La canciller de Alemania, Angela Merkel, principal pagador de la zona euro, dijo que Grecia sólo recibiría fondos frescos para aliviar su crisis de liquidez una vez que sus acreedores aprueben una lista exhaustiva de las reformas que ha prometido presentar pronto.

Sin embargo, Merkel expresó cierta flexibilidad sobre las reformas que Atenas tendría que realizar tras una reunión en la que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció un incentivo al izquierdista primer ministro griego Alexis Tsipras, al decir que están disponibles 2.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea para aliviar el impacto de los cinco años de medidas de austeridad en el país.

Merkel y Juncker realizaron declaraciones después de que Tsipras prometiera a los líderes de la zona euro durante las conversaciones realizadas el jueves por la noche que su gobierno actuará con rapidez para presentar un completo paquete de reformas económicas en un intento por evitar la quiebra.

Después de dos meses de creciente frustración de ambos lados desde que Tsipras fue elegido para poner fin a la austeridad en su país, el líder izquierdista dialogó tres horas con los líderes de Alemania, Francia y las principales instituciones de la UE para intentar terminar con un punto muerto que podría dejar a Atenas fuera de la zona euro.

A través de una declaración conjunta, las instituciones de la UE hablaron de un "espíritu de confianza mutua", mientras que Tsipras dijo que ahora se siente más optimista, aunque sigue siendo incierto si él y Merkel están hablando de las mismas reformas, y en qué medida Grecia tendría que empezar a implementarlas antes de recibir nuevos fondos.

El riesgo de un enfrentamiento continuo, exactamente un mes después de que Grecia consiguió una prórroga de cuatro meses a su rescate de la UE y el FMI, quedó de manifiesto en los comentarios de Merkel y Tsipras. "El acuerdo del 20 de febrero sigue siendo válido en su totalidad", dijo Merkel a periodistas alemanes al ser consultada sobre si está ofreciendo dinero por promesas.

Sin embargo, Tsipras pareció diferir. "Está claro que Grecia no está obligada a aplicar medidas de recesión", dijo a periodistas. "Grecia presentará sus propias reformas estructurales, que se pondrán en marcha", agregó.

Merkel, que enfrenta una creciente resistencia en su país para continuar con los préstamos que mantengan a socios en la zona euro, insistió en que sólo la realización de las medidas aprobadas podría satisfacer a los acreedores, entre ellos el Eurogrupo de ministros de Finanzas de la zona euro.

"El gobierno griego tiene la posibilidad de sustituir las reformas individuales pendientes desde el 10 de diciembre con otras reformas, si éstas (...) tienen el mismo efecto", dijo Merkel.

Cansancio por tener que administrar las externalidades negativas de la operación de los puertos, mientras las ganancias se las llevan las empresas portuarias. Así están los alcaldes de las 10 ciudades que conforman la Asociación Nacional de Puertos y de Borde Costero de Chile (ACP), que han levantado la voz para buscar que los puertos puedan modificar la organización, planificación y operación de sus actividades, para hacerlas más armónicas con la vida diaria de esas comunidades.

La Asociación plantea la modificación la ley 19.542 que moderniza el sector portuario estatal, para que los alcaldes o un representante participe de los directorios de las empresas portuarias. También, que un porcentaje de las utilidades que recauda el Fisco vayan a las municipalidades de las ciudades donde los puertos se emplazan.

En específico, la asociación pide el 20% de las utilidades del Fisco, cuyo 75% será destinado a la municipalidad donde se emplaza la empresa portuaria, 15% a los municipios que componen la provincia en que se desarrolla la actividad de transferencia de la carga y 10% para un fondo único sobre el cual las municipalidades de las ciudades puerto, que sean asiento de las empresas, con ingresos menores a Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente y Antofagasta, podrán postular proyectos para mitigar impactos negativos.

El alcalde de Talcahuano y líder de la entidad, Gastón Saavedra, defiende los postulados del grupo de jefes comunales y explica por qué "no da para más" la actual organización y relación entre las ciudades y los puertos.

-En cuanto a la modernización que estos municipios que usted preside están pidiendo en esta materia, ¿qué futuro le ve a que algún jefe comunal o representante de éste acceda a los directorios de este tipo de empresas?. En general, estas firmas son muy permeables a las designaciones políticas y no tienen mucha relación con criterios de política local.

