Durante las pasadas 'celebraciones' del denominado 'Día del Joven Combatiente' una nueva víctima de Carabineros perdió la vida cumpliendo su deber, convirtiéndose en otro de los tantos mártires de la institución.

El cabo segundo Alejandro Gálvez, de 30 años, sufrió un impacto de bala en el pecho, dentro del vehículo policial en que realizaba un operativo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

Exuniformados han insistido y reclamado por la impunidad en que terminan muchos de estos casos, además de la sensación de orfandad que enfrentan los oficiales al combatir la delincuencia y, en especial, actos de grupos más violentos.

Paralelamente, se han conocido detalles del texto Informe de Derechos Humanos para Estudiantes, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH-, el cual sostiene, en una de sus partes, que: "Las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos".

Tanto Carabineros como el INDH son organizaciones del Estado; sin embargo llama la atención el grave tono y la sorprendente generalización en una materia tan delicada como la citada.

El Instituto aludió a que cumple sus objetivos y su "obligación legal es la promoción y protección de los derechos humanos en Chile".

¿Es aquello lo que piensa el Estado de sus carabineros? ¿O defiende a la institución? ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes y a la sociedad?

El juicio del Instituto aparece, al menos, muy audaz e injusto.

Por otro lado, bien debiera reconocerse que los derechos humanos nos protegen a todos y no sólo son propiedad de un sector de la población.

Queda la impresión que el escrito del INDH es demasiado liviano y hasta parece desconocer lo que ocurre con algunas minorías de exaltados en determinadas marchas. Se trata de hechos públicos y conocidos. Soslayar aquello y más es de una ingenuidad sorprendente.

Una vez que se develó el Caso Penta, me llamó la atención -y así lo publiqué en su momento- el silencio con que la Nueva Mayoría y el mismo gobierno enfrentaban la caída de la UDI. En esa oportunidad, cuestioné la tardanza del gobierno en aprovechar la coyuntura a fin de conseguir los renuentes apoyos de la oposición de cara a las reformas pendientes. Fue en función de esta crítica que esbocé una razonable duda respecto a que el silencio de la Nueva Mayoría y del Gobierno demarcaban una eventual participación en ilícitos similares. Transcurridos más de tres meses, veo como esta duda dio lugar a una lamentable certeza. En Chile la corrupción política existe, está institucionalizada en el Parlamento y en los partidos políticos, e inunda los espacios por donde culebrea nuestra mal llamada "clase política".

Hoy, resulta lógico señalar que el silencio con que el Gobierno y la Nueva Mayoría enfrentaron el caso Penta fue producto del miedo colectivo que el sector sentía por ser descubierto en una práctica que, además de ilegal, no era coherente con el discurso histórico de la coalición gobernante relativo a demonizar justificadamente a todos aquellos que se enriquecieron con la dictadura. Así entonces, el caso SQM implica factores adicionales que afectan a la Nueva Mayoría, la incongruencia e inconsecuencia, respecto a los factores antiéticos e ilegales que afectan a la oposición en relación al caso Penta.

Lo anterior ha configurado la aparición de un discurso relativo a institucionalizar la solución a un problema que es transversal y que debe ser abordado desde la arista política. De esta forma, y a pesar del descalabro ético que existe en la política nacional, hay figuras -de ambos espectros políticos- que han ocupado la retórica para esconder la necesidad de instaurar un perdón general a cambio de un "nunca más".

Por todo esto, es que considero necesario establecer que la salida institucional que se requiere no debe ser asociada a la impunidad, sino que a acciones correctoras de nuestra denostada democracia. Así, se debe hacer actuar al deslegitimado Parlamento a fin de que presente las modificaciones que la ciudadanía exige y que castiguen de manera ejemplar la traición a la confianza ciudadana y el alejamiento de la promesa de velar por el bien común. Hoy, la impunidad no tiene cabida y el hecho de que los vicios sean transversales no justifica la instrumentalización de la justicia y de la ética.