La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones determinó mantener la prisión preventiva para los controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, e Iván Álvarez.

El voto de minoría en este caso perteneció al titular de la instancia de apelación, Juan Escobar Zepeda, quien cuestionó sin éxito que "recién iniciada la investigación se aplicara una medida tan gravosa".

La sala también revocó la medida cautelar contra los imputados Hugo Bravo y Marcos Castro, quienes cumplirán arresto domiciliario total.

La resolución se adoptó tras seis horas de audiencia y pese al voto disidente del ministro Alfredo Pfeiffer, quien abogaba por mantener la medida dictada por el Octavo Juzgado de Garantía contra el ex gerente y el jefe de contabilidad del holding.

Para el ex gerente general del grupo Penta Manuel Antonio Tocornal y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Martínez Céspedes, se acordó de forma unánime que continúen bajo las cautelares de arresto domiciliario total y arresto domiciliario nocturno, respectivamente.

alegato de la defensa

La audiencia comenzó a las 10.30 y el primero en intervenir fue el representante de los controladores del holding, Julián López.

"No se establecen los requisitos para formular el delito de cohecho y carecen de fundamentación. No cabe la prisión preventiva porque no existe la necesidad de cautela", indicó el abogado de Délano y Lavín, quien se apoyó en la trayectoria social y empresarial de los dueños del holding para rechazar la imputación.

El defensor de Wagner, Sebastián Del Pozzo, solicitó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para el ex subsecretario y subrayó que su cliente tiene una "real intención de colaborar". "Pablo Wagner devolvió 40 millones para reparar con celo el mal causado", recalcó.

"El delito de cohecho requiere la participación de dos o más personas", añadió Del Pozzo.

estado de salud

La abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop, recordó que el SII y parte de los acusadores "no habían solicitado la medida cautelar de prisión preventiva" y además "se cuestiona el concepto de peligro para la sociedad". También hizo énfasis en el estado de salud del imputado.

El representante de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez, afirmó que "es un error que debe ser enmendado por este tribunal de alzada" y que su defendido se "autodenunció" por la arista FUT del caso.

"El delito de auto lavado que se ha imputado es simplemente absurdo", aseguró Rodríguez.

El defensor de Marcos Castro, Rodrigo de la Barra, indicó que "la resolución adolece de problemas graves de fundamentación".

Ramón Sepúlveda, abogado de Juan Martínez, insistió en la vulneración de la convicción de inocencia, razón por la cual "a diferencia de otras defensas, no nos dimos la mano con el fiscal Carlos Gajardo".

"Esta defensa en ningún caso aceptó un premio de consuelo, creemos que cualquier medida cautelar es desproporcionada", alegó el profesional.

El fiscal Carlos Gajardo retrucó que Délano, Lavín y Wagner cumplen con cuatro de las cinco circunstancias que la ley considera para establecer si una persona representa un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se cumplen los requisitos para mantener la prisión preventiva, agregó que en las pericias se encontraron 1.065 boletas ideológicamente falsas y aseguró que negar la existencia de delitos "es incompatible con colaboración en la investigación".

"Los señores Délano y Lavín dicen que no sabían lo que esta pasando, sino que solo sabía Hugo Bravo. Esta manera de argumentar es inadmisible no puede ser creída en un tribunal de la República ni por la Fiscalía (...) La manera de argumentar es inadmisible", subrayó el Jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

A la salida de la Corte, Julián López insistió en que la prisión preventiva "es una medida desproporcionada porque no se requiere cautela. Vamos a pedir que esto sea revisado las veces que sea necesario", ya que "no hay proporción entre los delitos imputados y las penas". Por su parte, Catherine Lathrop celebró el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario total para Hugo López. "La Corte de Apelaciones ha validado nuestra teoría de que la colaboración debe ser reconocida", recalcó la abogada.