la independencia entre los órganos del Estado y la asignación a cada uno de ciertas funciones específicas es uno de los mecanismos creados para limitar el poder.

Sin esta independencia el Gobierno, el Poder Judicial o el Congreso tenderán constantemente a excederse e influir en los demás órganos. Encontrará razones para su justificación y lograr el objetivo propuesto: en unos casos aducirá la seguridad nacional, en otros el necesario desarrollo o el bienestar del pueblo. En este camino las leyes e instituciones -al menos aquellas que no sean funcionales a sus propósitos- se transforman sólo en estorbos a remover.