- Ese es el cambio que tenemos que hacer. La ciudad donde está el enclave portuario necesita un representante local, y no tiene por qué ser el alcalde. Me ha tocado conocer experiencias en el mundo donde esto se da. Puede ser un técnico que represente los intereses de la ciudad.

- ¿Usted ha conversado este tema con la autoridad central?, ¿ha podido saber qué piensan respecto de un cambio de este tipo?

- Es que son las posibilidades de cambio que tenemos que tener en este tema. No sólo en el plano político, sino en la administración de las empresas que tiene que ver con el borde costero. No hay que temerle al cambio. Y eso es permanente. A mi entender, ya se cumplió una etapa en la puesta en marcha de la modernización portuaria con la creación de 10 unidades empresariales a partir de la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi). Esto hace ver que es necesario que un representante local se sume a este proceso.

- La idea de que parte de los recursos que el Estado recauda por concepto de operación portuaria lleguen a los municipios donde se asientan los puertos tendrá, al menos, la dificultad de "bajar" este tipo de tributos a la autoridad local, cosa que se da en muchos otros ámbitos.

- Otra vez tiene que ver con la modernización, esta vez en la distribución del ingreso. Ocurre que las empresas concentran lo que recaudan y los municipios las externalidades. Y eso no puede ser. Tiene que haber una redistribución del ingreso justamente para luchar contra las externalidades y provocar un equilibrio en el desarrollo económico de todas estas ciudades que generan tanto empleo y riqueza, pero que administran pobreza.

- Pero el discurso habitual de parte de las empresas y de las autoridades es que este tipo de empresas generan muchas externalidades positivas también.

- No basta con eso. Es cierto, hay empleo y se generan recursos. Pero eso pasa a manos privadas. Es el municipio el que se queda con la rotura de las veredas o calles y la gestión de tránsito y los problemas de conectividad vial, facilitando la llegada y despacho de la carga. Somos los municipios los que estamos subsidiando esto y no da para más, porque los presupuestos no dan. Se hace necesario, por ende, definir que parte de estos ingresos se orienten a tener ciudades puerto que sean coherentes de las necesidades. Cuando hay un problema de acceso a los puertos, las gerencias de los puertos lo primero que hacen es quejarse con los municipios. Nos gustaría entonces que fuera lo mismo cuando se generan los beneficios, y fueran los municipios a los primeros que se busque para ayudar a cubrir las externalidades negativas.

- ¿Usted tiene una idea de cuánto gasta un municipio por el hecho de tener un puerto en su comuna?

- No, pero le voy a poner un ejemplo. Si pierdo un semáforo que me cuesta $ 50 millones, sólo en el año tendría que tener $ 600 millones para cubrir ese gasto. Imagínese entonces esto multiplicado por 10 ciudades puerto. Serían $ 6.000 millones.

- También está el impacto medioambiental en algunos casos.

- Cómo cuantifico esto, o cómo cuantifico el desarrollo de actividades extra portuarias en lugares donde no hay plataformas logísticas y se disemina la carga en toda la ciudad. O el impacto en la calidad de vida de las personas. Todo eso lo absorbemos los municipios.

- El hecho de que la actividad portuaria esté dentro del Ministerio de Transportes, que frecuentemente tiene entre sus prioridades al Transantiago, ¿no atenta contra un mejor funcionamiento?

- Así es. Creo que el país debe dar curso a un proceso que desemboque en una ley general de puertos. Eso no existe, entonces todo el mundo hace lo que quiere. No se trata de ser coercitivo, sino que ordenador de cómo vamos a abordar el desarrollo portuario de forma estratégica. La idea es crear una autoridad portuaria y establecer una entidad que administre y gestione los puertos específicos, ojalá descentralizado, con la idea de aliviar a un ministerio con todas las cargas que ya tiene.

Las ciudades que integran la asociación son Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Aysén. Su directiva esta integrada por Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano en la presidencia, y como vicepresidente y secretario general figuran los alcaldes de San Antonio y Valparaíso, Omar Vera y Jorge Castro, respectivamente. Como coordinador ejecutivo labora Hernán Pinto, ex alcalde de Valparaíso.

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