El proyecto de ley sobre financiamiento y regulación de las instituciones de educación superior ingresará este año al Parlamento para su discusión por parte del gobierno, donde incluye la gratuidad universitaria que comenzaría a regir del 2016.

Si bien desde el Ministerio de Educación no ha entregado más detalles sobre esta iniciativa (una de las promesas de la Presidenta Michelle Bachelet en su campaña), la principal modificación sería cinco años de gratuidad universitaria y uno de gracia antes del egreso de los alumnos, es decir seis años en total.

En febrero pasado, el ministro del ramo, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que "la gratuidad comienza en 2016 y ese compromiso lo vamos a honrar y, por tanto, vamos a presentar el proyecto de financiamiento y regulación de la educación superior durante el año en curso y, en cualquier caso, independientemente de los avatares de aquello, es un hecho que el 2016 la gratuidad completa va a comenzar".

A nivel regional, las autoridades de las universidades tradicionales de Antofagasta comparten la idea de que la gratuidad en esta área tendrá un impacto positivo para los estudiantes y sus familias en sus respectivas casas de estudios superiores, aunque debe también enfocar en el tema de la calidad

EQUIDAD

El rector de la Universidad Católica del Norte (UCN), Jorge Tabilo, sostuvo que esta reforma "no debería afectar si el trato es igualitario para las universidades con vocación pública como es nuestro caso."

Agregó que "tal como se ha planteado con firmeza desde el G9 (red pública de universidades públicas no estatales), las universidades públicas sin fines de lucro debemos tener el mismo tratamiento, debido al rol que cumplimos en beneficio de la sociedad chilena".

Para Tabilo estos cambios deben avanzar hacia "un acceso equitativo a la educación superior, sin la carga que tienen hoy muchas familias, en especial de los sectores vulnerables y la clase media".

No obstante, dijo que esta reforma debe enfatizar en lo relativo a la calidad de la formación de los estudiantes.

En la Universidad de Antofagasta (UA), el rector subrogante Hernán Sagua reconoce que la gratuidad tendrá un efecto de fondo en la gestión como institución estatal.

"Transitaremos de una educación basada en la demanda (costos para el estudiante) a una basada en las necesidades reales del país, donde todas las energías estarán puestas en fortalecer la calidad de la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo como también vinculación con la comunidad", expresó.

Sagua comparte las orientaciones que busca el Ejecutivo en este tema, que a su juicio, pretende "ordenar, dar cuenta pública con mayor rigurosidad, que las estrategias de educación superior estén alineadas con las estrategias regionales, fortalezca el trabajo colaborativas entre las universidades, entre otras.

FINANCIAMIENTO

Otro aspecto fundamental del proyecto de ley es el financiamiento para las instituciones universitarias. Para el rector de la UCN esto no debe afectar el funcionamiento de su universidad.

"Debe generar una política que integre y valore el aporte territorial regional y la efectiva contribución a la movilidad social de miles de familias, por la vocación pública que tenemos, sumado a la calidad con que realizamos nuestra labor, esto no debería afectar", aseguró.

Mientras que en la UA, el rector (s) comentó que esto será mediante dos vías.

"La gratuidad de los aranceles de los estudiantes asume el Estado entregando el aporte por matrícula a las universidades para financiar la docencia y mientras que las actividades de investigación y vinculación se financiarán a través de convenios plurianuales", explicó.

El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, (Cruch), lo conforman 25 instituciones, de ellas 16 pertenecen al Estado y 9 privadas tradicionales. Paralelamente los 16 centros estatales conforman el Consejo de Universidades del Estado (Cuech) que demanda un trato que permita desarrollar con mayor rapidez y equidad entre sus pares.

"Estos cambios deben avanzar hacia un acceso equitativo, sin la carga que tienen muchas familias".

"La gratuidad en los aranceles asume el Estado, entregando el aporte por matrícula a las universidades".