El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ayer el recurso interpuesto por el gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, para frenar la entrega a la fiscalía de información contable de la empresa entre 2009 y 2014.

Esta resolución permite a la fiscalía realizar diligencias en la empresa, parte de la nueva arista del denominado caso Penta y relacionada con una presunta emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas.

cautela de garantía

El miércoles, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, presentó un recurso denominado cautela de garantía para aclarar las indagatorias realizadas por la Fiscalía.

La oposición del representante radica en un "exceso de atribuciones" de los persecutores y estaba basada en un artículo del Código Tributario que indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La querella del SII sólo apunta a una boleta del exsubsecretario Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda emitida en julio del 2009.

La acción buscaba acotar el trabajo del Ministerio Público sólo a esa fecha, que ya está siendo investigada, y que éste se abstuviera de realizar diligencias, como incautaciones, respecto de otros periodos.

Por lo anterior, sostenía que la documentación requerida por el Ministerio Público "excede con creces el ámbito de la investigación que la Fiscalía tiene en virtud de la querella presentada".

resolución

Sin embargo, la jueza Alicia Rosende señaló en su resolución que si la presentación pretendía que el Tribunal ordenara al fiscal a cargo de esta investigación dejar sin efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente está llevando a cabo, "lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello, siendo el Ministerio Público quien, por expreso mandato constitucional y legal, tiene la dirección exclusiva de la investigación".

Añadió que si la parte solicitante estima que "el Fiscal está actuando de oficio, al margen de la legalidad vigente, lo cierto es que es la propia Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la que establece la responsabilidad de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, no correspondiéndole a este Tribunal emitir un pronunciamiento al respecto".

críticas a la fiscalía

El subdirector jurídico de la entidad, Cristián Vargas, acusó ayer al Ministerio Público de no enviar los antecedentes suficientes para presentar una acción legal en el caso de SQM.

"Estamos pidiendo los antecedentes respecto de los periodos que nos ha informado la fiscalía. No ha habido demora. Son los tiempos que se tarda en requerir los antecedentes cuando los hemos conocido y cuando éstos no son suficientes, nosotros tenemos que recopilar lo que indica la ley. (Pero los datos que ha enviado la fiscalía) para fundar adecuadamente una acción penal han sido insuficientes", enfatizó.