El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó en 60 días la investigación contra el senador independiente Carlos Bianchi por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco. El parlamentario fue formalizado ayer en una audiencia que no se extendió más de 20 minutos.

Si bien la fiscalía no pidió medidas cautelares para el parlamentario debido a su fuero, su cuñada Victoria Retamales quedó con arraigo nacional.

Según la fiscalía, Bianchi y Retamales están vinculados a un supuesto abultamiento de los precios que pagaba el senador desde el 2006 por el arriendo de una oficina, propiedad de su suegra, y que en 2010 fue arrendada a su cuñada por cifras excesivas con fondos del Senado.

Tras finalizar la audiencia, Bianchi sostuvo a Emol que "no tienen nuevos antecedentes ni van a pedir y se dio un plazo de 60 días, lo que me parece muy razonable. Pero quiero señalar que por cosas tal vez brutamente distinta a la mía, van a venir nuevas formalizaciones, y es importante que nadie puede no estar con disposición absoluta a la ley y nadie puede evadir una responsabilidad respecto a una situación como esta".

La causa contra el senador por Magallanes comenzó en 2006, cuando el diputado por la misma zona Miodrag Marinovic denunció supuestas irregularidades en el arriendo de una sede parlamentaria por parte del parlamentario independiente. A fines de octubre de 2014, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella contra el parlamentario.

"Yo no hice uso de mi fuero, lo que yo señalé, como lo he hecho siempre, estamos con una tranquilidad absoluta, que esto se judicializó todo con una campaña política (...) lo mío no tiene nada que ver, son años luz de distancia de toda la descomposición que hay en el país respecto al dinero y el poder de las empresas. Yo no recibo coimas, no pertenezco a ningún lote político ni de izquierda ni de derecha. Me he defendido como lo he hecho siempre, esta no es la excepción y vamos a demostrar nuestra absoluta inocencia en el más breve plazo", sostuvo el senador.

Previamente, Bianchi aseguró que "esto fue absolutamente articulado en un periodo de campaña. No sólo está esta denuncia por el derrotado exdiputado Marinovic, sino que además está otra denuncia que él hizo por $700 millones, otra denuncia que hizo contra mi hijo, otra que hizo contra mi secretario".

El independiente agregó que Marinovic "hizo tres denuncias más adicionales, judicializó absolutamente la campaña política, porque él sabía que por la vía democrática no podía ganar y ante esa situación vamos a demostrar nuestra absoluta inocencia y por eso es que tengo la paz, la fe y la tranquilidad de estar aquí, sin ningún privilegio".

"En esto, no pueden haber privilegios, ante la ley todos debemos ser iguales y cada vez que a mí se me ha citado, cada vez que se me ha invitado, yo he estado concurriendo, primero, porque en esto tenemos la tranquilidad de nuestra absoluta inocencia", reafirmó el senador.

El partido Democracia Regional Patagónica, fundado por Bianchi, respaldó al senador, asegurando que las acusaciones en su contra tienen "un origen maquiavélico y alejado de todo principio de justicia y rectitud".

Imputación Bianchi y Retamales están vinculados a un presunto fraude al Fisco por el arriendo de una oficina.

Origen La causa contra el senador comenzó en 2006 a raíz de la denuncia del diputado Miodrag Marinovic.

Medida cautelar Retamales quedó con arraigo nacional, mientras que no se pidieron medidas para Bianchi debido a su fuero.

Por 102 votos, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que crea las universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén.

Según se indica en la normativa, ambas universidades "son instituciones de educación superior estatal, de carácter regional, que asumen con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución preferente al desarrollo cultural, material y social de la VI y XI Región, respectivamente, como parte fundamental de su misión institucional".

Citado por el sitio web de la Cámara, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Mario Venegas, calificó como "una señal muy potente para quienes creemos en la idea de fortalecer la educación pública" la creación de estas dos universidades estatales.

"Creo que son precisamente las organizaciones representativas de las regiones, las que están en mejores condiciones de resolver respecto de la pertinencia y relevancia que debe tener esta universidad", añadió el parlamentario de la DC.

El proyecto aprobado será enviado ahora la Cámara Alta, para cumplir su segundo trámite constitucional.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, cerró ayer el sumario por los homicidios del músico Vïctor Jara y del exdirector de Gendarmería en el gobierno de Salvador Allende, Littre Quiroga.

Según informó el Poder Judicial en su página web, con esta resolución de Vázquez, dictada el 5 de marzo, concluye la etapa investigativa del proceso, que indaga los crímenes ocurridos pocos días después del golpe de septiembre de 1973.

En la causa por la muerte del cantante hay doce personas procesadas, entre ellas, los ex uniformados José Paredes, Hugo Sánchez y Pedro Barrientos. Este último vive fuera del país y tiene una solicitud de extradición desde Estados Unidos. Sin embargo, el teniente en retiro del Ejército pidió a la justicia estadounidense desestimar la acusación en su contra.

El comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se reunió ayer para analizar el impacto del caso Penta tras la formalización de los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Larraín, ambos imposibilitados de ejercer cargos como ejecutivos o miembros del directorio.

Tras finalizar el encuentro, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, señaló que "la propuesta es que (...) empresa o persona socia del gremio que sea imputada se va a congelar o suspender su membresía, mientras dure la investigación y en caso de que esa empresa o persona sea condenada por los tribunales de justicia, esa empresa o persona será expulsada del gremio".

El líder gremial agregó que "todas las actuaciones apartadas de la legalidad y la ética no solo merecen nuestra desaprobación, sino que nosotros no las vamos a amparar, las condenamos de forma enérgica y estamos seguros de que los tribunales harán su trabajo, investigarán a fondo y aplicarán todas las sanciones que contempla la legislación".

"Esta es la propuesta que tienen todos los presidentes para sus gremios con el propósito de incorporarlos en sus códigos de ética (…) Las cosas en general siempre son hacia adelante, pero las situaciones que están ocurriendo hoy y están en curso efectivamente pueden ser analizadas", continuó.

Finalmente, es importante "regular en forma clara y transparente la relación entre el dinero y la política", sentenció Santa Cruz.

Mientras, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, sostuvo que "esas dos proposiciones, yo las voy a llevar al próximo directorio de la asociación, que se hará el 30 de marzo y, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que vamos a cumplir esta obligación que tenemos los gremios de seguir mejorando muy fuertemente todas las normas éticas que se deben exigir a los que forman parte de una asociación".

Awad subrayó que el Consejo Asesor Presidencial dado a conocer ayer "debe tener el mayor respaldo ciudadano para que efectivamente los miembros que la compongan sepan que cuentan con el respaldo de la ciudadanía para tomar todas las medidas que sean necesarias, por muy duras que sean ellas".

"Sanciones ejemplificadoras es lo que el país espera de esta comisión asesora y es la voluntad que la banca tiene de esta materia", recalcó el líder del gremio bancario.